title: Conspiración golpista de 1936

text: Según Julio Aróstegui, el documento, «cuyo grado de aceptación por el conjunto de los conspiradores, sin embargo, desconocemos» (aunque Roberto Muñoz Bolaños afirma que los generales conjurados le dieron su aprobación), era «contradictorio en algunos aspectos» ―«destruía y pretendía conservar, al mismo tiempo, el régimen republicano»― y también «un completo galimatías propio de la mentalidad típica del Ejército en los años veinte y treinta» ―«no era una sublevación monárquica, tenía inspiraciones fascistas, rechazaba el integrismo católico y presentaba ciertos pujos “regeneracionistas”―. Por su parte, Francisco Alía Miranda, afirma que «el fin político del golpe de Estado estaba tan indeterminado como en ocasiones anteriores. No quería explicitar mucho para evitar que se retiraran algunos apoyos políticos conseguidos, como la CEDA, Renovación Española, Falange y Comunión Tradicionalista. Se presentaba como un movimiento apolítico, incluso dentro de la República, porque lo único que dejaron claro es que no era monárquico». En una de las “Normas de ejecución” enviadas por Mola se prohibía «todo género de manifestaciones de tipo político que pudieran quitar al movimiento el carácter de neutralidad absoluta que lo motiva». Stanley G. Payne considera que «probablemente» lo que el general Mola quería instaurar era «un sistema corporativo parecido a la república autoritaria del Estado Novo del vecino Portugal» o al régimen de Pilsudski en Polonia, y no un «sistema fascista revolucionario o de tipo "italiano"». «No era un programa de extrema derecha, sino que representaba una especie de común denominador de los grupos anti-izquierdistas de las derechas de diferentes matices, y no tenía nada que ver con la conspiración paralela de los monárquicos».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Sin embargo, el documento elaborado por Mola, con la colaboración al parecer de Queipo de Llano y de Cabanellas, no coincidía plenamente con el proyecto político del general Sanjurjo, el jefe de la conspiración destinado a presidir el Directorio militar. En una carta que le envió al general Mola el 9 de julio con motivo de las desavenencias de este con los carlistas, Sanjurjo le explicó sus planes tras la toma del poder que coincidían más con la Comunión Tradicionalista que con el documento “El Directorio y su obra inicial”. Así resume el historiador Julio Aróstegui el contenido de la carta que, según este historiador, «expresaba la quintaesencia del pensamiento de Sanjurjo», típico de los militares africanistas: «Se crearía… un gobierno “puramente apolítico”, de militares, asesorado por un consejo de “hombres prominentes”. Se revisaría todo lo legislado en “materia religiosa y social hasta el día” [“procurando volver a lo que siempre fue España”]. Deberían cesar “las actividades de los partidos políticos”. Y, en definitiva, habría que “ir a la estructuración del país desechando el actual sistema liberal y parlamentario” adoptando las normas de algunos países “para ellos modernas, pero seculares en nuestra patria”, lo que era un clara alusión a los regímenes fascistas. El Gabinete militar duraría hasta “encauzar al país por las normas indicadas”». Según Angel Viñas, «en puridad, no hay mucho de nuevo en este “testamento” [de Sanjurjo]. Se trataba de ir hacia otra dictadura militar, solo que, al principio y por un periodo indeterminado, sin ningún rey por encima. […] Sanjurjo presentaba un proyecto regresivo, por no decir absolutamente reaccionario. El rechazo del sistema que había sustentado la Restauración y la República era evidente, pero no apuntaba demasiadas ideas hacia el futuro… En cualquier caso, Sanjurjo no veía la dictadura militar como un régimen permanente y silenció lo que vendría después. Esto era algo muy comedido, pues en las fuerzas armadas, aunque predominaban los monárquicos, también había elementos republicanos y otros meramente profesionales».


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text: De todas formas el programa político diseñado por Mola consiguió el objetivo que pretendía: el apoyo al golpe de todas las derechas antirrepublicanas sin excepción.


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text: El general Mola concibió el plan militar de la sublevación concediendo el protagonismo a los militares en activo con mando sobre tropas, y no a los militares retirados como había sucedido en intentonas anteriores en las que habían tenido un papel relevante. Para Mola era esencial conseguir el apoyo de los comandantes militares de las diferentes provincias, y sobre todo de los de las provincias que eran cabecera de las ocho Divisiones Orgánicas pues de los generales que las mandaban solo había conseguido el apoyo de uno de ellos, el general Cabanellas al mando de la V División Orgánica con sede en Zaragoza. Mola le dio la vuelta el plan táctico que se había seguido hasta entonces. En lugar de partir de Madrid para irradiarse luego al resto del territorio, Mola se propuso sublevar las guarniciones periféricas para que estas convergieran sobre la capital.


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text: El primer esbozo completo del plan estratégico de la sublevación lo emitió el general Mola el 25 de mayo en el documento titulado «El objetivo, los medios y los itinerarios» que estaba prudentemente fechado en Madrid. Comprobada la dificultad de hacerse con el poder en Madrid, opción que hubiera preferido (pues «todo hecho que se realice en ella se adopta como cosa consumada por la inmensa mayoría de españoles… el poder hay que conquistarlo en Madrid»), Mola elaboró un plan de conquista del poder a partir de la sublevación de las Divisiones Orgánicas V (Zaragoza), VI (Burgos) y VII (Valladolid) que formarían una columna cada una para converger sobre la capital por el Norte, mientras las otras Divisiones Orgánicas sublevadas controlarían sus respectivas demarcaciones ―a la III División Orgánica (Valencia) también se le encomendaba que enviara una columna hacia Madrid y otra hacia Cataluña―. No había mucha esperanza en que las Divisiones Orgánicas I (Madrid) y II (Sevilla) se sublevaran. También se dudaba de que la Aviación Militar se uniera, dada la fuerte presencia que había en su seno de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). En cada una de las Divisiones Orgánicas sublevadas los generales al mando debían declarar el estado de guerra para poner en manos de los militares la autoridad de los gobernadores civiles y de los alcaldes. En las «Instrucciones reservadas números 2, 3 y 4» emitidas el 31 de mayo se precisaban estos planes: Pamplona sería el «reducto inexpugnable de la rebeldía» en caso de derrota y Burgos sería la ciudad a la que volaría Sanjurjo desde Portugal para hacerse cargo del poder. Así pues, según Stanley G. Payne, el plan de Mola «abandonaba el esquema de golpe de Estado y se formaba sobre la premisa de una guerra civil breve, formando columnas de las fuerzas en cuarteles en el norte y en el este para caer sobre Madrid en una lucha que se libraría con los medios existentes. Mola no emprendió ninguna iniciativa seria para ganar un apoyo extranjero».


