It ruled that in the case in question the withholding of civic rights was proportionate, considering the seriousness of the person's crime and the fact that French law allows citizens to apply for reinstatement of their voting rights, and thus permitted.
Declaró que, en el caso en cuestión, la privación de derechos cívicos era proporcionada, teniendo en cuenta la gravedad del delito perpetrado por esa persona y el hecho de que la legislación francesa permitiese a los ciudadanos solicitar la restauración de sus derechos de sufragio activo, por lo que estaba permitida.