title: Conspiración golpista de 1936

text: Antonio Goicoechea aprovechó su estancia en Roma para entrevistarse de nuevo con Mussolini, que estaba inmerso en la invasión de Etiopía que había comenzado pocos días antes. El líder monárquico llevaba consigo un memorando sobre la situación política española que había acordado con la UME y que los italianos tradujeron para que pudiera leerlo el Duce. Según Ángel Viñas, el memorando era «una invitación a que Mussolini se entrometiera en los asuntos españoles cuanto antes». La reunión con Mussolini tuvo lugar el 11 de octubre pero no ha quedado constancia de si el Duce aceptó la petición de Goichoechea de proveer de más fondos a los monárquicos y de hacerles llegar las armas prometidas en el acuerdo de 1934 que aún no habían llegado a España, «garantía de una acción rápida, eficaz y definitiva» como se decía en el memorando. Según Angel Viñas, «de la entrevista se desprende con claridad que los monárquicos y la UME estaban dispuestos a reaccionar por las armas si las izquierdas volvían al poder tras las siguientes elecciones, que en aquel momento no era posible adivinar cuándo se celebrarían».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El mismo día 12 de octubre en que en Roma se reunían los monárquicos con motivo de la boda del infante don Juan, las Juventudes de Acción Popular (JAP), según Paul Preston, revelaban «con toda crudeza el objetivo de la táctica legalista» de Gil Robles:  El 9 de diciembre de 1935 (el día en que se cumplían cuatro años de la Constitución de 1931 por lo que ya no era necesaria la mayoría de dos tercios para modificarla, sino que bastaba con la mayoría absoluta) Gil Robles rompió la coalición que la CEDA mantenía con el Partido Republicano Radical forzando la dimisión del presidente del gobierno Joaquín Chapaprieta y exigió al presidente de la República que lo nombrara a él jefe del gobierno, a lo que Niceto Alcalá Zamora se negó. En la tensa conversación que mantuvieron los dos en el Palacio Nacional el día 11 Gil Robles le advirtió: «Con el fracaso de mi política, solo podrán intentarse las soluciones violentas. Triunfen en las urnas las derechas o las izquierdas, no quedará otra salida, por desgracia, que la guerra civil».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Cuando volvió al ministerio de la Guerra el general Fanjul, subsecretario del mismo, le hizo el siguiente ofrecimiento: «yo me echo esta misma noche con las tropas de la guarnición de Madrid. Me consta que Varela piensa como yo, y otros, seguramente nos secundarán». Pero Gil Robles, en lugar de arrestarlo y destituirlo por su propuesta golpista, le contestó, según escribió muchos años después cuando Gil Robles «quería presentarse como un demócrata cristiano», que «mis convicciones democráticas y mi repugnancia invencible a poner las fuerzas armadas al servicio de una fracción política» le impedía intentar «ningún pronunciamiento a mi favor». «Ahora bien, si el Ejército, agrupado en torno a sus mandos naturales opina que debe ocupar transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y evite un fraude gigantesco de signo revolucionario, yo no constituiré el menor obstáculo». En otra versión que dio el mismo Gil Robles este afirmó que le había respondido al general Fanjul: «yo facilitaré el proceso [de la eventual intervención del Ejército] decretando el estado de guerra y tramitaré desde aquí las órdenes. Tienen ustedes el tiempo necesario para deliberar». De hecho inmediatamente se convocó una reunión de militares en la que estuvieron presentes los generales Fanjul, Goded, Varela, Franco, y Rodríguez del Barrio, durante la cual el teniente coronel Valentín Galarza les transmitió un mensaje del líder monárquico alfonsino José Calvo Sotelo en el que los incitaba a dar un golpe de estado que incluiría el secuestro del presidente de la República, y si no lo hacían «la historia habría de exigirles, un día, responsabilidades implacables» ―«fue la última vez que los alfonsinos intentaron asumir el protagonismo de un golpe militar contra la República. En adelante, la iniciativa sería sobre todo castrense», afirma Eduardo González Calleja―. Debatieron si se debía sostener por la fuerza a Gil Robles pero al final prevaleció la opinión del general Franco de no llevarlo a cabo dadas sus pocas opciones de éxito debido a la lealtad al presidente de la República de muchos mandos, entre los que se encontraban los generales Nicolás Molero y Gonzalo Queipo de Llano. En contra de lo que afirman la mayoría de los historiadores (como Eduardo González Calleja, Julio Aróstegui, Paul Preston, Ángel Viñas, Pilar Mera Costas, Gabriele Ranzato, José García Rodríguez, etc.), Stanley G. Payne afirma que «el líder cedista no propuso un golpe de Estado, sino una especie de "pronunciamiento legalitario"».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Según contó años después Manuel Portela Valladares, el presidente del gobierno que finalmente nombró Alcalá Zamora, a Franco, Goded y Fanjul no les faltó «voluntad y deseo» para dar ese golpe ―Portela destituyó a Fanjul y a Goded, aunque mantuvo a Franco al frente del Estado Mayor y a Mola como jefe del Ejército en Marruecos―. Finalmente, el 12 de diciembre Gil Robles abandonó con «amargura infinita» el Ministerio de la Guerra, lo que Calvo Sotelo calificó de «traición a los generales» ―de hecho Calvo Sotelo aún hizo un último intento a finales de diciembre durante una comida con el general Franco en casa de la marquesa de Argüelles―. En 1937, cuando ya era el "Generalísimo" del bando sublevado, Franco negó en carta a Gil Robles que él le hubiese propuesto un plan para un golpe de Estado.


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text: El general Franco, muy emocionado, despidió a Gil Robles con estas palabras: A finales de diciembre de 1935 el general Mola todavía mantenía en un documento secreto dirigido a la UME la necesidad de llevar a cabo un golpe de estado antes de las elecciones pues «sería un error funesto plantear la batalla a la revolución en el terreno del sufragio y de la actuación legalista». «Hay que evitar las elecciones… un ataque contrarrevolucionario a fondo es lo que se impone… [cuyo objetivo sería] la destrucción del régimen político imperante en España. […] En el porvenir, nunca debe volverse a fundamentar el estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos… ni sobre el parlamentario infecundo». El 30 de enero fue convocado por el presidente del gobierno Manuel Portela Valladares con la esperanza de poder atraerlo al campo de republicanismo «centrista» que él y el presidente de la República Alcalá-Zamora representaban ofreciéndole el puesto de Alto Comisario en Marruecos u otro cargo importante en Madrid, pero Mola no quiso comprometerse. «Comprendí que en España ya no había nada que hacer por las buenas», escribió en su diario al reseñar el encuentro con Portela.


title: Conspiración golpista de 1936

text: La campaña de las elecciones de febrero de 1936 evidenció la creciente polarización política de la sociedad española. El derechista Bloque Nacional propuso la creación de un frente contrarrevolucionario que acabara con la República y durante la campaña electoral, según Eduardo González Calleja, «los alfonsinos propagaron un mensaje de virtual guerra civil». Antonio Goicoechea ―que en las elecciones perdería su escaño por Cuenca― pidió la destrucción de «los partidos antinacionales con la máscara de partidos obreros» y declaró que «el golpe de Estado puede ser algo grande, si es grande el propósito que lo inspira». Calvo Sotelo fue aún más lejos el 12 de enero de 1936 al hacer un llamamiento al levantamiento del Ejército como «la nación en armas» durante la celebración de un homenaje a las minoría parlamentarias monárquicas ―acto en el que también intervino Manuel Fal Conde, líder de la Comunión Tradicionalista, que volvió a invocar al Ejército al que ofreció «marchar tras él» «con el servicio de nuestros brazos y de nuestros pechos, con heroísmo»―. Calvo Sotelo en su discurso (que fue reproducido en el diario "ABC" del día siguiente) dijo:


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text: La derecha «accidentalista» de la CEDA también planteó la campaña electoral en términos apocalípticos y maniqueos de lucha entre el bien y el mal, entre la supervivencia y la destrucción. Su líder José María Gil Robles «abandonó su aparente moderación y recorrió toda España alertando sobre el riesgo de unas izquierdas revolucionarias, separatistas y masónicas que eran la "Anti-España" y exigió una respuesta vigorosa ("Dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande"), acaso violenta ("Quien nos busque, nos encontrará") y sacralizada ("Para defender los derechos de Cristo y su Iglesia»). «¡Ni lucha de clases ni separatismo! Esas ideas no pueden tener cabida en el concurso de las ideas lícitas... Al que quiera discutirlo hay que aplastarle», decía la propaganda electoral de la CEDA. Uno de sus eslóganes decía: «Las izquierdas burguesas del brazo de los comunistas… Elector: Todos son una misma cosa: ¡¡Revolucionarios!! ¡¡Contra la revolución y sus cómplices!!». Aún más radical se mostró la rama juvenil JAP con su grito de combate filofascista de «¡Jefe, Jefe, Jefe!» dedicado a Gil Robles. El diario católico "El Debate", órgano oficioso de la CEDA, presentó las elecciones como un conflicto entre la España y la anti-España, entre la civilización y la barbarie. «Entre la ruina o la salvación de España no cabe término medio ninguno. España está amenazada en su propio ser por las hordas marxistas, deseosas de poder cumplir la promesa del octubre rojo de 1934», decía "El Debate". Sobre la amnistía, primer punto del programa electoral del Frente Popular, este mismo diario advertía que su aprobación supondría «poner en la calle a los asesinos, ladrones e incendiarios afectos al socialismo, sindicalismo y comunismo». La prensa católica de fuera de Madrid aún fue más beligerante.


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text: El lenguaje agresivo e intransigente que buscaba excluir al contrario y sembrar el odio y el miedo hacia él utilizado por las derechas también fue empleado por una parte importante de las izquierdas, especialmente por el sector del socialismo encabezado por Francisco Largo Caballero que no estaba dispuesto a reconocer la victoria de las derechas en las elecciones si esta se producía. Como ha destacado Enrique Moradiellos, Largo Caballero «no ocultó su compromiso con el "legado de Octubre" ni su mínimo apego a la "democracia burguesa"». En uno de los mítines dijo: Los generales antirrepublicanos Goded, Villegas, Orgaz, Ponte, Varela y Rodríguez del Barrio se reunieron en enero de 1936 en casa del general Barrera (que había sido uno de los protagonistas de la frustrada «Sanjurjada» de agosto de 1932). En el encuentro también estuvieron presentes la Junta Nacional de la UME y varios delegados de Divisiones Orgánicas. Todos ellos acordaron encargar al general Goded la preparación de un golpe preventivo si ganaba el Frente Popular (el general Fanjul, al que el gobierno lo había destinado a Canarias, se comprometió a estar en Madrid el día de las elecciones para sublevar a la guarnición de la capital). Por su parte el general Franco, jefe del Estado Mayor, ordenó al general Mola que dispusiera las tropas del Protectorado de Marruecos para su «salto» a la península si se producían alteraciones del orden. Y la UME difundió la falsedad de que el Frente Popular se proponía disolver el Ejército y los cuerpos de seguridad a lo que la UME respondía: «antes que consentir el triunfo del comunismo, el Ejército español aplastará para siempre la revolución». En la especie de manifiesto que hizo público la UME ―dirigido a los militares y escrito en un «tono desabrido, virulento, amenazador», según Ángel Viñas― calificó al Frente Popular de "Frente Unido de la III Internacional" y a sus integrantes «gavilla de asesinos y de atracadores», «escoria del crimen, que ya ha costado a España millones de sus hijos» y que vuelven «a dar aire a sus banderas marxistas, anarquistas y masónicas, que gotean aún sangre española». «Ningún militar español puede estrechar las manos teñidas de sangre con la de nuestros trescientos hermanos muertos en Octubre», se decía también en el manifiesto. Este acababa así (las mayúsculas son del original):