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text: En este primer plan de la sublevación el general Franco no desempeñaba ningún papel, lo que podría indicar que aún se dudaba de su participación en la asonada. Con las que sí se contaba era con las «masas ciudadanas de orden», formadas sobre todo por las milicias falangistas y los requetés carlistas. Poco después se asignó al Comité Civil la misión de tener «preparada gente para que aplauda con entusiasmo a las fuerzas, para que estas se vean asistidas por el pueblo». En una instrucción específica dirigida a la VII División Orgánica (Valladolid) Mola especificaba que si en alguna de sus provincias se producía «un levantamiento armado de carácter civil perteneciente a elementos patriotas» (se refiere a las posibles sublevaciones independientes de falangistas y de requetés) el Ejército no sólo no debía reprimirlo sino tenía que «ponerse de su parte, pues hay que apoyar con toda decisión a los buenos españoles que se sublevan contra un estado de cosas que nos van a sumir en la ruina, la desolación y el descrédito».


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text: A principios de junio se produjeron algunas novedades en el plan: el general republicano Queipo de Llano pasó de estar al frente de la sublevación de la VII División Orgánica (Valladolid) ―de la que ahora se ocuparía el general Saliquet― a hacerse cargo de la sublevación de la II División Orgánica (Sevilla) y el también republicano general Cabanellas, jefe de la V División Orgánica (Zaragoza), confirmó que se sumaba a la conspiración ―Mola se entrevistó con él en Zaragoza el 7 de junio y acordaron las medidas para dominar la oposición que «opondría la gran masa sindicalista» y la organización de las «columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés»―. Por otro lado, por esas mismas fechas el banquero Juan March puso a disposición de Mola la suma de 600 millones de pesetas a través de una cartera de valores. A principios de julio se introduciría un cambio de última hora: el general Goded pasaría a encabezar la sublevación de la IV División Orgánica (Barcelona), mientras que el general Manuel González Carrasco se encargaría de la III División Orgánica (Valencia). El motivo fue el empeño del propio Goded, que empezaba a albergar dudas sobre las posibilidades de éxito del golpe. Goded le pidió a Mola el cambio porque estaba convencido de que la sublevación tenía más opciones de triunfar en Cataluña que en Valencia y para ello consiguió el apoyo de los oficiales de la UME que desconfiaban de la capacidad de liderazgo del general González Carrasco, designado inicialmente para sublevar la guarnición de Barcelona.


