High error rates in the past were often linked to a lack of legal certainty and different interpretations of the same governing rules, such as in the area of public procurement.
En el pasado, los elevados índices de error obedecían a menudo a la falta de seguridad jurídica y a discrepancias en la interpretación de las mismas normas rectoras, como, por ejemplo, en relación con la contratación pública.