title: Conspiración golpista de 1936

text: Cuando en la noche del domingo 16 de febrero se fue conociendo la victoria del Frente Popular en las elecciones —«unos comicios que fueron, a pesar de algunas irregularidades registradas en varias provincias, los más limpios y democráticos de cuantos habían tenido lugar en España. De casi 10 millones de votantes un 47,2 por ciento se decantó por el Frente Popular y sus aliados, mientras que un 45,7 lo hizo por la derecha y los suyos», según Stanley G. Payne—, lo que suponía el fracaso de la vía posibilista de la CEDA de Gil Robles, se puso en marcha el plan urdido por los generales el mes anterior. A la 1.00 de la madrugada del 17 de febrero el general Franco, jefe del Estado Mayor, trató de convencer al general Pozas, inspector general de la Guardia Civil, para que se sumara a la declaración del estado de guerra pero este se negó. Franco le dijo que el objetivo era «que la masa no se rebase». Media hora después el general Franco lo intentaba con el ministro de la Guerra, el general Nicolás Molero, con el mismo resultado, remitiéndole este al presidente del gobierno Manuel Portela Valladares (según Payne, el general Molero le prometió a Franco que presentaría la propuesta de declarar el estado de guerra en la reunión del Consejo de Ministros que iba a reunirse por la mañana. «Después, Franco volvió a casa para acostarse»). A las 4 de la madrugada Gil Robles se entrevistaba con Portela en su suite del Hotel Palace con la misma exigencia (según Payne, Gil Robles le telefoneó al hotel al no encontrarlo en la sede del ministerio de la Gobernación), reuniéndose a continuación con la plana mayor de la CEDA en el Ministerio. (Al parecer Portela Valladares llamó inmediatamente al presidente de la República y le trasladó la petición de Gil Robles para que firmara el decreto del estado de guerra, pero este solo autorizó la declaración del estado de alarma). Gil Robles también envió a un ayudante a que se pusiera en contacto con el general Franco (a quien despertó a las siete de la mañana) y este lo envió a su vez a que hablara con el teniente coronel Valentín Galarza para que alertase a los oficiales clave de la UME (según Payne, Franco se levantó en seguida y se marchó a su despacho para desde allí solicitar una reunión inmediata con Portela Valladares). A primera hora de la mañana del lunes 17 el general Goded intentó sublevar el Cuartel de la Montaña pero fracasó y a continuación se dirigió al Ministerio de la Guerra donde, junto con los generales Fanjul y Rodríguez del Barrio, convenció al general Franco para que sondeara a las guarniciones sobre si apoyarían un golpe de fuerza. Los generales con los que contactó el general Franco se mostraron reticentes pues consideraron impracticable el movimiento al no contar con el apoyo de la Guardia de Asalto y la Guardia Civil. De hecho el general Pozas había ordenado que destacamentos de la Guardia Civil rodearan los cuarteles sospechosos. «Se malogró así el momento más adecuado para llevar adelante el golpe», afirma Eduardo González Calleja.


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text: «En la madrugada del 17 de febrero no había otra novedad que el desenlace de las elecciones, ningún disturbio de importancia. La declaración del estado de guerra no perseguía otra cosa que el golpe contra el ejercicio de la democracia», pero «la firmeza de Portela y de Pozas, rechazando la presión, impidió que aquel mismo día triunfara». En sus memorias escritas décadas después Gil Robles intentó justificar su actuación afirmando que lo que pretendió fue que Portela Valladares declarara «inmediatamente» el estado de guerra porque, según él, «dominaba ya la anarquía en algunas provincias; los Gobernadores Civiles desertaban de sus puestos; las turbas amotinadas se apoderaban de las Actas» y «de no dictarse medidas urgentes medidas, con mano férrea, sería inmenso el peligro de que se cubriera de tragedia el porvenir de España». Según Stanley G. Payne, en una obra publicada en 1996, la reacción de la CEDA estaba siendo muy parecida a la de las izquierdas tras conocerse el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933: que no accedieran al poder los ganadores (entonces los republicanos de izquierda y los socialistas intentaron que el presidente de la República anulara el resultado de las elecciones y convocara unas nuevas, a las que se proponían presentarse unidos; Alcalá Zamora, fiel al cumplimiento de sus deberes constitucionales, se negó). Veinte años después, en 2016, Payne había asumido la versión de Gil Robles y afirmó todo lo contrario de lo que había escrito en 1996: que lo que pretendía Gil Robles con su exigencia de que se declarara el estado de guerra no era anular las elecciones sino que se restableciera el orden gravemente alterado por las «turbas izquierdistas». Gabriele Ranzato, como el resto de historiadores (a excepción del Payne de 2016), afirma que los promotores del golpe, con Gil Robles al frente, pretendían «negar validez a los resultados electorales o, en cualquier caso, evitar que se instalara un gobierno de izquierdas».


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text: En algunas ciudades comenzaron a producirse desórdenes durante las celebraciones de «júbilo agresivo» con motivo del triunfo del “Frente Popular”, especialmente en torno a las cárceles rodeadas por la multitud, donde los presos “políticos y sociales” se amotinaban para exigir su puesta en libertad inmediata, sin esperar a la aprobación de la amnistía que podría tardar más de un —la amnistía era el primer punto del programa con el que había ganado las elecciones la coalición del Frente Popular—. En algunas cárceles se estaban produciendo incendios provocados por los presos, a menudo por los presos comunes que querían el mismo trato que los presos políticos (una de la cárceles incendiadas fue el penal de San Miguel de los Reyes en Valencia). En Oviedo la multitud iba encabezada por la comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" y había conseguido la liberación tanto de los presos políticos como de los comunes. También había habido manifestaciones e incidentes pidiendo no solo la amnistía sino la readmisión de todos los trabajadores despedidos con motivo de la Revolución de octubre de 1934. Incluso en algunas ciudades la UGT y la CNT habían declarado la huelga general en apoyo de esas reivindicaciones, que fue respondida, como en Zaragoza, por la declaración del estado de guerra por parte del general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, y la manifestación obrera que finalmente tuvo lugar fue disuelta por la guardia de asalto con el resultado de un muerto y de varios heridos. Asimismo en muchas localidades las comisiones gestoras de derechas nombradas por el gobierno radical-cedista tras la Revolución de Octubre de 1934 estaban siendo expulsadas de los ayuntamientos para reponer en sus puestos a los concejales y alcaldes de izquierdas destituidos. También habían comenzado el incendio de iglesias y los asaltos a las sedes de los partidos de derechas y de los periódicos de este mismo signo político. En Madrid pudo ser contenido el intento de asalto de la cárcel modelo pero la multitud había comenzado a rodear la Presidencia del Gobierno en la Puerta del Sol.


title: Conspiración golpista de 1936

text: A las diez de la mañana del lunes 17 de febrero se reunió el Consejo de Ministros tras haber rechazado el presidente de la República Alcalá Zamora la declaración del estado de guerra, lo que hubiera supuesto ceder el poder a los militares. El Consejo de Ministros decidió declarar el estado de alarma durante ocho días manteniendo solo en alerta a las fuerzas de seguridad y no al Ejército, mientras que el presidente de la República refrendó un decreto de proclamación del estado de guerra que el presidente del gobierno Portela Valladares solo lo usaría si lo consideraba inevitable y seguro. Uno de los problemas a los que se enfrentaba el gobierno era que la mayoría de los gobernadores civiles, que eran los responsables del orden público, no solo no estaban interviniendo —«reacios a usar la fuerza para garantizar el orden público sin una sólida cobertura del poder central»— sino que muchos de ellos abandonaban sus cargos, sobre todo en cuanto en la tarde de ese mismo lunes 17 de febrero conocieron la intención del presidente del gobierno Portela Valladares de dimitir, creando así un vacío de poder que alentó aún más los actos violentos (en una intervención en las Cortes Azaña recordó que «cuando nosotros llamamos de Gobernación [a las provincias], no había casi ninguno, ni gobernadores, ni funcionarios subalternos en los gobiernos, ni nadie que pudiese responder ante el nuevo gobierno de la autoridad provincial y local»). El resultado fue que en tres días, del 17 al 19 de febrero, murieron 21 personas por incidentes políticos o político-sociales. «Sin embargo, no hay pruebas de que esta agitación [de los partidarios del Frente Popular] interfiriera de forma significativa en el recuento y registro de los votos», afirmó en 1996 Stanley G. Payne. Veinte años después Payne afirmó que la movilización violenta de las «turbas izquierdistas» durante la tarde-noche del domingo 16 de febrero y los tres días siguientes provocaron la alteración de los resultados electorales, en detrimento de las derechas, en al menos seis provincias.


title: Conspiración golpista de 1936

text: A las 14.40 de ese lunes Portela Valladares desautorizó las órdenes dadas por el general Franco para que se declarase el estado de guerra en determinados lugares como Zaragoza, Valencia, Alicante y Oviedo (según Payne, el general Franco había declarado esos estados de guerra siguiendo las instrucciones dadas por teléfono por el propio Portela Valladares nada más acabar la reunión del Consejo de Ministros, que, según Payne, sí había aprobado el estado de guerra, pero que más tarde había sido desautorizado por el presidente de la República). A las 17.00 horas los generales comprometidos en la intentona (Rodríguez del Barrio, Goded, Fanjul, Saliquet, González Carrasco, Villegas, Orgaz, Varela y Ponte), además del teniente coronel Valentín Galarza, se reunieron para discutir si desencadenaban una insurrección, dada la negativa del gobierno y del presidente de la República a declarar el estado de guerra. Consultaron con el general Franco quien les dijo que «el Ejército no tiene aún la unidad moral necesaria para acometer la empresa» pero que haría un último intento con el presidente del gobierno Portela Valladares. Esa misma tarde, sobre las 19.00 horas, se reunió con él pero no logró convencerle de que no dimitiera, a pesar de que le ofreció el apoyo del Ejército para contener a las «hordas marxistas» ―Franco recurrió al chantaje moral pues le dijo que «si deja[ba] pasar al comunismo» contraería una grave responsabilidad ante la historia―.