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text: Pero a mediados de junio el general Mola dio un giro a su plan. Decidió que la sublevación comenzaría en el Protectorado Español de Marruecos, «una decisión estratégica de gran importancia» provocada por «el pesimismo sobre la situación en Madrid», según Francisco Alía Miranda, valoración compartida por Stanley G. Payne que añade: «Mola llegó a la conclusión de que, por sí solos, los acuartelamientos de la península eran inadecuados para toda la operación y que la insurrección solo podría tener éxito si la mayor parte de las unidades de élite se trasladaban desde Marruecos». De esta forma establecía una nueva línea de ataque sobre Madrid que operaría desde el sur, reforzando así las posibilidades de éxito de la sublevación pues obligaría al Gobierno a dividir sus fuerzas para atender a los dos frentes (norte y sur). En el protectorado se encontraba el Ejército más preparado que Mola conocía muy bien. Las dos columnas que se formarían allí, sobre la base de la Legión y de los Regulares, pasarían a la península para avanzar sobre Madrid por Despeñaperros, la vía más directa.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Mola contactó con el general Franco, comandante militar de Canarias, para que se pusiera al mando del Ejército de África, aunque el general Sanjurjo desconfiaba de él por no haber participado en su sublevación de 1932 ―el primer contacto directo de Mola con Franco se había producido a finales de mayo o principios de junio mediante una carta enviada por Mola a Tenerife―. Pero el general Franco evitó comprometerse claramente ―«a Mola le enfurecía la indecisión del general Franco»― por lo que algunos de los militares conjurados le comenzaron a llamar "Miss Canarias" y "Mis Canarias de 1936" por lo mucho que se dejaba cortejar. Cuando el general Sanjurjo tuvo conocimiento de las reticencias del general Franco a comprometerse insistió en que no era indispensable. Se dice que exclamó: «¡Con Franquito o sin Franquito, salvaremos España».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Además el 23 de junio el general Franco le envió una carta al presidente del gobierno Casares Quiroga en la que le aseguraba que no se estaba fraguando ninguna conspiración en el Ejército («faltan a la verdad quienes os presentan al ejército como desafecto a la República, engañan quienes simulan complots», le decía) y en la que se ofrecía implícitamente para restablecer el orden público y acabar con cualquier movimiento golpista. En la carta le decía que el propósito de la misma era informarle del «estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares» ya que tal vez el presidente del gobierno tenía una «información inadecuada» sobre ese tema. «No le oculto a V.E. el peligro que encierra este estado de conciencia colectivo [de los militares] en los momentos presentes, en que se unen inquietudes profesionales con aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la patria».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Según Rafael Cruz, el motivo de la carta del general Franco «quizá» fue responder a la petición por parte de la prensa de izquierdas del procesamiento del teniente coronel Juan Yagüe por su intervención en la represión de la Revolución de Asturias de 1934. En cambio Roberto Muñoz Bolaños afirma que la carta era «un reflejo de la inquietud de la mayor parte de los militares españoles en ese momento» y que al no obtener respuesta de Casares Quiroga esto fue lo que hizo que Franco se inclinara por sumarse a la rebelión (a finales de junio o a principios de julio) y a partir de entonces mantuviera una línea de comunicación con el general Mola. Luis Romero hace una valoración similar (en la carta Franco «se hacía eco del grave estado de inquietud de la oficialidad, tanto por cuestiones profesionales como por el estado de la nación»), aunque reconoce que «difícil resulta aún hoy dar a esta carta una interpretación indiscutible. Cabe conjeturar que es un postrer intento de conseguir una corrección de la política gubernamental y un medio de presionar para evitar el choque armado. ¿Por qué Casares no respondió a aquella carta? Nunca se sabrá; un fallo más a cargar en su cuenta». Stanley G. Payne cree «un tanto exagerado» considerar la carta como un ejemplo del «doble juego» de Franco, porque «en realidad, estaba señalando —y correctamente— que la inmensa mayoría de los oficiales no estaban implicados en ninguna conspiración, pero que existía una gran preocupación por la política que el Gobierno estaba llevando a cabo, minando las estructuras del ejército y la seguridad de España en general». Según Gabriele Ranzato la carta —en la que el general Franco le mintió a Casares Quiroga al decirle que «le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones; prestan un desdichado servicio a la patria quienes disfracen la inquietud, dignidad y patriotismo de la oficialidad haciéndoles aparecer como símbolos de conspiración y desafectos»— es una prueba de la indecisión de Franco en aquellos momentos. En cuanto a sus pretensiones Ranzato cree que Franco trataba de explorar un camino alternativo al golpe «para conciliar de manera menos cruenta sus ambiciones personales con su inmovilismo social y político». Ranzato concede importancia al hecho de que la carta (cuyo destinatario real tal vez fuera, según Ranzato, el presidente de la República Manuel Azaña) fue enviada en un momento en que se hablaba de «dictadura republicana» y de gobierno de salvación nacional, por lo que «podía representar una oferta de apoyo militar a aquella operación».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Aunque aún se debate el grado de compromiso con la conspiración que tenía el general Franco a principios de julio (hay autores que, como Luis Romero, sostienen que Franco decidió «lanzarse a la acción» solo después del asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio), quedaba por resolver el problema del traslado de Franco al Protectorado de Marruecos desde Canarias. De eso se encargaron los monárquicos con el alquiler del avión Dragón Rapide en Inglaterra.En efecto, el 6 de julio el corresponsal del diario ABC Luis Bolín fletó en Londres un De Havilland D.H.89 Dragon Rapide con el dinero aportado por el banquero Juan March. Según Luis Romero, el alquiler del avión se hizo antes de que estuviese segura la participación del general Franco, por lo que según este autor el avión le fue enviado «para forzarle a tomar una decisión». El hecho cierto es que el 12 de julio, cuando el avión ya volaba hacia Canarias, Franco envió un mensaje a Mola en el que le decía «geografía poco extensa», lo que significaba que se retiraba de la conspiración. Pero al día siguiente era asesinado Calvo Sotelo lo que le llevó a comprometerse definitivamente con el golpe, como les ocurrió a otros militares que aún dudaban.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El 20 de junio Mola emitió unas «Instrucciones para las fuerzas de la Armada» en la que les asignaba como misión principal asegurar el estrecho de Gibraltar y transportar las tropas del Ejército de África a la península. En las Instrucciones Mola expresaba su confianza absoluta en que «la Armada española se pondrá al lado de sus hermanos [del Ejército], para luchar con objeto de lograr salga la Nación del estado deplorable en que se encuentra en la actualidad y cooperar con ello a restablecer el orden público y crear un Estado fuerte y respetado donde reine la Paz y la Justicia». Cuatro días después, el 24 de junio, Mola dirigía al teniente coronel Juan Yagüe unas «Directivas para Marruecos» en las que se le nombrara «jefe de todas las fuerzas» del Protectorado hasta la «incorporación de un prestigioso general» (Yagüe entendió que se trataba del general Franco) y en las que le advertía que el levantamiento debía ser simultáneo en todas las guarniciones y ser «desde luego, de una gran violencia». En las instrucciones le decía que las tropas del Ejército de África serían transportadas, gracias a la colaboración y la protección de la Armada, a los puertos de Algeciras y Málaga y desde allí se dirigirían hacia Madrid.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Según Francisco Alía Miranda, Mola no elaboró un único modelo de conspiración para todas las provincias españolas sino que diseñó cuatro en función de la presencia o no de fuerzas militares en ellas y en función también del grado de compromiso con la rebelión de los generales, jefes y oficiales contactados. Así el primer modelo lo englobaban aquellas provincias que contaban con unidades militares y en las que los jefes y oficiales que las mandaban apoyaban la conspiración (era el caso de Valladolid, Zamora, Burgos, Segovia, Salamanca, Granada, Córdoba, Málaga, Guadalajara, las cuatro provincias gallegas, La Rioja, Vizcaya y Valencia, además del Protectorado de Marruecos). El segundo modelo incluía aquellas provincias que tenían unidades militares pero en las cuales no se contaba con un apoyo amplio de sus mandos. Era el caso de Madrid, Barcelona y Sevilla, a las que se podrían añadir Asturias, Santander y Almería. El tercer y cuarto modelo se referían a aquellas provincias que no contaban con guarniciones militares, por lo que la cuestión decisiva sería la actitud que tomaran los mandos de la Guardia Civil. En unas estaba asegurado su compromiso, constituyendo así el tercer modelo (sería el caso de las provincias de Albacete, Toledo, Cuenca, Soria y Ávila), mientras que en otras no, como Jaén, Ciudad Real y Huelva, las que constituirían el cuarto modelo.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Tras las elecciones de febrero entre 10 000 y 15 000 miembros de las Juventudes de Acción Popular (JAP) abandonaron la organización para integrarse en Falange, en el Bloque Nacional e incluso en la Comunión Tradicionalista. José María Gil Robles dijo que respetaba a los que abandonaban el partido «por caminos de violencia, creyendo honradamente que de esta manera se resuelven problemas nacionales» y reconoció que «los partidos que actuamos dentro de la legalidad comenzamos a perder el control de nuestras masas; empezamos a aparecer ante ellas como fracasados; comienza a germinar en nuestra gente la idea de la violencia para luchar contra la persecución». Asimismo justificó en las Cortes la violencia derechista como respuesta a las provocaciones de la izquierda ―a los socialistas los acusaba de estar a «las órdenes de Moscú»― y a la inoperancia e «incuria» del gobierno, al que hizo directamente responsable de la guerra civil si esta se producía:  Muchos años después el líder moderado de la CEDA Manuel Giménez Fernández aludió a la «presión a favor de la guerra civil de la derecha, donde las Juventudes de Acción Popular, irritadas por los atropellos de la extrema izquierda y la lenidad de los poderes públicos, pasaban en oleadas al fascismo y a los requetés, y los financieros que volcaban sus arcas a favor de quienes preparaban la rebelión».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Desde ese momento, que se puede situar a finales de mayo de 1936, la CEDA con Gil Robles al frente comenzó a cooperar con los conjurados, algo que ya estaban haciendo las JAP y las juventudes de la Derecha Regional Valenciana (DRV), partido integrado en la CEDA ―el secretario general de la DRV, que estaba organizando su propia milicia clandestina, ofreció a Mola 1250 hombres para los primeros momentos del movimiento―. Sin embargo, Gil Robles «nunca fue involucrado directamente por los militares en sus planes».


