The judgment built on previous case law, in particular Eman and Sevinge, which established that it is for Member States to determine the franchise, but must respect EU law, including its general principles, in doing so.
La sentencia se basó en la jurisprudencia anterior, concretamente en el asunto Eman y Sevinge, en el que se declaró que corresponde a los Estados miembros determinar los titulares del derecho de voto, dentro del respeto del Derecho de la Unión, incluidos sus principios generales.