title: Conspiración golpista de 1936

text: A las 20.30 horas Portela Valladares, determinado a dimitir ―convencido, según Pilar Mera Costas, de que «para garantizar un traspaso de poderes democrático, este debía ser inmediato», y de que «sólo un gobierno de izquierdas podía controlar la situación», según Stanley G. Payne; «hundido, deshecho («produce la impresión de un fantasma, no de un jefe de gobierno» en palabras de Azaña)», según Antony Beevor y agotado todo su coraje tras haber resistido la presión de Gil Robles y del general Franco, según José Luis Martín Ramos―, comenzó a negociar la transmisión de poderes al Frente Popular con Diego Martínez Barrio ―«No debo seguir aquí ni un momento más. Ni un momento más. Háganse ustedes cargo rápidamente del poder, porque yo no puedo responder de nada», le dijo Portela a Martínez Barrio― a pesar de que este le insistió en que se mantuviera, como correspondía, como gobierno en funciones hasta la reunión de las nuevas Cortes. Poco después de iniciada la reunión entre Portela Valladares y Martínez Barrio, se presentaron los generales Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil, y Miguel Núñez de Prado, director general de Seguridad, para advertirle al presidente del gobierno de las actividades conspirativas de los generales Franco y Goded. Pozas le aseguró que la Guardia Civil se «opondría a cualquier militarada». Poco antes de medianoche hubo un nuevo intento por parte de Calvo Sotelo, acompañado de Joaquín Bau, para convencer a Portela para que dejara el poder «en manos fuertes» y permitiera gobernar a los militares. Al parecer, José Antonio Primo de Rivera llegó a pedirle a Portela «fusiles para la Falange». A las 8,30 del miércoles 19 ―del martes 18, según Julio Aróstegui― Gil Robles se reunió con Portela Valladares a las afueras de Madrid y obtuvo la misma negativa que el presidente del gobierno le había dado a Calvo Sotelo. Dos horas después tenía lugar la última reunión del Consejo de Ministros y a las 14.00 horas se anunciaba la dimisión del gobierno ―Portela no hizo caso a la petición del presidente de la República de que se replanteara su decisión, ni tampoco al último intento del general Franco para que declarara el estado de guerra, asegurándole que contaría con el respaldo del Ejército (y que se podría llamar a las unidades de élite del Protectorado español de Marruecos)―. A las 18,30 el líder del Frente Popular Manuel Azaña, enojado porque no se había esperado a la constitución de las nuevas Cortes como establecía la ley, era nombrado por Alcalá Zamora presidente del gobierno, efectuándose la transmisión de poderes a las 21.00 horas ―Azaña escribió en su diario: «Siempre he temido que volviésemos al Gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores»―. Portela no informó a Azaña de la actuación conspirativa del general Franco por lo que este «no fue castigado por transgredir su autoridad y estuvo en posición de desempeñar un papel crucial en la rebelión militar de julio de 1936», afirma Paul Preston. En la madrugada del día siguiente hubo un último y frustrado intento de rebelión militar en el aeródromo de Cuatro Vientos. «Se iniciaba de manera prematura la etapa del Frente Popular, lo que contribuyó a alimentar mitos de manipulación electoral y dañar la legitimidad de su origen». Al día siguiente, 20 de febrero, Manuel Azaña se dirigió por radio al país para calmar los ánimos apelando a la necesidad de mantener el orden público, la concordia, la justicia y la paz. Su intervención fue tan conciliadora que al día siguiente la prensa de derechas reconoció que el discurso había producido «una excelente impresión». El diario monárquico ABC en su editorial le ofreció su «apoyo incondicional» y el de «el de todos los españoles, republicanos o monárquicos, sin distinción de ideologías», aunque terminaba diciendo: «vamos a ver si es verdad» el buen propósito expresado por el nuevo gobierno.


title: Conspiración golpista de 1936

text: La «dimisión-huida» de Portela Valladares, como la llamó Alcalá Zamora, recibió una condena unánime. Manuel Azaña escribió en su diario: «Huye. Teme lo que puedan hacer las masas victoriosas; entre otras cosas, teme que puedan tomar por asalto las casas de los Ayuntamientos, cuyos concejales están suspendidos. Ya se le dijo hace un mes, cuando empezaba a montar su artilugio electoral, que tan ruidosamente se ha venido al suelo, que no pensase solo en el día 16, sino en el siguiente, y en lo que podía ocurrir en los pueblos donde los partidos populares ganasen la elección. No hizo caso. Al tropezar hoy con esta realidad lo único que se le ocurre es darse a la fuga». El historiador italiano Gabriele Ranzato sostiene que Portela Valladares, presa de un «evidente estado de miedo y postración», tomó «aquella precipitada decisión por su incapacidad de sostener la situación en que se había visto envuelto, entre disturbios, desórdenes callejeros y la amenaza de una intervención militar», «pero al margen de su falta de cualidades personales para hacer frente con firmeza de espíritu a la situación en que se encontraba, es un hecho que ni él ni ningún otro habría podido defender aquella posición durante el tiempo que debía haber transcurrido antes de que el nuevo gobierno entrase en funciones». Ranzato considera que Portela tenía razón cuando escribió más tarde que si hubiera decidido tomar medidas drásticas no habría sido secundado por las autoridades encargadas del orden público porque estas sabían «que iban a pasar en breve bajo la obediencia de los mismos a quienes tenían que combatir, exponiéndose a represalias» y que sólo podía hacer frente a la situación, no un gobierno como el suyo «que las elecciones habían declarado sin arraigo», sino un gobierno «prestigiado al máximo por su éxito electoral y por disponer de las grandes cooperaciones morales y políticas que le prestaban los partidos que integraban el Frente Popular».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El frustrado intento de golpe de estado de febrero de 1936, según Eduardo González Calleja, «fue el último intento de rectificación autoritaria del marco legal mediante una ocupación de las instituciones por la fuerza, apoyado entre otros por Gil Robles o Cambó. Tras el fracaso de esta estrategia, la siguiente opción ya no sería un golpe para desvirtuar el Estado republicano, sino un asalto en toda regla para subvertirlo y, en último término, para destruirlo». Ángel Viñas lo caracteriza como un intento de «golpe de Estado blando», «es decir, debidamente autorizado por el todavía presidente del gobierno ya saliente, Manuel Portela Valladares, y el de la República» y además considera que «de haber triunfado, probablemente no hubiese habido guerra civil». Stanley G. Payne lo llama intento de «golpe constitucional».


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text: Sobre el papel del general Franco en la intentona golpista (tratar de obtener «la autorización de Portela Valladares y de Alcalá Zamora para declarar el estado de guerra y evitar el traspaso de poderes») Ángel Viñas destaca la diferente actitud que mostró en octubre/noviembre de 1934 y en diciembre de 1935 cuando «había aconsejado prudencia porque las condiciones no estaban maduras». «Que se atreviera a impedir el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 implicaba tendencialmente que se sentía dispuesto a dar un giro copernicano. Pero lo pararon. A él y a Gil Robles». Un punto de vista que comparte Stanley G. Payne en gran medida: «el general Franco, el circunspecto jefe del Estado Mayor, estaba lo suficientemente alarmado como para instar a la jefatura del Gobierno a dar un golpe constitucional, aunque ello supusiera una contradicción de términos, e incluso consideró por primera vez la posibilidad de que las fuerzas armadas entraran en acción. Sin embargo, Franco entendió enseguida que esto último no era posible, dado que la cúpula del ejército estaba demasiado dividida políticamente, y no cabe duda de que tenía razón». Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo Gobierno del Frente Popular presidido por Manuel Azaña y con el general Carlos Masquelet como ministro de la Guerra, fue alejar de los centros de poder a los generales más dudosos de su lealtad al gobierno o a la República: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles. El capitán Bartolomé Barba Hernández, uno de los jefes de la UME, fue destinado a Valencia. La misma política se aplicó a los mandos de la Guardia Civil (en los cinco meses siguientes el Gobierno cambió a 206 capitanes de los 318 con mando directo sobre los agentes, a 99 de los 124 comandantes, a 68 de los 74 tenientes coroneles y a los 26 coroneles).


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text: Sin embargo la política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al nuevo Gobierno, al considerar su destino en Canarias como un «destierro». Antony Beevor ha destacado que en la «era de la aviación» fue una decisión «poco afortunada» enviar a Franco a Canarias, cerca del Marruecos español, y a Goded a Baleares, cerca de Barcelona, y mucho más la de enviar a Mola a Pamplona, «el feudo de los requetés», «donde se encontró a sus anchas para dirigir el golpe de estado contando con 8000 requetés armados hasta los dientes que habrían de constituir las columnas navarras de la guerra civil». Stanley G. Payne también ha señalado el error cometido por el Gobierno al destinar al general Mola a Pamplona, «un lugar tranquilo y aparentemente inofensivo, pero en el ambiente ultraconservador del carlismo navarro encontró un apoyo y una cobertura que no habría hallado en ningún otro lugar». El historiador militar José García Rodríguez califica de «inepta» la decisión de destinar a Mola «al centro del carlismo» y a Franco «a una isla lejana pero muy cercana a Marruecos y al Ejército allí estacionado». Gabriele Ranzato coincide con todos estos historiadores y considera que «la elección de sus nuevos destinos no había sido muy prudente». Desde Canarias el general Franco podía «alcanzar fácilmente la colonia marroquí, donde estaban concentrados los cuerpos mejor adiestrados del ejército»; y «menos sensata había sido la decisión de enviar al general Mola a Pamplona, "capital" del carlismo, donde habría encontrado vasta solidaridad y cobertura para desarrollar una actividad conspiratoria».


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text: Luis Romero, por el contrario, ha afirmado que «las remociones» «eran justas y razonables» (la «reorganización de los mandos militares... tendía a corregir, o alterar, la labor de Gil Robles cuando ocupó la cartera [de Guerra], que correspondía a criterios derechistas»). «Quienes con posterioridad a la guerra han escrito sobre estos cambios de destino, lo han hecho con las cartas boca arriba: ni Canarias ni Baleares eran puntos como para dirigir una conspiración; antes al contrario, resultarían los más contraindicados (Franco partiría para Marruecos y Goded se trasladaría a Barcelona...). Y en cuanto al general Emilio Mola, considerado como liberal y nada monarquizante, era impensable que en Navarra pudiera conchabarse con la fuerza más antirrepublicana: los carlistas. Los mismos hechos iban a demostrar lo difícil que resultaría entenderse con ellos. En cuanto a destituirlos, encarcelarlos y otra inepcias que se han repetido, sólo pueden escribirse por quienes se olvidan que se vivía en un estado de derecho y no había ninguna prueba contra ellos».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El triunfo de la izquierda en las elecciones supuso el fracaso de la táctica «accidentalista» defendida por la CEDA y su líder Gil Robles por lo que a los «contrarrevolucionarios» solo les «quedaba el camino de la violencia y de la conspiración», afirma Pilar Mera Costas. A partir de entonces, como ha subrayado Paul Preston, «la derecha se preocuparía más de destruir la República que de apoderarse de ella». Esa operación la llevaría a cabo el Ejército, al que apelaron los líderes derechistas antirrepublicanos. Como ha señalado Eduardo González Calleja, «sería el Ejército, o al menos parte de él, el que aglutinaría las diferentes vías conspirativas y proyectos insurreccionales civiles, que hubieron de plegarse a un plan subversivo y de reorganización del Estado formulado bajo parámetros casi exclusivamente castrenses que en un primer momento no iban mucho más allá de la proclamación de una dictadura militar en un régimen temporal de excepción». Una parte de los militares se convencieron de que había una amenaza revolucionaria real que se proponía destruir el orden social, la unidad de la patria y a ellos mismos. La conspiración militar para desencadenar un «golpe de fuerza» (como lo llamaban los conjurados) se puso en marcha nada más tomar posesión el Gobierno de Azaña el 19 de febrero de 1936, apoyándose inicialmente en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de la insurrección militar de agosto de 1932 encabezada por el general Sanjurjo.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El domingo 8 de marzo de 1936 por la tarde, horas antes de que el general Franco se marchara a su destino en Canarias y de que el general Mola partiera también para su nuevo puesto en Pamplona (el 4 de marzo había abandonado Marruecos, donde le habían despedido el coronel Juan Beigbeder y los tenientes coroneles Juan Yagüe y Eduardo Sáenz de Buruaga, quienes serían los cabecillas del golpe en el Protectorado), tuvo lugar en la casa de Madrid del oficial en la reserva y agente de cambio y bolsa, militante destacado de la CEDA y amigo de Gil Robles, José Delgado y Hernández de Tejada, una reunión de varios generales (Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME que centralizaría los servicios de información —el general Goded no asistió porque ya había partido para su nuevo destino en las Baleares—), en la que se plantearon organizar un «alzamiento militar» que derribara al Gobierno del Frente Popular recién constituido, y con él el sistema parlamentario, y «restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España».