title: Conspiración golpista de 1936

text: A principios de julio Gil Robles entregó al general Mola medio millón de pesetas de los fondos electorales del partido y al mismo tiempo dio instrucciones a las organizaciones provinciales para que se pusieran al lado de los militares en cuanto estallase la rebelión alistándose en sus filas, ofreciendo una colaboración desinteresada y evitando las luchas por el poder con otras formaciones derechistas. Según expuso Gil Robles en la carta que envió después de la guerra al fiscal instructor de la Causa General las pretensiones de la CEDA al sumarse a la sublevación fueron las siguientes: Otro servicio a la conjura lo protagonizó Gil Robles en persona cuando también a principios de julio, por sugerencia de Mola, intentó convencer a un reticente Manuel Fal Conde, líder de la Comunión Tradicionalista, para que aceptara la incorporación de los carlistas a la sublevación cuyo inicio era inminente. Cuando esta se produjo, «los militantes del partido se incorporaron al Ejército o colaboraron a título individual con los militares sublevados… y pasaron muchos de ellos a enrolarse en grupos milicianos propios uniformados con camisas pardas, en las raquíticas milicias de Renovación Española, en el Requeté o en las cada vez más nutridas filas de la Falange», afirma Julio Aróstegui. Sin embargo, esta afirmación se contradice con las instrucciones que dio Gil Robles a los cedistas para sumarse al golpe: «los elementos jóvenes se presentarán en el acto en los cuarteles para vestir el uniforme del ejército y colocarse bajo el mando de los jefes militares, huyendo todo lo posible de formar milicias o batallones propios».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Pero Gil Robles nunca quiso comprometerse públicamente con la sublevación y por eso se negó a acudir a la reunión en Burgos el 17 de julio de diputados derechistas convocados por el general Mola para que declararan faccioso al gobierno de Casares Quiroga y a las Cortes y pidieran la intervención militar. «Después de cinco años propugnando el legalismo, creía que esto sería “indecoroso”». Dos días antes había hecho al gobierno responsable moral del asesinato de José Calvo Sotelo y había vuelto a acusar a la izquierda de ser la causante del incremento de la violencia en España. Gil Robles «no jugó papel alguno en los acontecimientos posteriores y, además, abandonó el país». Se fue a Biarritz y desde allí se marchó a Lisboa para asegurar la ayuda a la sublevación del dictador portugués Oliveira Salazar. En las diversas ocasiones que visitó la zona sublevada fue recibido con gran hostilidad al ser acusado de ser el responsable del estallido de la guerra civil por haber traicionado a la derecha con su postura «accidentalista» ―en Salamanca un grupo de falangistas intentaron agredirle y detenerle―. Sin embargo, siguió colaborando con la sublevación y defendiéndola públicamente, incluso cuando la CEDA fue disuelta tras la promulgación por el "Generalísimo" Franco del Decreto de Unificación de abril de 1937. En una declaración firmada enviada desde Lisboa en 1942 para la Causa General, Gil Robles reconoció que había colaborado con la sublevación «con el consejo, con el estímulo moral, con órdenes secretas de colaboración e incluso con auxilio económico, tomado en no despreciable cantidad de los fondos electorales del partido».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Los monárquicos alfonsinos ―que constituían «la corriente política que más tempranamente estuvo implicada en conspiraciones antirrepublicanas, desde 1931»― participaron desde el primer momento en la conspiración hasta el punto que el líder de Renovación Española (RE) Antonio Goicoechea, en un comunicado secreto enviado en junio de 1936 a las autoridades fascistas italianas pidiendo ayuda económica, llegó a afirmar que la «vasta organización de carácter patriótico y nacionalista» que existía en el Ejército «ha sido formada, orientada políticamente en sentido antidemocrático y costeada por nosotros durante estos últimos años». Eduardo González Calleja afirma que «evidentemente, RE no llevó la iniciativa en la conspiración y la insurrección de 1936, pero su apoyo al Ejército, al contrario que otras fuerzas políticas, fue incondicional desde el primer instante, confiados como estaban en que las Fuerzas Armadas propiciarían el proceso restauracionista». Joan Maria Thomàs también destaca la influencia de los alfonsinos «entre una parte de los generales, jefes y oficiales del Ejército y la Armada a la hora de la preparación del golpe militar», además de su contribución «a crear el clima de desorden de la primavera y el verano de 1936», especialmente con «su actitud en las Cortes [que] fue de continua denuncia de la situación del país y de creación de un clima de agitación que contribuyó a enrarecer aún más el ambiente de deterioro del orden público». El llamamiento más o menos velado a la intervención del Ejército fue prácticamente una constante de los discursos pronunciados en las Cortes por el líder monárquico José Calvo Sotelo. Por ejemplo, el 19 de mayo dijo: «El deber militar... consiste en servir legalmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la patria, y en reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la patria... ». Un diputado republicano le increpó: «¡El señor Calvo Sotelo está invitando a la indisciplina!».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Los monárquicos alfonsinos estuvieron en permanente contacto con el general Mola y, sobre todo, con el general Sanjurjo, al que consideraban más dispuesto a restablecer a medio plazo la monarquía. El marqués de Quintanar, amigo suyo, lo visitó en varias ocasiones en Estoril y a mediados de junio, un grupo de monárquicos de Madrid reunieron 300 000 pesetas que le entregaron a Sanjurjo para darle «seguridades». Por su parte, José Calvo Sotelo ―que debido al encarcelamiento de José Antonio Primo de Rivera y a la pérdida de su escaño parlamentario de Antonio Goicoechea se había convertido en el líder de la derecha antirrepublicana― se encargó de la coordinación con el resto de los elementos civiles de la conspiración manteniendo contactos con los carlistas e informando a Gil Robles de lo que se estaba preparando —en sus intervenciones públicas reiteraba que el «estado de anarquía» en que vivía el país solo podía ser eliminado por una intervención militar—. A principios de junio el general Mola contactó con Calvo Sotelo por medio del periodista derechista Raimundo García García, "Garcilaso", director del "Diario de Navarra" ―que también hacía de enlace entre Mola y Sanjurjo, al que acababa de visitar en Estoril―, para informarle de sus planes y para advertirle que el movimiento que se estaba preparando no tendría un signo político determinado. Pocos días después Calvo Sotelo afirmaba que «la guerra civil que se avecina no será una lucha fácil ni un golpe de mano cuartelero» y que el triunfo dependerá de «si conseguimos que 30 000 jóvenes, 30 000 muchachos ardorosamente nacionales, se unan al Ejército». Entonces «nos habremos salvado. Si no sucede así, podremos considerarnos inevitablemente perdidos». Calvo Sotelo se puso «a las órdenes del Ejército» y continuó participando en Madrid en la preparación de la sublevación hasta su asesinato el 13 de julio. Pero públicamente Calvo Sotelo no solo negó cualquier implicación en la conjura militar sino que negó que esta ni siquiera existiera (aunque volvió a reconocer la obligación moral del Ejército «a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía, si esta se produjera»). El 15 de junio en un discurso en las Cortes «Calvo Sotelo pura y simplemente mintió», según Ángel Viñas, cuando dijo: «no creo ―y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto― que exista actualmente en el Ejército español… un solo militar dispuesto a sublevarse a favor de la monarquía y en contra de la República».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Una de las funciones fundamentales de los monárquicos alfonsinos fue la relación con la Italia fascista, cuyo interlocutor principal era Antonio Goicoechea, en quien Falange también había delegado su representación ante Mussolini. El 14 de junio Goicoechea, en nombre suyo, de Calvo Sotelo y de Primo de Rivera, envió a Roma una comunicación ―por medio del enlace que utilizaba habitualmente: Ernesto Carpi, empleado de banca italiano afiliado al Partido Nacional Fascista radicado en Barcelona, que mantenía un estrecho contacto con el líder fascista Italo Balbo, y a través de este con el conde Ciano y con Mussolini― en la que solicitaba «una rápida ayuda de un millón de pesetas como mínimum» «para la realización urgente de un golpe de Estado con las máximas garantías de éxito». Para justificar la petición calificaba la situación española de «guerra civil inorgánica y esporádica presidida por un gobierno cuyos últimos restos de energía se emplean en facilitar la obra de la revolución debilitando los organismos defensivos del Estado y persiguiendo a las mismas clases sociales que la Revolución pretende destruir». Y a continuación señalaba que al no existir en España agrupaciones de excombatientes, tenía que ser «el Ejército quien, lo mismo que en el siglo pasado con sus pronunciamientos, realice este movimiento de recuperación nacional por la violencia a la que le impulsa de un modo exasperado toda la sociedad española situada en contra o al margen del Frente Popular». En la carta también se decía que en el Ejército «existe una vasta organización de carácter patriótico y nacionalista… que ha sido formada, orientada políticamente en sentido antidemocrático y costeada por nosotros estos últimos años» y que tal organización «es la encargada de realizar el Golpe de Estado de acuerdo con los elementos civiles, elevándose a la presidencia del Estado al general Sanjurjo». No existe constancia de si la petición del millón de pesetas «como mínimo» (27.400 libras) fue atendida por Mussolini. Sin embargo, Javier Rodrigo afirma que no se concedió.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Los monárquicos alfonsinos también fueron los protagonistas en la operación que permitió el traslado del general Franco desde Canarias hasta el Protectorado español de Marruecos donde debía encabezar el Ejército de África una vez que triunfara allí el golpe de Estado. Fue el coronel Alfredo Kindelán, especializado en el Arma aérea, el que, siguiendo las órdenes de Franco de que buscara un medio de transporte, se puso en contacto con el marqués de Luca de Tena, propietario y director del diario monárquico ABC, a través de Fernando Herrera, hombre de confianza del líder de la CEDA, José María Gil Robles. El Marqués de Luca de Tena por su parte encargó el 5 de julio desde Biarritz al corresponsal de diario ABC en Londres Luis Bolín que alquilara un avión (o un hidroavión) y lo llevara a Casablanca, donde recibiría nuevas instrucciones de un enlace con la contraseña «Galicia saluda a Francia», y de allí a Canarias. El dinero, dos mil libras esterlinas, se lo proporcionaría un tal Mayorga que trabajaba en la City de Londres. Contando con la ayuda de Juan de la Cierva y Codorniu, inventor del autogiro, que vivía en la capital británica, Bolín alquiló finalmente un avión Dragón Rapide, matrícula G-ACYR, de radio de acción mediano y siete plazas, estacionado en el aeródromo de Croydon y contrató Cecil W.H. Bebb para que lo pilotara y al que acompañarían un mecánico y un telegrafista ―a quienes se les ocultó el motivo real del viaje―. Para camuflar la operación llevarían como pasajeros, además de Bolín, a Hugo Pollard, conocido de Douglas Jerrold, amigo de los conspiradores, y a dos mujeres (una de ellas la hija de Pollard), que tampoco sabían nada. El viernes 10 de julio De la Cierva y Bolín se entrevistaron con el Duque de Alba quien, junto con De la Cierva, se comprometió a hacerse cargo de los daños que pudiera sufrir el avión que no cubriera el seguro.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El avión despegó de Croydon el sábado 11 de julio e hizo una primera escala en Burdeos, donde se encontraba Luca de Tena y el marqués del Mérito, quien se sumó a la expedición con el encargo de alquilar un pequeño avión en Tánger para que el viaje del general Franco pueda llegar hasta donde convenga, sin tener que depender de los aeródromos de Larache, Tetuán o Melilla, los únicos del Protectorado donde podría aterrizar el "Dragon Rapide". Las siguientes escalas fueron Biarritz, para repostar; el pequeño aeródromo militar de Espinho, cerca de Oporto; y Lisboa, donde Bolín informó al general Sanjurjo. Desde allí volaron a Casablanca a donde llegaron al atardecer del día 12 de julio. En esta ciudad del Marruecos francés tuvieron que permanecer dos días, alojados en el Hotel Carlton, mientras se reparaba el avión. Allí se enteraron por la prensa francesa del asesinato el día 13 de julio de Calvo Sotelo y entonces Bolín decidió permanecer en Casablanca esperando la vuelta del marqués del Mérito que había partido para Tánger nada más llegar. El día 14 el Dragón Rapide voló hasta Cabo Juby, en el Sáhara español, donde volvió a repostar, y de allí al Aeródromo de Gando (Gran Canaria) a donde llegó a las 14.40, hora local. Pollard y las dos mujeres viajaron en barco a Tenerife donde aquel le dio la contraseña convenida al doctor Gabarda “Galicia saluda a Francia” que significaba que el avión había llegado sin novedad, y el doctor Gabarda le hizo llegar la noticia al general Franco por medio del teniente coronel Francisco Franco Salgado-Araújo. Pollard y las dos mujeres se quedaron en las islas unos días más y regresaron a Inglaterra en barco.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Luis Romero da una versión un poco diferente del tramo final del viaje del "Dragon Rapide". Según Romero, lo que estaba previsto era que el avión permaneciera en Casablanca hasta que llegara un emisario o enlace con la consigna pactada y que llevaría unas instrucciones concretas (emisario que nunca llegó y que nunca se ha sabido quién podía haber sido). La noticia de la muerte de Calvo Sotelo altera los planes y Botín decide darle instrucciones a Pollard para que viaje a Canarias y entre en contacto con el doctor Gabarda en Tenerife dándole la contraseña convenida "Galicia saluda a Francia". «Pollard, que gusta de la intriga y la aventura, acepta la misteriosa misión [Botín no le ha revelado el verdadero objeto vuelo] y continúa viaje con las dos mujeres». Mientras, Botín se queda en Casablanca esperando al enlace, aunque duda de que pueda llegar «dada la nueva situación que va a plantearse» tras el asesinato de Calvo Sotelo.


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text: Pero la «aportación operativa más importante que llevaron a cabo los monárquicos de cara a los preparativos finales del golpe de Estado», en palabras de Ángel Viñas, fue la compra de 43 aviones de combate con su correspondiente armamento y munición (y combustible y piezas de recambio), por un valor de 39,3 millones de liras (616.000 libras), realizada por Pedro Sainz Rodríguez en Italia el 1 de julio con el conocimiento de Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo (Sainz Rodríguez habría contado con el asesoramiento del aviador Juan Antonio Ansaldo, según Ángel Viñas, o del general Alfredo Kindelán, según Roberto Muñoz Bolaños, historiador que afirma además que detrás de Kindelán estaría el general Mola muy interesado en contar con aviones para proteger y facilitar el avance de la infantería). Esta compra significaba, según Viñas, que los monárquicos no se preparaban para un golpe de estado sino «para dirimir una corta guerra». Una valoración compartida por Pilar Mera Costas: «[su] volumen parece indicar que al menos los conspiradores civiles no descartaban el hecho de que el golpe acabase derivando en una guerra, para cuyo caso resultaría conveniente estar bien pertrechados».


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text: Sainz Rodríguez firmó cuatro contratos con la empresa aeronáutica italiana SIAI que no fueron descubiertos hasta 2012. El hallazgo fue obra del historiador español Ángel Viñas, que los encontró en los archivos de Sainz Rodríguez y los publicó al año siguiente. El primer contrato, por valor de 16,2 millones de liras, era la compra de 12 aviones Savoia-Marchetti S.M.81, acompañados de 10.000 bombas de 2 kg, 500 de 50 kg, 1.500 de 100 kg y 100 de 250 kg, además de carburantes y lubricantes. Todo ello debía entregarse durante el mes de julio. El segundo contrato, por valor de 15,1 millones de liras, era la compra de 21 cazas CR 32. El tercer contrato, por valor de 2,2 millones de liras, incluía tres cazas CR 32 más y tres Macchi 41, junto con motores, ametralladoras y otros productos. El cuarto y último contrato, por valor de 5,6 millones de libras, incluía tres S.M. 81 más y un hidroavión Savoia-Marchetti S.55, además de bombas, ametralladoras, proyectiles perforantes y otros materiales. En los contratos se estipulaba que había que pagar al contado contra la entrega del material, cuyo plazo máximo era finales de agosto (finales de julio para los 12 S.M. 81 del primer contrato). Los aviones y el resto del material llegarían a España por vía marítima. El dinero, según Ángel Viñas, fue adelantado a los monárquicos por el financiero Juan March.