title: Conspiración golpista de 1936

text: La reunión duró cinco horas y en ella se discutieron los planes de la posible sublevación de los que se había hablado en enero: uno «centrípeto» defendido por el general Mola, que consistía en una rebelión coordinada en provincias que convergería sobre Madrid, y otro «centrífugo» preconizado por el general Goded y por Varela y Galarza, que consistía en tomar los centros neurálgicos de la capital. Al final, a propuesta del general Franco, se optó por un plan de compromiso que iniciaría el general Rodríguez del Barrio tomando el Ministerio de la Guerra. Sin embargo, se acordó que la sublevación solo se llevaría a cabo si el Gobierno decidía alguna medida de ataque frontal, como disolver la Guardia Civil o el Ejército, o se producía la «revolución comunista», que muchos creían que se estaba preparando. Según Luis Romero, el detonante sería la entrega del gobierno a Francisco Largo Caballero o a los comunistas. También se acordó formar una junta estable constituida por los generales residentes en Madrid ―de la parte civil se encargaría el general Orgaz y de la militar el general Varela; cuando fueron confinados en Canarias y en Cádiz por orden del gobierno fueron sustituidos por los generales Fanjul y Villegas―. El jefe nominal de la sublevación sería el exiliado general Sanjurjo, quien por esas fechas había viajado en compañía del coronel Juan Beigbeder a Berlín donde se había entrevistado con el almirante Canaris y los diplomáticos Von Faupel y Eberhard Von Stohrer para adquirir armas de guerra en la Alemania nazi, pero no consta que consiguiese su objetivo. Al estar Sanjurjo exiliado eligieron al general Rodríguez del Barrio como delegado de su autoridad.


title: Conspiración golpista de 1936

text: No se llegó a acordar el carácter político del «movimiento militar» —este se haría «exclusivamente por España, sin ninguna etiqueta determinada» y después de su triunfo sería cuando se tratarían «problemas como el de la estructura del régimen, símbolos, etcétera», según rezaba el acta que se levantó de la reunión—, pero para su organización recurrirían a la estructura clandestina de la UME, aunque su eficacia como «instrumento conspiratorio» el historiador norteamericano Stanley G. Payne la ha puesto en duda a pesar de que afirmaba contar con 3436 afiliados, la cuarta parte de los oficiales en activo (muy por encima de su rival la UMRA, cuyos miembros eran unos pocos cientos). Sin embargo, otros historiadores como José García Rodríguez, consideran «decisivo» el papel de la UME en la rebelión pues permitió que «la conspiración penetrase en el tejido más operativo del Ejército» (de teniente coronel para abajo). Lo mismo afirma Gabriele Ranzato que define la UME como «una asociación semisecreta constituida en 1933 por oficiales de extrema derecha, sobre todo monárquicos, pero también falangistas, cuya finalidad era abatir la República democrática».


title: Conspiración golpista de 1936

text: En cuanto a la valoración de la importancia de la reunión de los generales del 8 de marzo existen discrepancias entres los historiadores. Según Julio Aróstegui, «la citada reunión, en casa de un militante de la CEDA, José Delgado y Hernández de Tejada, tuvo gran importancia por diversos motivos: el número y calidad de los asistentes, la concreción real de unos elementos directivos de la conspiración y la fijación de unos primeros criterios comunes sobre las condiciones, características y objetivos de una sublevación posible». En el extremo opuesto se sitúa Stanley G. Payne quien en una obra publicada en 2016 le restó importancia a la reunión porque, según él, la mayoría de los asistentes eran generales jubilados (a pesar de que en otra obra publicada veinte años antes había escrito que se habían reunido «militares derechistas» sin especificar nada más). De hecho Payne para referirse a la junta que se formó tras la reunión no utilizó en 2016 el término «junta de generales», como había hecho en 1996, sino el de «junta de jubilados». Una posición intermedia es la que defiende Gabriele Ranzato, que sostiene que hubo «una comprobación de la común voluntad de liquidar, mediante un pronunciamiento, el Frente Popular, y con este el sistema parlamentario, mientras que hubo un total desacuerdo sobre los tiempos de actuación, puesto que los más prudentes —Franco y Mola entre estos— estimaban necesario un periodo de preparación, y otros defendían, en cambio, una acción inmediata que debería realizarse a mediados de abril». Luis Romero coincide con Ranzato al señalar la existencia de dos tendencias entre los generales reunidos: los más declaradamente monárquicos que proyectaban un movimiento para el 20 de abril y los que defendían, con Franco y Mola a la cabeza, que en aquellos momentos no se daban las condiciones para una sublevación, salvo que se entregara el Gobierno a Largo Caballero o a los comunistas. Pero Romero llega a afirmar que «ni Franco, ni Mola ni otros muchos generales, jefes y oficiales, pensaron entonces en levantarse contra Azaña ni contra Prieto o Besteiro, porque sabían que de formar gobierno estos últimos, lo harían de acuerdo con las leyes establecidas... y que, pasado un periodo, las derechas y el centro podrían nuevamente ganar unas elecciones y, por tanto, volver a gobernar». Además de en esto último, Luis Romero no coincide con Ranzato en el contenido de los acuerdos que se alcanzaron, que aquel califica de «vagos acuerdos de principio» y que, según él, «consistían en mantener contacto entre ellos, que el coronel Valentín Galarza coordinara desde Madrid la eventual comunicación entre unos y otros y mantuviera un servicio de información centralizado sobre lo que pudiera suceder. [...] A Mola se le encomendó que fuera tanteando las guarniciones, primero de Navarra y luego del resto de la VI División Orgánica, para conocer la disposición de jefes y oficiales por si, al plantearse una situación revolucionaria, llegaba el momento de intervenir. También se aceptaba la jefatura suprema de Sanjurjo —eterno conspirador a distancia— si esa ocasión se presentaba». Por otro lado, Francisco Alía Miranda ha destacado que cuando se celebró la reunión «tan solo habían pasado veinte días desde la celebración de las elecciones, por lo que no puede ser considerado determinante para los conspiradores el contexto social de la primavera de 1936, tan esgrimido más tarde por los sublevados o por la dictadura franquista» para justificar el golpe de julio.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El 11 de marzo fue detenido el general Eduardo López Ochoa, por los presuntos excesos cometidos cuando estaba al mando de la represión de la Revolución de Asturias, lo que causó una gran conmoción entre los militares, a pesar de que, según Luis Romero, «gozaba de escasas simpatías entre los militares de derechas» «por su condición de masón y por considerar que no había actuado con suficiente energía en la campaña de Asturias —y lo cierto es que empleó mano dura—». Unos días después el ministro de la Guerra, el general Carlos Masquelet, se vio obligado a hacer una declaración pública en la que negaba los rumores de agitación en los cuarteles, además de expresar su «indignación por las injustas agresiones a oficiales», instando a estos a no caer en las provocaciones, y de pedir la solidaridad con los militares por ser «el más firme apoyo del Estado republicano». Entonces la UME le lanzó un ultimátum de 24 horas al ministro exigiéndole el respeto máximo para unos militares que «alejados de toda política, solo desean la paz pública», el desarme por la Guardia Civil de «todas las organizaciones y sus individuos, ajenas a las instituciones armadas o policía gubernativa» y la amnistía para los militares detenidos por alteración del orden público o movimientos subversivos. Finalmente el general López Ochoa fue puesto en libertad por falta pruebas y a partir de ese momento ingresó en la UME donde ejerció una gran influencia. En mayo encabezaría una conspiración para impedir que Manuel Azaña fuera investido como nuevo presidente de la República. El plan consistía en que el destituido Niceto Alcalá Zamora nombrara al general Sanjurjo al frente de un gobierno provisional, a pesar de que Alcalá Zamora carecía de autoridad para hacerlo pues ya no era presidente de la República. El plan se frustró porque Alcalá Zamora se negó a colaborar, aunque no denunció ni a López Ochoa ni a sus cómplices militares o civiles.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Varios historiadores han afirmado que las derechas llevaron a cabo una campaña de agitación en la calle, en la prensa y en el parlamento que «justificara» el golpe de Estado que estaba preparando una parte del Ejército con su apoyo. En cambio, otros historiadores señalan que el gran «plan» de las derechas para desestabilizar la República nunca existió y que nunca se han presentado pruebas de ello.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El historiador Eduardo González Calleja sostiene que desde que se conoció el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 las derechas se dedicaron a crear un ambiente «guerracivilista» que destruyera la convivencia democrática y que sirviera de «justificación» al golpe de Estado de julio de 1936. Para demostrarlo hace referencia a los artículos aparecidos en la prensa derechista poco después de las elecciones (en lo que coincide con el punto de vista de Julián Casanova). Por ejemplo, "Acción Española" hizo un llamamiento a la rebelión armada («La Verdad puede y debe imponerse por la fuerza»); un periódico de la Comunión Tradicionalista, "El Pensamiento Alavés", afirmaba el 20 de febrero «que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada» y que esa lucha partiría de «una nueva Covadonga que frente a la revolución sirviera de refugio a los que huyeran de aquella y emprendiera la Reconquista de España»; en un editorial del 3 de marzo "La Época" convocaba a «todos sus ciudadanos» para que España no desapareciera «como nación, sepultada bajo la ola roja de Moscú». Así, según González Calleja, el discurso de las derechas se hizo cada vez más catastrofista y beligerante ―se recurrió a las contraposiciones maniqueas como «civilización o barbarie», «por España o por Rusia», «la bandera española contra la bandera roja», «cruz por un lado, de otro, la hoz y el martillo», etc.― mientras los portavoces de la derecha acusaban al gobierno del Frente Popular de ser incapaz de mantener el orden público y de ser la antesala de la revolución comunista. González Calleja cita al conspirador monárquico y militar Jorge Vigón que después de la guerra civil escribió que en aquellos momentos aún «había aquí muchas gentes que se resistían a entender que estábamos ya en guerra civil; algunos lo decíamos, pero apenas nadie aceptaba la idea… Parecían afectados por una ceguera irremediable que le colmaba a uno las medidas de la irritación».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Según Ángel Viñas, el papel principal que desempeñó la trama civil antirrepublicana fue precisamente desarrollar la campaña de agitación: «generar un clima político y sicológico catastrofista; presentarse como víctimas de unos gobiernos inicuos volcados en un propósito revolucionario; atribuir la responsabilidad por la “necesidad” de la sublevación al comportamiento de las izquierdas [como quedaría plasmado en el franquista "Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936"]». Viñas añade que el otro papel relevante de los civiles comprometidos en la conspiración fue «coordinar sus actividades con los componentes militares de la trama, en especial de la UME, a cuya fundación y financiación contribuyeron». El punto de vista de Viñas es compartido totalmente por José Luis Martín Ramos: «Paralela a la preparación militar, se desarrolló en el campo civil una estrategia de la tensión propagandística, que tomó como pie la magnificación de los incidentes de violencia y su falaz interpretación como muestra de la incapacidad gubernamental o del pacto secreto con la izquierda marxista para adueñarse del poder, si no ambas cosas». Martín Ramos califica la campaña de las derechas como de agit-prop y llega a afirmar que la presencia en las Cortes de los líderes de las derechas Gil Robles y Calvo Sotelo «fue exclusivamente a efectos de propaganda; fue el complemento civil al inicio de la definitiva conspiración militar». «Quien trabajó activamente en pro de la polarización fue esa derecha».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Pilar Mera Costas también defiende la existencia de una campaña de agitación que «justificara» el golpe. Según esta historiadora, las derechas identificaron al Frente Popular con el caos y la iniquidad e intentaron generar un ambiente de crispación, enfrentamiento y miedo para que solo pareciese viable la alternativa autoritaria. Como prueba aporta el testimonio del embajador de Estados Unidos en Madrid Claude Bowers quien escribió en sus memorias "Misión en España" lo siguiente:


title: Conspiración golpista de 1936

text: Mera Costas afirma que «para que la propaganda fuese efectiva no bastaban las palabras. Era imprescindible contar con elementos agitadores que ejercieran el papel de camorrista. Esa fue la labor principal de Falange durante la primavera de 1936». Una valoración que coincide con la de Eduardo González Calleja para quien Falange, «nutrida por nuevos militantes y nuevos fondos y en estrecha relación con los conspiradores militares», fue la principal protagonista de la campaña de agitación violenta en la calle que «justificara» un «golpe de fuerza». Un punto de vista compartido por los británicos Antony Beevor y Paul Preston. «La violencia callejera que iba debilitando cada vez más al gobierno iba de la mano de la conspiración militar para la que a su vez ofrecía una justificación», afirma este último. Preston aporta el testimonio de Dionisio Ridruejo a quien el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera le comentó respecto de la derecha antirrepublicana: «Esperemos que se enteren de una vez. Nosotros estamos dispuestos a poner las narices, ¿no? Pues que ellos pongan, por lo menos, el dinero». Según Mera Costas la campaña de violencia callejera falangista «consistió en utilizar individuos o pequeños grupos armados para ir al choque en las concentraciones izquierdistas, generando enfrentamientos y buscando la intervención policial» alimentando así «una espiral de acción y reacción que se generalizó a lo largo de la primavera» y que causó víctimas mortales o heridos de gravedad. «Los grupos de izquierda no dejaron sin respuesta los ataques recibidos, lo que derivaba en nuevas reyertas… Cada muerto exigía una represalia».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Por su parte González Calleja aporta como prueba un informe enviado a las autoridades fascistas italianas en junio por el líder de Renovación Española Antonio Goicoechea, en quien José Antonio Primo de Rivera había delegado su representación, en el que se reconocía la actuación de los grupos violentos derechistas y en especial la de los falangistas:


title: Conspiración golpista de 1936

text: Otra de las pruebas que aportan los historiadores que defiende la existencia de una campaña de agitación son las intervenciones de los líderes de la derecha no republicana en las Cortes, José María Gil Robles y José Calvo Sotelo, con las que pretendían rentabilizar la situación de violencia en las calles elaborando un discurso «incendiario» y «catastrofista», que fue difundido y amplificado por la prensa del mismo signo político. «Periódicos como el "ABC" no dejaban de machacar a sus lectores con mensajes catastrofistas…, afirmaban que el país era ingobernable y contabilizaban como crímenes políticos delitos comunes para reforzar la impresión de desgobierno», afirma Antony Beevor. Eduardo González Calleja ha llegado a afirmar que «la Guerra Civil se declaró antes en el Parlamento que en la calle». En esa tarea, según González Calleja, destacó especialmente el líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo, que «desde el primer momento mantuvo en las Cortes una actitud francamente provocadora». Su primer discurso de gran repercusión lo pronunció el 15 de abril en el que enumeró de forma prolija los cientos de actos violentos que se habían producido en España desde las elecciones (según Calvo Sotelo había habido 74 muertos y 345 heridos) con el fin de justificar la necesidad de instaurar un «Estado autoritario y corporativo».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Gabriele Ranzato, contrario a la tesis de que la campaña de agitación derechista fuera la responsable de la desestabilización de la República, ha puntualizado que tanto Calvo Sotelo como Gil Robles sufrieron una «aversión despectiva» y una «extrema agresividad» por parte de los diputados del Frente Popular. En esa misma sesión del día 15 de abril el diputado comunista José Díaz al parecer amenazó a Calvo Sotelo de muerte (sus palabras fueron retiradas del Diario de Sesiones por orden del presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio) y la diputada comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" definió a Gil Robles como «un histrión ridículo salpicado con la sangre de la represión». En la sesión de 6 de mayo la socialista Margarita Nelken interrumpió a Calvo Sotelo diciéndole: «los verdugos no tienen derecho a hablar». Dos semanas después, el 19 de mayo, el diputado socialista Bruno Alonso González retó a Calvo Sotelo a salir a la calle para ajustar cuentas después de haberle llamado «asalariado del capitalismo». Sin embargo, Ranzato ha señalado a Calvo Sotelo como uno de los «responsables de la violencia que estaba desgarrando al país» debido a sus continuos llamamientos a la intervención de ejército, una «solución de fuerza» «deseada, favorecida, tramada y apoyada por él desde el nacimiento de la República, de la que siempre se había declarado abierto enemigo». En la sesión de las Cortes del 16 de junio el que enumeró los actos violentos fue José María Gil Robles. Según él desde las elecciones había habido 269 muertos y 1287 heridos y 160 iglesias habían sido destruidas, además de otras 251 que habían resultado dañadas, incluyendo otros edificios religiosos. Calvo Sotelo también intervino ese día para, entre otras cosas, hacer de nuevo un llamamiento a la intervención del Ejército. Esta actitud «desafiante», a juicio de González Calleja, la volvió a repetir en su intervención del 1 de julio. Para José Luis Martín Ramos, las intervenciones de Gil Robles y de Calvo Sotelo en la sesión del 16 de junio constituyen el momento más evidente del papel de «agit-prop» de los dos líderes de las derechas. En él, según este historiador, «Gil Robles y Calvo Sotelo escenificaron el pregón político del levantamiento». «Fue la prueba de que la derecha instrumentalizó el orden público, faltando a la verdad, para justificar públicamente el golpe militar en la propia sede del Parlamento». El discurso de Gil Robles «no fue de paz, sino de guerra» y fue «un discurso telonero de la intervención de Calvo Sotelo, que puso las conclusiones: «La causa no es de Gobierno, la causa es superior. Es de Estado. Es que el régimen democrático y parlamentario y la Constitución de 1931 han producido un desorden económico y un desorden social».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Paul Preston concluye: «La violencia de los pistoleros de la derecha, los discursos incendiarios de Calvo Sotelo y Gil Robles, y el barniz que los medios conservadores revistieron los acontecimientos contribuyeron en gran medida a lanzar a las clases medias a los brazos de los conspiradores del Ejército». Sin embargo, Preston reconoce que, además del orden público (sobre las cifras de la violencia política aportadas por Calvo Sotelo y Gil Robles afirma que «parte era verdad, parte una exageración terrorífica») «dos factores contribuían a la credibilidad de la descripción derechista de la situación: la continuada retórica revolucionaria del ala caballerista del PSOE y el gran número de huelgas, especialmente donde la CNT tenía influencia, durante la primavera de 1936». «Las huelgas y los desórdenes, cualquiera que fuese su origen, habían convencido a gran parte de la clase media de que Gil Robles y Calvo Sotelo tenían razón cuando afirmaban que no podía esperarse nada del régimen democrático». Una última prueba que aportan los historiadores que defienden la existencia de una campaña de agitación que «justificara» el golpe fue la difusión por parte de la derecha de que se estaba preparando una «revolución comunista» en España que iba a estallar el 1 de agosto. En su intervención del 15 de abril en las Cortes Calvo Sotelo ya había advertido del «peligro comunista» y había acusado a los 110 diputados del PSOE y del PCE de querer «instaurar el comunismo en España». Fue a principios de abril cuando se difundieron unos «documentos» de la supuesta conjura de la insurrección comunista que con el tiempo se supo que habían sido elaborados por el periodista derechista Tomás Borrás. «Las fuerzas de la ultraderecha ansiaban terminar de una vez con la agitación prerrevolucionaria, pero eran conscientes de que la única oportunidad para hacerlo consistía en incrementar las provocaciones y la polarización», reconoce Stanley G. Payne, uno de los historiadores que niega la existencia de una campaña de agitación por parte de la derecha. Este mismo historiador afirma que el Partido Comunista contribuyó a dar credibilidad a los documentos falsificados del supuesto complot comunista programado para agosto, «presentando una imagen de creciente poder, inevitabilidad y triunfalismo».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Los «documentos» (un remedo del panfleto falsificado antisemita "Los protocolos de los sabios de Sión") contenían planes detallados para una revolución violenta y una lista de derechistas que debían ser asesinados en cuanto se estableciera la dictadura comunista. El propio general Franco afirmó cuando ya era Jefe del Estado que «el triunfo, más aparente que real, del Frente Popular» fue el momento en el que España empezó «a rodar por la pendiente hacia el comunismo». Desde 1934 Franco era miembro de la organización Entente Internacional Anticomunista de la que desde hacía tiempo recibía los boletines en francés ―«que relataban continuamente imaginarias conjuras comunistas que Franco creía a pies juntillas», según Antony Beevor― y con la que se declaró dispuesto «a cooperar, en nuestro país, a vuestro gran esfuerzo». En plena guerra civil volvió a recurrir a los «documentos» para justificar el «Alzamiento»: «Había tenido conocimiento de los documentos que se referían a la destrucción de las iglesias y de los conventos, y poseíamos la lista de los mejores españoles, que debían ser asesinados. Conocíamos el día, la fecha de ellos».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Estos supuestos «documentos» habían sido publicados en primera página por el diario socialista "Claridad" el 30 de mayo de 1936 bajo el irónico titular «Cómo vamos a realizar la revolución antes del 29 de junio». En el artículo que los acompañaba se señalaba que «lo importante es el estrago que, con estupideces como esta, sabiamente distribuidas, se causa manteniendo una actitud criminosa y excitando a gentes pusilánimes o ingenuas a ver en las organizaciones obreras sectas de energúmenos auténticos, que solo sueñan con el exterminio de media humanidad».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El historiador norteamericano Stanley G. Payne niega que lo que llevó a los sectores conservadores a sumarse al «golpe de fuerza» que «restableciera el orden» fuera la campaña de agitación orquestada por las derechas antirrepublicanas. Según Payne el causante fue el «proceso prerrevolucionario» «de transición hacia la revolución directa» llevado a cabo por la izquierda radical desde que el Frente Popular llegó al poder en febrero de 1936. Este «proceso prerrevolucionario» fue posible, según Payne, por la complicidad y la cobertura legal del Gobierno del Frente Popular, que no solo no reprimió en absoluto los abusos y los delitos cometidos por la «izquierda revolucionaria», sino que en cambio llevó a cabo un arbitrario y sectario «acoso a las derechas». La consecuencia de todo ello, según Payne, fue que la derecha, «dadas las condiciones de impotencia en que se encontraba y la falta absoluta de respuesta por parte del Gobierno» («en muchos países no se hubiese soportado ni la mitad de lo que se venía soportando desde hacía meses en España») no le quedó otra alternativa que apoyar la sublevación militar que se estaba preparando y que daría «al traste con todas las ambiciones [de las izquierdas] de dominar España». Así Payne responsabiliza en última término a las izquierdas del golpe de Estado de julio de 1936 porque «quienes no deseen la contrarrevolución, que no emprendan la revolución. Es así de sencillo». Payne concluye: «antes del 18 de julio, las izquierdas destruyeron la democracia en España por medio de un proceso revolucionario de erosión constante que duró cinco meses».