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text: Según Ángel Viñas los contratos demostrarían la implicación de la Italia fascista en la conspiración y su decisión de intervenir en España, Sin embargo, Roberto Muñoz Bolaños considera que «estos contratos no fueron más que un acuerdo mercantil entre dos personas privadas… Es probable que el Gobierno italiano conociera estas negociaciones, pero no hay ningún documento que demuestre que las avaló oficialmente». Por su parte Javier Rodrigo apoya la interpretación de Viñas y afirma que los contratos supusieron la «cristalización» del apoyo del fascismo italiano a la sublevación. También suscribe la afirmación de Viñas de que los pagos de todo ese material bélico habrían corrido a cargo «básicamente» del banquero Juan March. Según Rodrigo, March puso a disposición de los sublevados las 800.000 libras del crédito que había obtenido de un banco de Londres. El 11 de julio, diez días después de la firma de los contratos, Antonio Goicoechea le anunció a Mussolini por carta que la sublevación tendría lugar en pocos días.


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text: Según Angel Viñas el descubrimiento por él mismo en 2012 de los contratos firmados el 1 de julio de 1936 abrió una nueva perspectiva sobre la ayuda inicial prestada por Mussolini a los sublevados. Hasta ese momento se pensaba que el envío de los 12 Savoia-Marchetti S.M.81 a Marruecos que permitió al general Franco, junto con los aviones aportados por la Alemania nazi, poder trasladar las tropas del Ejército de África a la península, superando el bloqueo en que se encontraba, se había debido a las gestiones realizadas por el general Franco a través de los representantes italianos en Tánger (el cónsul De Rossi y su agregado militar, el comandante Luccardi, agente de Servicio de Información Militar [SIM]) y por su enviado a Roma Luis Bolín, y se había concedido escasa importancia a la gestión en paralelo realizada por los monárquicos Antonio Goicoechea, Luis María de Zunzunegui y Moreno y Pedro Sainz Rodríguez que también habían viajado a Roma, enviados estos por el general Mola.


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text: Así pues, según Viñas, lo que hicieron los italianos fue cumplir con los contratos del 1 de julio, una vez valoradas positivamente las posibilidades del triunfo de la sublevación gracias a los telegramas enviados por De Rossi y Luccardi a favor del «movimiento de Franco» ―quien, según Viñas, habría sido informado de la existencia de los contratos, al igual que el general Mola, aunque no hay pruebas de ello―. Para que llegaran rápidamente a Marruecos los doce Savoia-Marchetti S.M.81 no fueron enviados por barco, sino que volaron con escala en Cerdeña debidamente camuflados (y armados) con tripulaciones militares de la Regia Aeronautica, que se harían pasar por miembros de la Legión, al mando del teniente coronel Ruggero Bonomi. Aterrizaron en el aeródromo de Melilla el día 30 de julio, pero sólo llegaron nueve aparatos pues uno se perdió en el mar y dos tuvieron que realizar aterrizajes forzosos en el Marruecos francés, uno de los cuales acabó estrellándose (gracias a lo cual el gobierno de París tuvo conocimiento de la operación y la prensa francesa e internacional dieron la noticia, lo que provocó un enorme escándalo). Los nueve Savoia-Marchetti S.M.81 comenzaron a transportar tropas a la península el 5 de agosto. El resto de los aviones del contrato del 1 de julio llegaron por vía marítima (así como el resto de material bélico): 12 cazas CR 32 llegaron a Melilla en la noche del 12 al 13 de agosto y los 9 restantes llegaron a Vigo el 27 de agosto (estos últimos para apoyar a las fuerzas del general Mola); los Macchi llegaron a Palma de Mallorca también el 27 de agosto.


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text: El partido fascista Falange Española de las JONS (FE) fue «la mayor fuerza antiizquierdista que optó por la acción directa». Paradójicamente, «FE no estaba inicialmente demasiado preparada para la violencia extrema..., aunque poco a poco lo fue estando, y mostraría una gran virulencia» (sus primeras acciones violentas fueron en realidad en respuesta a las agresiones de los grupos de izquierda). Además, Falange no se lanzó inmediatamente a una campaña de agitación contra el gobierno del Frente Popular sino que José Antonio Primo de Rivera le dio una oportunidad a Manuel Azaña para que se «emancipara» de los «dos terribles riesgos» que le cercaban («el separatismo y el marxismo») para «convertirse del caudillo de una facción, injusta como todas las facciones, en el jefe del Gobierno de España». Pero la respuesta de Azaña fue la represión contra Falange que inició a finales de febrero, solo diez días después de haberse constituido el gobierno. El 27 de febrero fue clausurada su sede central en Madrid bajo la acusación de tenencia ilícita de armas y una semana después era suspendido "Arriba", el periódico del partido. El primer acto violento falangista de gran repercusión mediática y política fue el intento de asesinato del destacado catedrático y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa el 11 de marzo perpetrado por afiliados del SEU como represalia por la muerte el día anterior de un compañero en un tiroteo —el 6 de marzo habían sido asesinados cuatro miembros de la CONS por no secundar una huelga y el 7 un miembro del SEU había muerto víctima de un disparo durante un mitin en Palencia—. Jiménez de Asúa resultó ileso pero murió el policía que lo escoltaba, el inspector Jesús Gisbert. Los autores fueron detenidos, uno por la policía española en Madrid y los otros tres por la policía francesa en Biarritz, a donde habían huido en un avión pilotado por el monárquico Juan Antonio Ansaldo ―quien también acabaría siendo arrestado―. Tras el entierro del agente Gisbert, que se celebró el 13 de marzo, los asistentes al mismo realizaron una serie actos vandálicos como el asalto al periódico derechista "La Nación", cuyas oficinas y talleres quedaron completamente destruidos (por lo que nunca volvería a publicarse), y la quema de dos iglesias (una de las cuales quedó reducida a escombros). Al día siguiente también se produjeron incidentes graves en Logroño, donde hubo ocho muertos y seis heridos graves. Los asesinos del agente Gisbert fueron condenados el 8 de abril a veinticinco años de prisión, el cabecilla, y a seis años cada uno, sus dos cómplices. El 13 de abril era asesinado el juez Manuel Pedregal, «para que sirviera de advertencia a los jueces en futuras causas contra los falangistas», según Paul Preston. Pedregal había condenado a los cómplices del atentado contra Asúa.. También había condenado a treinta años de cárcel a un falangista por el asesinato de un vendedor callejero de periódicos de izquierda. El mismo día de los incidentes en Logroño, 14 de marzo, la policía detenía en su propio domicilio al líder de Falange José Antonio Primo de Rivera que había perdido su inmunidad parlamentaria al no resultar elegido diputado en las elecciones de febrero. Fue acusado de tenencia ilícita de armas. También fueron detenidos el resto de los miembros de la Junta Política de Falange y gran parte de los jefes de centuria y los escuadristas de Primera Línea de toda España. En total fueron arrestados unos dos mil falangistas. El día 16 de marzo era tiroteada la casa del líder socialista Francisco Largo Caballero —los autores solo fueron condenados a dos meses y medio de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego; por otro lado, un grupo falangista llegó a planear su asesinato cuando visitara a su esposa en el hospital donde estaba ingresada por una enfermedad terminal pero Primo de Rivera no lo autorizó―. Al día siguiente, 17 de marzo, un tribunal declaró a Falange organización ilegal, por tenencia ilícita de armas y actividades violentas. El Gobierno decretó el cierre de sus sedes y la detención de todos sus jefes provinciales —el 27 de febrero la policía ya había cerrado la sede de Madrid por posesión ilícita de armas—. Stanley G. Payne ha puntualizado que «en cambio, no se tomaron medidas contra ninguna de las organizaciones violentas de la izquierda» a pesar de que, según Payne, «la mayoría de los que murieron en los conflictos de estas semanas eran de derechas o contrarios a la izquierda, y fueron asesinados por izquierdistas». «La policía era mucho más rigurosa con la derecha y a menudo hacía la vista gorda cuando los grupos de izquierda provocaban altercados», afirma Payne. La razón era que «el Gobierno no podía enfrentarse a los revolucionarios de la misma manera que a los fascistas, ya que dependía de los votos de aquellos». Sin embargo, Payne reconoce que «los grandes disturbios producidos en las ciudades» también fueron obra de falangistas, junto con «las organizaciones juveniles socialistas y comunistas».