title: Conspiración golpista de 1936

text: La tesis de Payne haciendo responsable en última instancia a la «izquierda revolucionaria» del golpe de julio no es compartida por diversos historiadores, como Julio Aróstegui, quien afirma que «la desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica», o Julián Casanova, que comparte el punto de vista de Aróstegui: «La política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil». Por su parte Enrique Moradiellos afirma que lo que hizo el gobierno del Frente Popular no fue abrir «las puertas a la revolución social» sino poner en marcha «con renovada energía» «todas las reformas anuladas o paralizadas en el bienio anterior en un contexto de amplia movilización obrera y jornalera y de creciente intensidad de la crisis económica», frente a lo cual «todos los partidos de la derecha fueron fijando sus esperanzas de frenar las reformas por medio de una intervención militar similar a la de 1923». Fernando del Rey Reguillo, que no defiende la tesis del peso decisivo de la campaña de agitación derechista, afirma que «desde el punto democrático» «la sublevación militar del 18 de julio de 1936» no tuvo justificación «en ningún sentido, desde luego». «Las compuertas del horror las abrió un golpe militar frustrado que devino en guerra civil. Nada hacía inevitable, a pesar de todo, ese desenlace, pero una vez que el país se adentró por esa senda ya no hubo marcha atrás».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Gabriele Ranzato, como Payne, niega que el apoyo de los sectores conservadores (y no solo de ellos) al golpe fuera el resultado de una campaña de desestabilización orquestada por la derecha. Específicamente rechaza la tesis de que hubiera desarrollado una «estrategia de la tensión» cuyo principal instrumento habría sido la violencia falangista —posición sostenida, por ejemplo, por Eduardo González Calleja—. Según Ranzato, «no hay elementos que puedan confirmar la tesis de que las acciones de Falange —con el concurso, pero en mucha menor medida, de los grupos carlistas— a la que debe atribuirse la casi totalidad de la violencia organizada de la derecha en la España urbana, respondieran a un proyecto, a un "plan terrorista" orientado principalmente a crear, incluso a través de las previsibles respuestas violentas de los adversarios de la izquierda, un clima de inquietud, inseguridad y miedo que debilitara la confianza en el gobierno, incapaz de restablecer la calma y la estabilidad, y favoreciera, por tanto, el golpe militar que los ciudadanos asustados habrían acogido como un regreso al orden y a la tranquilidad». La violencia falangista, según Ranzato, respondía a sus propios fines y tenía un objetivo limitado: «atacar al enemigo, dar ejemplaridad al acto y publicidad a la causa falangista, efectuando así una obra de proselitismo que llevara a engrosar las filas de aquel "partido armado"». Cuando el líder monárquico Antonio Goicoechea informó a los jerarcas fascistas italianos sobre la «acción directa» protagonizada por los falangistas no se arriesgó a presentarla como un «elemento de un plan conspirativo convenido con los militares». Por otro lado la violencia falangista no respondió a un plan de desestabilización basado en el miedo porque los falangistas no llevaron a cabo atentados indiscriminados sobre la población (sobre una multitud, en reuniones públicas) ni realizaron «ninguna acción contra militares o agentes de policía, en grupo o individualmente, con el fin de atribuir su responsabilidad a la extrema izquierda».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Según Ranzato —en lo que vuelve a coincidir con Payne—, lo que llevó a apoyar el «golpe de fuerza» a los sectores conservadores y también a una parte de los liberales (destaca que los hijos de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, los tres impulsores de la Agrupación al Servicio de la República, se alistaran voluntarios en el ejército sublevado) fue el «gran miedo» a la revolución, que ya empezaba a vislumbrarse antes del 17 de julio. Considera que no tiene base real la frase acuñada por el comunista Manuel Tagüeña en sus memorias de que «la sublevación militar, paradójicamente, había desencadenado la revolución que pretendía impedir», y que luego ha tenido un amplio eco entre la historiografía (Julio Aróstegui reproduce casi literalmente la misma frase: «fue la contrarrevolución la que, paradójicamente, desencadenó la revolución en la España de 1936»; una afirmación similar es la que hace Julián Casanova: «un golpe de estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola»). Ranzato afirma, por el contrario, que «ha habido más continuidad que ruptura entre la revolución "desencadenada por la sublevación" y la realidad de la España de anteguerra». Ranzato advierte que el «gran miedo» a la revolución no se circunscribió «a las clases dominantes, hostiles a cualquier reforma que redimensionara su poder» sino que «estaba ampliamente difundido en la sociedad, sobre todo entre las clases medias —a las que pertenecía una buena parte de los militares no implicados en la conspiración— y entre los católicos de todas las clases, porque se iba alimentando a través de la experiencia cotidiana de un progresivo hundimiento del orden existente». En el deterioro del orden existente desempeñaron un papel determinante las actuaciones de las «milicias rojas» encaminadas a poner en marcha un proceso revolucionario. «Y lo peor es que el gobierno y muchos órganos del Estado a los que estaba encomendado el orden público no sólo toleraron la existencia de esas milicias sino que a menudo las protegieron, cuando no las emplearon como fuerzas auxiliares y complementarias de los cuerpos de policía». Por eso lo que más contribuyó a que la opinión moderada cambiara su actitud de fondo hacia el gobierno de Frente Popular «no fue ni el número de episodios violentos y de víctimas, ni su incapacidad de poner coto a la violencia en general, sino su falta de neutralidad en reprimirla, su falta de voluntad de oponerse a ella en igual medida, viniera de donde viniera». «Los ciudadanos que, fuese cual fuese el lugar que ocupaban en la escala social, eran contrarios a la revolución, no es que se dejaron impresionar especialmente por uno u otro atentado de derecha o de izquierda, sino que, por el conjunto de lo que veían relativo a política y violencia, pudieron temer que la revolución se estaba ya actuando o estaba a punto de estallar. Así que, activamente o pasivamente, dieron libre paso al golpe, a la guerra civil y al hundimiento de la democracia». Ranzato concluye que es discutible «perpetuar la imagen de una España de anteguerra básicamente liberal y democrática, con un gobierno capaz de garantizar la continuidad de su régimen político-económico sin ningún peligro concreto de subversión revolucionaria, que habría sido arrastrada a la guerra civil solo por un golpe militar reaccionario y fascista».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Joan Maria Thomàs coincide plenamente con la conclusión final de Ranzato, pues como este cuestiona «la idea de que los gobiernos republicanos defendieron la democracia aplicando escrupulosamente la legalidad vigente en su lucha contra los enemigos del régimen en la primavera de 1936» y su correlato de que «la democracia republicana de julio de 1936 fue una democracia asentada, aceptada, legalmente impecable». Según Thomàs, esta visión tan idealizada de la democracia republicana bajo los gobiernos del Frente Popular fue elaborada y difundida por el bando republicano durante la guerra civil y desde el exilio (en este sentido, afirma Thomàs, los republicanos ganaron «las batallas de la legitimidad moral y de la propaganda, aunque en desgraciado contraste con la victoria más importante, la militar», mientras que «los franquistas siempre arrastraron su pecado original inverso, el de haber alterado con éxito la voluntad popular y de ser, por tanto, ilegítimos»). Por otro lado, Thomàs sostiene una posición más matizada que la de Payne y de Ranzato en cuanto a la importancia de la campaña de agitación de las derechas pues afirma que existió «una política deliberada y continuada de hostigamiento por parte de la ultraderecha a los gobiernos del Frente Popular» (destaca la violencia falangista; la contribución de los alfonsinos «a crear el clima de desorden», especialmente con «su actitud en las Cortes [que] fue de continua denuncia de la situación del país y de creación de un clima de agitación que contribuyó a enrarecer aún más el ambiente de deterioro del orden público»; y la de los carlistas que tuvieron «un papel aún más importante» que los alfonsinos «a la hora de la agitación y actuación violenta de la primavera de 1936; para ello contaban con sus milicias, los "requetés"»), pero afirma también, en lo que coincide con Payne y con Ranzato, que no fue solo la extrema derecha la que pretendió derribar la República sino que «otros partidos y sindicatos, desde posturas diametralmente opuestas, también estaban dispuestos a acabar con la democracia para trocarla por otro tipo de régimen, y actuaban en consecuencia».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Thomàs, como Payne y Ranzato, hace a la izquierda responsable principal del deterioro del orden público. «Ocupaciones ilegales de tierras en provincias del centro y del sur —en parte auspiciadas por ayuntamientos de izquierdas, sobre todo socialistas— y otras veces fruto de la presión de los propios sindicatos de trabajadores del campo; cierre arbitrario de iglesias al culto e incendios de templos contribuyeron todos ellos al clima de deterioro del orden. Por otra parte, existía un malestar creciente entre patronos y empresarios por los nuevos acuerdos salariales, con incrementos muy grandes y que en todo caso sobrepasaban en muchos casos la rentabilidad, dándose casos en que los gastos de recolección superaban el precio de la cosecha. Fue aquella una primavera de huelgas, y muchas de ellas se saldaron con victorias sindicales, fueran anarcosindicalistas o socialistas». Y al igual que Payne y Ranzato, Thomàs acusa al gobierno del Frente Popular de pasividad ante estos hechos (Thomàs, como Payne y Ranzato, considera que tal vez se perdió una posibilidad de estabilización de la situación cuando el socialista Indalecio Prieto no pudo acceder a la presidencia del gobierno por el veto del sector "caballerista" de su partido), y también de dar un trato diferente a la violencia de las izquierdas y a la de las derechas, como lo demostraría, por ejemplo, el hecho de que el gobierno no liberara a los dirigentes de Falange Española de las JONS ni levantara la clausura de sus sedes o la autorización de su prensa cuando el Tribunal Supremo sentenció en junio que era un partido absolutamente legal, o que cuando se producían altercados entre falangistas e izquierdistas la policía detenía a centenares de falangistas y derechistas, pero a ningún socialista o comunista. También, como Payne y Ranzato, considera la culminación de ese proceso la falta de reacción del gobierno ante el asesinato del líder Monárquico José Calvo Sotelo («un hecho especialmente grave al producirse por fuerzas de orden público que llevaban como auxiliares a militantes socialistas —uno de ellos, escolta de Indalecio Prieto— y como jefe al capitán de la Guardia Civil, Condés, también ligado al PSOE»), decepcionando a aquellos sectores que habían apoyado al Frente Popular y que hacía tiempo reclamaban un «golpe de timón». Al igual que Ranzato, Thomàs concluye que, a diferencia de "La Sanjurjada" de agosto de 1932, el golpe de Estado de julio de 1936 «encontró el apoyo no solo de la ultraderecha, sino también de muchos sectores derechistas, de muchos católicos y de muchas personas que querían que el orden público fuese restaurado a toda costa». La responsabilidad primera de la guerra civil recae en los que se alzaron contra la República, «pero aquellos que deberían haber defendido la Constitución no supieron hacerlo ni mantener las condiciones de convivencia política imprescindible, desactivando las bases y fundamentos de los golpistas». «Los gobiernos republicanos de la primavera y primeras semanas del verano del 36 habían fracasado a la hora de desarticular el golpe y, más importante, a la hora de mantener el orden público y la estabilidad política y social del país».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Fernando del Rey Reguillo hace responsable principal de la crítica situación que se vivió específicamente en la España meridional al proceso de radicalización del socialismo "caballerista" y que caracteriza de la siguiente forma: «la constitución de un contrapoder protorrevolucionario a escala municipal, las continuas vulneraciones de la ley, las ocupaciones de fincas, las pulsiones anticlericales o el acoso a la ciudadanía conservadora, cuando no las agresiones frontales y choques manifestados desde múltiples flancos». Y a continuación explica que esos elementos «no fueron una creación de la propaganda sobredimensionada de las derechas —por más que sus dirigentes buscaran explotar en beneficio propio el desorden público—, tal como tantas veces han escrito los historiadores y polemistas obsesionados con rebatir la lectura que a posteriori hizo la dictadura franquista de aquella primavera "trágica". Una lectura que sin duda persiguió justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Es verdad que el tremendismo de los dirigentes derechistas, activado en el Parlamento o en la prensa, se apoyó en estadísticas incompletas y repletas de inexactitudes. Pero lo que revelan los estudios locales, al menos en el caso que nos ocupa [la provincia de Ciudad Real] y en el de Andalucía, es que aquellos parlamentarios se quedaron cortos. Obviamente, al constatar esto no se trata de dar la razón a los amanuenses del franquismo, ni conferir legitimidad a las tramas conspirativas que se pergeñaban en la primera mitad de 1936, pues de ningún modo se sostiene aquí que hubiera una revolución comunista en marcha, que el fracaso de la democracia republicana fuera inevitable o que la guerra civil hubiera empezado de hecho en octubre de 1934».


title: Conspiración golpista de 1936

text: José Manuel Macarro Vera, refiriéndose a Andalucía, también señala a los socialistas y a las restantes organizaciones obreras como los responsables de que «el Gobierno republicano en Andalucía [fuera] un remedo de poder». En cuanto al conjunto de España, Macarro Vera culpa sobre todo a la radicalización socialista —y a la división del PSOE que provocó— de la desestabilización de la República pues «mientras los republicanos y los centristas del PSOE [encabezados por Prieto] se habían buscado para recuperar la República, la izquierda socialista se desentendió de un régimen al que siempre vio como una estación de paso. La quiebra del socialismo, áspera y rotunda, terminó bloqueando el proyecto de todos para rescatarlo, pues en 1936, el grupo caballerista, que predominaba dentro del socialismo, había abjurado de la revolución republicana en la búsqueda de una bien distinta, de la obrera». En cuanto a la pregunta que él mismo se formula de si se vivió una «situación revolucionaria» durante la primavera e inicio del verano de 1936 Macarro Vera responde: «En tanto las relaciones entre las clases sociales se estaban invirtiendo y en cuanto el poder del Estado se estaba desmoronando en beneficio de nuevos poderes locales, que controlaban los partidos obreros, sin duda. Por el contrario, si observamos que esos poderes emergentes carecían de un proyecto político común que les encaminase a encarar lo que es esencial en cualquier sociedad moderna, el núcleo de decisión política, el mismo Estado, a esta situación revolucionaria le faltaba la cabeza. Sin ella, sin pensar que ese cúmulo de nuevos poderes, para subsistir, necesitaban plantearse el de aquel con mayúsculas, el Poder, la revolución acéfala podía derivar en cualquier cosa». Por otro lado, Macarro Vera añade (en lo que coincide plenamente con Payne, Ranzato, Thomàs y del Rey Reguillo): «la política revolucionaria, negando el compromiso de mantener al Gobierno y a la autoridad del Estado, era la que había impulsado a tantos a poner sus esperanzas en el fascismo o en un militar, por un efecto sustancial a la condición humana: el miedo a desaparecer».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Luis Romero ha afirmado que «de haberse seguido la política propugnada por Azaña y respetando la Constitución y las leyes, de haberse dominado la subversión y no seguir amenazando de manera constante, si no se hubiesen organizado y exhibido las milicias, de no anunciarse como inminente la revolución social y la dictadura del proletariado con todo lo que ello suponía, de no producirse de continuo incendios, agresiones y violaciones de la ley, no habría estallado el "Glorioso Movimiento Nacional". Ni los militares monarquizantes y golpistas disponían de fuerza real y prestigio suficiente, ni los monárquicos tenían influencia, audiencia ni poder que bastara a la empresa, ni los falangistas eran capaces de subvertir el orden más que en pequeña proporción (y ya quedó patente que unas palabras alentadoras de Azaña resultaron suficientes para atraer alabanzas y frenar la violencia), ni los carlistas se hubiesen echado al monte. [...] Que quienes creían en la eficacia de la dictadura del proletariado y en las excelencias del modelo de sociedad impuesto en la URSS se esforzaran en aplicarlo a España, hay que aceptarlo. El error radicó en la convicción de que podía hacerse sin apenas resistencia, sin guerra civil y que de llegar a desencadenarse, la ganarían aplastando al enemigo. En cuanto a la Iglesia, que resultó un factor importante para inclinar a la beligerancia a varios millones de españoles, nunca se habría decidido a predicar la "Guerra Santa", sin comprobar en carne propia que estaba en peligro su propia supervivencia».


title: Conspiración golpista de 1936

text: En abril la conspiración se extendió entre los militares derechistas, impulsada especialmente por la Unión Militar Española, aunque existía una escasa coordinación entre los oficiales comprometidos en las diferentes guarniciones. Por otro lado, tal como se había acordado en la reunión del 8 de marzo, en Madrid se reunía cada cierto tiempo una autoproclamada «junta de generales» («junta de jubilados», en la versión de Stanley G. Payne de 2016) para intentar coordinar a todos los implicados en la conspiración, aunque sin demasiado éxito. En cuanto a los elementos civiles, según Payne (1996), «Calvo Sotelo y otros líderes de la derecha monárquica radical se dedicaban a incitar al ejército, mientras los carlistas habían formado su propia Junta Suprema Militar Carlista al otro lado de la frontera, en San Juan de Luz, y los falangistas también se preparaban para entrar en acción. Algunos de los sectores más moderados de las JAP, las juventudes de la CEDA, como los que dependían de la rama valenciana de la democracia cristiana, empezaron a conspirar por su cuenta, y de manera ineficaz, a los pocos días de la victoria del Frente Popular». En su obra de 2016 Payne redujo la importancia de la aportación de la trama civil: de los carlistas dijo que los requetés tenían poca importancia, excepto en Navarra; que Falange, que había sido ilegalizada en marzo, carecía de una verdadera milicia paramilitar y que solo contaba con «pequeñas escuadras clandestinas armadas casi siempre con pistolas» que eran las que perpetraban los asesinatos políticos; y que Calvo Sotelo y los monárquicos, que «predicaban una dictadura corporativa introducida por los militares», encontraban poco apoyo, excepto en cierto sector de la UME. Payne concluía que los conatos de conspiración, de los que tenía cierto conocimiento el Gobierno, «eran muy limitados y de poca importancia».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El 17 de abril, al día siguiente de los incidentes durante el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, los generales conjurados se reunieron en casa del general Manuel González Carrasco. Allí ratificaron el plan de sublevación acordado en la reunión del 8 de marzo y decidieron ponerlo en marcha tres días después, el 20 de abril. El grupo se había ampliado con la incorporación del general republicano Gonzalo Queipo de Llano indignado por la destitución por las Cortes diez días antes de su consuegro Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República ―el procesamiento el 11 de marzo del general Eduardo López Ochoa, responsable de la represión de la Revolución de Asturias, también había causado un hondo malestar en los militares―. El plan consistía en la toma del Ministerio de la Guerra en Madrid ―guarnición cuya sublevación estaría dirigida por los generales Rodríguez del Barrio, recientemente nombrado inspector general del Ejército, y Orgaz― desde donde se declararía el estado de guerra. El movimiento lo iniciarían las Divisiones Orgánicas IV (González Carrasco en Barcelona) y VI (Fanjul en Burgos y Mola en Navarra y Rioja, en contacto con la UME), secundadas por la III (Goded en Valencia) y II (Sevilla). Quedarían a la espera la VIII (La Coruña) y la VII (Ponte y Saliquet en Valladolid). El 19 se enviaron instrucciones a la Junta Central de la UME para que acuartelara las tropas de la guarnición de Madrid que quedarían a las órdenes del general Rodríguez del Barrio, aunque este se encontraba gravemente enfermo de cáncer (meses después moriría a causa de ello). También habían sido alertadas las milicias de Falange y el Requeté. Pero el plan fracasó por la indecisión de Rodríguez del Barrio que pretendió que el golpe se aplazara unos días hasta que él se recuperara ―el 18 llamó al general Varela para que fuera a su casa donde estaba en cama con fiebre y Varela se indignó cuando le contó lo que pretendía― y por la negativa a secundar el movimiento del general Pozas, inspector general de la Guardia Civil. También fue decisivo en el fracaso la estrecha vigilancia a la que fueron sometidos por la policía los generales implicados. Fueron detenidos los generales Orgaz y Varela que fueron confinados en Canarias, el primero, y en el Castillo de Santa Catalina en Cádiz, el segundo, mientras que los generales Villegas, Saliquet, González Carrasco y Fanjul pasaban a ser disponibles forzosos. Este último general logró escapar junto con el teniente coronel Galarza. El general Rodríguez del Barrio fue destituido de su puesto de inspector general del Ejército. La policía se apoderó de algunos documentos en los que figuraban los componentes de la Junta que iba a hacerse con el poder y que estaría presidida por el general Sanjurjo, en esos momentos exiliado en Portugal, y de la que formarían parte los generales Martínez Anido, Franco, Mola, Goded, Queipo de Llano y Cabanellas. Payne (2016) concluye: «la inútil reunión de generales jubilados en Madrid había fracaso totalmente en su intento de fomentar un golpe de Estado para el 20 de abril».