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text: El partido se adaptó con rapidez a la clandestinidad, bajo la jefatura virtual de Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, y siguiendo las directrices e instrucciones que este les daba desde la cárcel. Y al mismo tiempo se radicalizó aún más. Como ha señalado Joan Maria Thomàs, el gobierno se equivocó al lanzar la ola de represión contra Falange creyendo que ello «le permitiría acabar con las provocaciones fascistas. En primer lugar, porque Falange continuó sus actuaciones y, en segundo, porque éstas entraron en una nueva oleada de enfrentamientos con jóvenes y no tan jóvenes socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, en una escalada de brutalidad desconocida hasta entonces por su virulencia y magnitud».


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text: El intento de José Antonio de que su hermano Fernando se entrevistara con Mussolini para explicarle los planes desestabilizadores de Falange y pedirle ayuda fue frustrado por el embajador italiano en Madrid que estaba convencido de las pocas posibilidades de éxito de una insurrección falangista. Por su parte el agregado aéreo italiano informó a su gobierno de que Falange «ha sido provista de abundantes medios financieros por los partidos de derecha». Sin embargo, el 30 de abril un tribunal declaró legales los estatutos y los 27 Puntos de Falange, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 8 de junio.


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text: El día de su detención, el 14 de marzo, Primo de Rivera escribió en los calabozos de la DGS un manifiesto en el que afirmaba que Rusia era la que había ganado las elecciones de febrero pues «el comunismo manda en la calle; en estos días los grupos comunistas de acción han incendiado en España centenares de casas, fábricas e iglesias, han asesinado a mansalva, han destituido y nombrado autoridades». Por ello Falange convocaba a todos «estudiantes, intelectuales, obreros, militares españoles, para una nueva empresa peligrosa y gozosa de reconquista».


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text: En cuanto el general Mola tomó el mando de la conspiración militar a mediados de abril, Falange estuvo completamente al tanto a través de la UME, con la que mantenía contactos especialmente en el Protectorado español de Marruecos, y también por medio del teniente coronel Juan Yagüe, que era miembro del partido. El 4 de mayo José Antonio Primo de Rivera hizo pública desde la cárcel su "Carta a los militares de España" en la que los incitaba a la rebelión:


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text: En otro de sus escritos Primo de Rivera volvía a repetir el mismo llamamiento a los militares para que se sublevaran:  Sin embargo en aquel momento el líder de Falange se seguía mostrando reticente a participar en el golpe, posición que solo cambió tras recibir la vista en la cárcel el 29 de mayo de un capitán enviado por el general Mola. Dos días después un emisario de José Antonio Primo de Rivera, Rafael Garcerán Sánchez, le comunicó a Mola que el partido disponía de «unos 4000-5000 hombres como vanguardia de choque». Esta visita fue acompañada de una carta de Primo de Rivera al general Mola con fecha del 1 de junio que le hizo llegar por mediación de Agustín Aznar en la que se adhería a la sublevación, aunque a cambio de que se concediera un papel destacado a Falange en el Nuevo Estado. La respuesta vaga que recibió de Mola hizo que el líder de Falange se mostrara más reticente a colaborar.


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text: De hecho el mismo día, 6 de junio, en que el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de un tribunal que levantaba la ilegalización de Falange, Primo de Rivera escribió en el periódico falangista clandestino "No importa": El 16 de junio Primo de Rivera designó al líder monárquico alfonsino Antonio Goicoechea como su representante ante el gobierno italiano y el conjunto de la extrema derecha, según Eduardo González Calleja, «para contrapesar la figura de un Calvo Sotelo que estaba cobrando creciente protagonismo en la conspiración» ―ese mismo día Calvo Sotelo se había autoproclamado fascista ante el pleno de las Cortes―. El 20 de junio Primo de Rivera advertía en alusión a Calvo Sotelo que «no seremos, ni vanguardia, ni fuerza de choque, ni inestimable auxiliar de ningún movimiento confusamente reaccionario… Somos ―se ha dicho muchas veces―, no vanguardia, sino ejército entero, al único servicio de nuestra propia bandera». En una circular emitida desde la cárcel de Alicante el 24 de junio Primo de Rivera continuaba mostrando sus dudas sobre la participación de Falange en los «más o menos confusos movimientos subversivos». Llegó a amenazar con la expulsión del partido a los militantes que llegaran a pactos locales con los conjurados sin su autorización expresa.


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text: Sin embargo cinco días después, el 29 de junio, Primo de Rivera dio la orden de la intervención sin condiciones del partido en la conspiración al enviar instrucciones «reservadísimas» a los jefes territoriales y provinciales para que acordaran con los militares de su demarcación las acciones conjuntas, en las que las milicias falangistas actuarían bajo sus propios mandos, aunque la única garantía que había dado el general Mola, en la entrevista que había mantenido con Fernando Primo de Rivera unos días antes, había sido que el poder no sería entregado de inmediato a los dirigentes de la derecha. «José Antonio había pensado que un partido perseguido y virtualmente desarticulado no tenía otra alternativa que ponerse a disposición del Ejército», afirma Eduardo González Calleja. Según Joan Maria Thomàs, Primo de Rivera temía «que un golpe militar con connivencia de las opciones ultraderechistas mayoritarias —alfonsina y/o carlista— marginasen a FE de las JONS». Así, «los recelos de Primo fueron cayendo uno tras otro cual castillo de naipes al aproximarse la fecha del golpe militar».