title: Conspiración golpista de 1936

text: A partir de entonces, «el plan de una sublevación con centro en Madrid fue prácticamente abandonado» y por otro lado «Sanjurjo quedaba sin los dos hombres que habían sido sus principales portavoces en Madrid, Varela y Rodríguez del Barrio». Por su parte el gobierno, aunque trasladó a varias decenas de oficiales a nuevos destinos o los retiró del servicio activo, «no calibró el alcance de la Sublevación Militar y prácticamente se quedó corto en las medidas que debió tomar para neutralizar al Ejército, que volvería a intentarlo de nuevo».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El fracaso de la intentona prevista para el 20 de abril causó una enorme decepción entre los falangistas y los requetés, pero sobre todo entre los oficiales de la UME, que ya habían advertido de que el golpe no había sido bien preparado al no asegurarse previamente un número significativo de mandos dispuestos a secundarlo y al haber elegido a un general gravemente enfermo como Rodríguez del Barrio para dirigirlo. Así que varios capitanes de la UME destinados en unidades militares comprometidas del norte de España se dirigieron al general Mola el mismo día 19 de abril en Pamplona para que fuera él el que dirigiera la conspiración, manteniendo al general Sanjurjo como cabeza indiscutible del movimiento y a quien la UME pasó a considerarlo como su jefe. El general Mola, como «jefe del Estado Mayor del general Sanjurjo» ―Mola estaba ligado a Sanjurjo por una vieja amistad y colaboración―, obtuvo el reconocimiento de la «Junta de Generales» y así se convirtió en «El Director». De esta forma, el fiasco del golpe de Estado del 20 de abril, acabó sentando «las bases de lo que vendría a continuación: un movimiento de primacía militar, con el apoyo subordinado de las fuerzas políticas de derechas, un proyecto centrado en la idea del Frente Popular como enemigo común, un táctica centrípeta, el general Sanjurjo como líder espiritual y Mola como responsable máximo del diseño y la puesta en marcha de la sublevación».


title: Conspiración golpista de 1936

text: La conspiración con el general Mola al frente ganó en organización y resolución. «Militar meticuloso y estudioso en todo los detalles, dejó pocos cabos sueltos», afirma Francisco Alía Miranda (sin embargo, esta visión de la conspiración de Alía Miranda como un «movimiento meticulosamente organizado» es puesta en cuestión por Stanley G. Payne que afirma que se trató de «una conspiración mal conectada y de organización muy incierta»). El 25 de abril, solo seis días después de su aceptación de organizar la conspiración —aunque todavía no había adoptado el nombre en clave de «El Director»— Mola envió la «Instrucción reservada número 1» ―siguiendo el modelo conspirativo del republicano Manuel Ruiz Zorrilla de sesenta años antes―. En esta primera directiva, que Payne califica de «esquema rudimentario» de la conspiración pero que Luis Romero considera «un plan insurreccional en toda regla», Mola afirmaba que debido al pacto del Frente Popular el gobierno «se ha hecho prisionero de las organizaciones revolucionarias» y que no existía otro medio de evitar la «situación caótica» que vivía España que «la acción violenta». «Para ello, los elementos amantes de la patria tienen forzosamente que organizarse para la rebeldía, con objeto de conquistar el poder e imponer, desde él, el orden, la paz y la justicia», continuaba diciendo.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El protagonismo de la rebelión sería de las Fuerzas Armadas, aunque Mola esperaba contar «con las aportaciones en hombres y material y elementos de todas clases faciliten los grupos políticos, sociedades e individuos aislados que no pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que reciben inspiraciones del extranjero, socialistas, masones, anarquistas, comunistas, etc.». Para llevar a cabo la sublevación Mola propugnaba el establecimiento de dos organizaciones: una civil estructurada por provincias y otra militar por Divisiones Orgánicas. En cada provincia el comité civil, formado por «un número de miembros variables, elegidos entre los elementos de orden, milicias afectas a la causa y personas representativas de las fuerzas o entidades económicas, de composición lo más reducida posible», proporcionaría como apoyo al Ejército personas con formación militar dispuestas «a la lucha y a morir por nuestra santa causa». Como ha señalado Eduardo González Calleja, «la implicación civil era esencial para el triunfo del movimiento, pero siempre en situación subordinada». «Es cierto que Mola diseñaba un "frente cívico-militar" pero no lo es menos que ése nunca llegó a funcionar. Esos comités [civiles] no existieron como tales. Por lo demás, está perfectamente claro que el objetivo político de la insurrección no era otro que la "Dictadura militar"», afirma Julio Aróstegui.


title: Conspiración golpista de 1936

text: En la Base 5ª de la «Instrucción reservada número 1» se decía que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión, lo que, según Paul Preston, «reflejaba las prácticas seguidas por los africanistas con las tribus indígenas del Rif». El objetivo primordial era «paralizar a la izquierda»:


title: Conspiración golpista de 1936

text: En unas instrucciones específicas posteriores dirigidas a la VII División Orgánica con sede en Valladolid, que cuenta con un fuerte movimiento obrero, el general Mola dispone que en caso de que se declarara la huelga general: En el punto 4º de la «Instrucción reservada nº 3» del 31 de mayo Mola ordenaba que se procurara «por todos los medios, en el momento de declararse el Estado de Guerra, que el Comité Civil tenga preparada gente para que aplauda con entusiasmo a las Fuerzas, para que éstas se vean asistidas por el pueblo. Será conveniente que se den vivas al Ejército, a la Marina y España Republicana». Pocos días después, el 3-4 de junio, un nutrido grupo de policías y de Guardias de Asalto se presentó en Pamplona al mando del propio director general de Seguridad José Alonso Mallol para detener al general Mola y acabar con la conspiración pero no pudieron encontrar ninguna prueba porque Mola había sido avisado de la operación por el comisario Santiago Martín Báguenas, implicado en la conjura y antiguo colaborador suyo cuando Mola ocupó la Dirección General de Seguridad en 1930.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El 20 de junio Mola emitió la «Instrucción reservada número 5» en la que al final decía que «ha de advertirse a los [militares] tímidos y vacilantes que aquél que no está con nosotros, está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento triunfante será inexorable». Cuatro días después volvía a insistir en las «Directivas para Marruecos» en que el levantamiento debía ser «desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso». El 30 de junio el teniente coronel Juan Yagüe, nombrado por Mola jefe de la sublevación en el Protectorado, recibió unas instrucciones más detalladas y explícitas sobre la forma de organizar la represión, que incluían, entre otras medidas: «conferir el mando del orden público y seguridad en las ciudades a elementos de la Falange», «detener a las autoridades españolas que sean sospechosas, especialmente las encargadas del Orden Público y la Seguridad» y «eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.». Además: «clausurar todos los locales de reuniones públicas tales como Centrales sindicales, Logias masónicas, Sedes de Partidos, Casas del Pueblo, Ateneos, etc.», «prohibir toda clase de manifestaciones, huelgas, reuniones públicas y privadas», «controlar la prensa, sometiéndola a censura», «requisar todos los aparatos de radio en poder de particulares» y «someter a todos los funcionarios civiles españoles a una depuración». El propósito del general Mola iba, pues, más allá de un mero pronunciamiento y se disponía a «situarse en un escenario de guerra civil».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Según Gabriele Ranzato, las adhesiones de militares a la conspiración que encabezaba el general Mola fueron creciendo conforme se iba deteriorando el clima político y social que vivía el país. Esto es lo que explicaría que entre finales de mayo y principios de junio se sumaran a la conspiración militares republicanos como los generales Gonzalo Queipo de Llano, inspector general del Cuerpo de Carabineros, y Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica con sede en Zaragoza.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El general Mola diseñó un plan político de la sublevación que pudiese ser asumido por todas las fuerzas políticas de la derecha, pues Mola era muy consciente de la importancia del apoyo civil al movimiento que estaba preparando. Pero también pensó en los propios militares pues los había desde muy reaccionarios y fascistas hasta republicanos, sin olvidar a los que no tenían unas ideas políticas definidas. El primer esbozo del plan político apareció en su primera «Instrucción reservada» del 25 de abril en cuya Base 6ª se explicaba la naturaleza del régimen político que resultaría de la sublevación: El documento en el que expuso de forma detallada lo que se pretendía hacer una vez tomado el poder fue emitido por Mola el 5 de junio con el título «El Directorio y su obra inicial». Según el carlista Manuel Fal Conde, el documento fue elaborado conjuntamente por Mola, Cabanellas y Queipo de Llano y contenía todo un programa político que incluía la erradicación del analfabetismo, el subsidio de paro, el fomento de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva para resolver el problema de la tierra, el saneamiento de la Hacienda pública y un plan de obras públicas y riegos, entre otras medidas. Según el hijo del general Cabanellas, los tres generales se habían inspirado en la propuesta autoritaria de una Dictadura Nacional Republicana del exministro republicano conservador Miguel Maura, único modo a su entender de hacer frente a las amenazas revolucionarias y fascistas dado el carácter sectario y demagógico que, según él, tenía la Constitución de 1931 y la intransigencia que mostraba el Frente Popular. Sin embargo, los seis artículos donde exponía su propuesta fueron publicados en el diario "El Sol" entre el 18 de junio y el 27 de junio, entre dos y tres semanas después de haberse difundido el documento «El Directorio y su obra inicial». Además, Maura defendía una dictadura republicana multipartidista (algo bastante alejado del documento de Mola). Por otro lado, Maura en esos artículos se mostraba muy pesimista sobre el futuro de la República: «Hoy, la República no es otra cosa —quiero creer que inconsciente— que la parte exaltada y revolucionaria de la masa proletaria que... prepara con prolija minuciosidad el asalto al poder y el exterminio de la organización social, capitalista y burguesa.[...] Si la República ha de ser eso, la República está inexorablemente condenada a una muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores, o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta». «No abrigo la menor esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España».  El documento «El Directorio y su obra inicial» defendía la implantación de una «dictadura republicana» dirigida por un Directorio compuesto exclusivamente por militares ―a semejanza del Directorio militar de Primo de Rivera―. El Directorio estaría compuesto por cinco militares: un presidente, el general Sanjurjo, y cuatro vocales encargados respectivamente de los ministerios de la Guerra, Marina, Gobernación y Comunicaciones (los demás departamentos serían desempeñados por consejeros técnicos, que se podrían reunir con los cinco miembros del Directorio en los llamados Consejos plenos). El Directorio una vez controlado Madrid depondría al presidente de la República y al Gobierno en pleno, suspendería la Constitución de 1931 ―aunque mantendría la separación Iglesia-Estado, la libertad de culto y algunas políticas sociales―, disolvería las Cortes, el Tribunal Supremo y el de Garantías Constitucionales, e ilegalizaría a «todas las sectas y organizaciones políticas que reciben su inspiración del extranjero». Además se restablecería la pena de muerte para delitos de sangre. Asimismo se detendrían y juzgarían a todos los dirigentes y militantes significados de los partidos y organizaciones de la izquierda así como a los militares que no hubieran querido sumarse a la sublevación. El Directorio, que «ejercerá el poder con toda su amplitud», gobernaría mediante decretos-leyes que «serán refrendados en su día por el Parlamento constituyente, en la forma que oportunamente se determine». En el documento también se hablaba de un «nuevo sistema orgánico del Estado». Nada se decía, sin embargo, sobre qué bandera se utilizaría, si la bicolor de la monarquía o la tricolor de la República, aunque en las «Instrucciones reservadas» emitidas el 31 de mayo Mola había dispuesto que el levantamiento se hiciera con vivas a la «España Republicana».