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text: Hacia las nueve de la noche del sábado 11 de julio un grupo de falangistas armados toma la emisora Unión Radio de Valencia y lanzan desde sus micrófonos la siguiente proclama (abandonando las instalaciones a continuación antes de la llegada de los Guardias de Asalto; la reacción de las izquierdas fue muy violenta):


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text: El mismo día 17 de julio en que se inició el golpe de Estado de julio de 1936 en el Protectorado español de Marruecos el líder Falange hizo el siguiente llamamiento desde la cárcel de Alicante donde se encontraba preso: Tras el fracaso de las derechas en las elecciones de febrero el carlismo decidió seguir la vía insurreccional con sus propias fuerzas. Para ello se preparó al Requeté, que estaba recibiendo una oleada de nuevos miembros ―en marzo de 1936 ya contaba con unos 25.000 efectivos―, y se compraron armas en el extranjero con el dinero recibido de la Italia fascista y de carlistas prominentes. También se recibieron por fin los equipos de radio solicitados a los italianos en 1934. Para dirigir la insurrección se constituyó en San Juan de Luz una Junta Suprema Militar Carlista o Junta de Conspiración ―o “Junta Carlista de Guerra”― presidida por don Javier, que actuaba en nombre de su tío el pretendiente Alfonso Carlos de Borbón.


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text: Los líderes carlistas don Javier y Manuel Fal Conde, jefe delegado nacional de la Comunión Tradicionalista desde principios de mayo, mantuvieron contactos con los generales conjurados, especialmente con el jefe nominal de todos ellos, el general Sanjurjo, al que visitaron en varias ocasiones en su exilio portugués, buscando la colaboración o al menos la no intervención del Ejército cuando los carlistas marcharan sobre Madrid. Le llegaron a proponer que encabezara una sublevación con los Requetés sobre lo que Sanjurjo se mostró cauto añadiendo que «desde luego» de llevarla a cabo sería «poniéndose de acuerdo con las guarniciones del norte». Fal Conde también mantuvo contactos con José Antonio Primo de Rivera para la colaboración de Falange en la insurrección. Pero a principios de junio la policía desarticuló gran parte de la trama conspirativa carlista, lo que coincidió con la negativa de Sanjurjo a participar si no se contaba con el apoyo del resto de generales implicados en el golpe que estaba preparando Mola. Esto obligó a Fal Conde a entrevistarse con él. La primera reunión entre Fal Conde y Mola tuvo lugar el día 13 de junio y la definitiva el 15 de junio en el monasterio de Irache. En ellas Fal Conde le expuso a Mola las condiciones de la Comunión Tradicionalista para la intervención en el movimiento que incluía la presencia de dos consejeros civiles «designados previamente por la Comunión Tradicionalista» (probablemente el propio Fal Conde y Primo de Rivera) en el Directorio presidido por Sanjurjo, el uso de la bandera bicolor (de la monarquía), la derogación inmediata de la Constitución de 1931 y de toda la legislación laica republicana, la disolución de los partidos políticos «incluso los que hayan cooperado» y el establecimiento de un Estado corporativo ―en definitiva, «que se garantice que la futura política responda a los dictados de la Religión y acometa la reconstrucción política del Estado sobre bases sociales u orgánicas para acabar con el parlamentarismo y el sufragio liberal», como se decía en un documento entregado a Mola―. Fal Conde defendía además que la Dictadura fuera de «duración temporal… hasta llegar a unas elecciones». El general Mola no aceptó estas condiciones al considerarlas «inadmisibles» pues «nos harían prisioneros de cierto sector político en el momento de la victoria», como Mola explicaría más tarde, y Fal Conde, por su parte, rechazó con contundencia el documento «El Directorio y su obra inicial» que le presentó Mola, alegando que contenía propuestas como la separación Iglesia-Estado inaceptables para los carlistas ―para Fal Conde lo que los militares tramaban no eran más que «disparates republicanos»―. Tras discutir especialmente sobre el color de la bandera que deberían ondear los insurrectos, la entrevista acabó con un rotundo fracaso.  El 2 de julio Fal Conde desde San Juan de Luz le hizo llegar al general Mola una nota en la que le insistía en el tema de la bandera bicolor y en la incorporación de dos consejeros civiles al Directorio y en la que amenazaba con retirarse de la conjura si esas exigencias no eran atendidas. Entonces Mola le pidió al líder de la CEDA José María Gil Robles, que fue acompañado de Francisco Herrera Oria, y al monárquico alfonsino Juan Ignacio Luca de Tena, director y propietario del diario ABC, que se reunieran con Fal Conde en San Juan de Luz. La reunión tuvo lugar el 5 de julio pero acabó muy mal debido, según Fal Conde, al desprecio que mostraron los «mediadores» a la posible contribución del carlismo al movimiento, por lo que solo sirvió para envenenar aún más las relaciones de Fal Conde y Mola.


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text: Las cartas que intercambiaron Fal Conde y Mola en los días siguientes no consiguieron mejorarlas. En una de ellas Mola reconocía que «recurrimos a ustedes porque contábamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados que no pueden llamarse soldados; de haberlos tenido nos hubiéramos desenvuelto solos» —y le recriminaba a Fal Conde que «el precio que ustedes ponen para su colaboración no puede ser aceptado por nosotros. [...] El Tradicionalismo va a contribuir con su intransigencia de modo tan eficaz como el Frente Popular al desastre español. Allá Vds. con su responsabilidad histórica»—. La situación se desbloqueó gracias a la intervención personal del general Sanjurjo que en una carta con fecha del 9 de julio, portada por el líder carlista Antonio Lizarza que se había entrevistado con él en Estoril, aceptó que los carlistas portaran la bandera bicolor ―pues el tema de la bandera, según Sanjurjo, no era más que «cosa sentimental y simbólica»― mientras el resto de las unidades insurrectas no llevarían ninguna, aunque en la carta Sanjurjo no se comprometía con el tipo de régimen que se constituiría tras el periodo de gobierno del «Gabinete Militar» ―por otro lado, la «carta expresaba la quintaesencia del pensamiento de Sanjurjo», según Julio Aróstegui―. Según Luis Romero, «la carta recomienda a Mola que se pliegue a las exigencias carlistas, utilizando algunos argumentos que ponen de manifiesto hasta qué punto... su pensamiento era elementalmente conservador, reaccionario».


title: Conspiración golpista de 1936

text: La carta de Sanjurjo del 9 de julio satisfacía solo en parte las aspiraciones de don Javier y de Fal Conde —que recibieron el respaldo del pretendiente carlista Alfonso Carlos de Borbón desde Viena— pero ante el peligro de división del carlismo, pues la Junta de Navarra estaba ya dispuesta a sumarse a la sublevación cuyo comienzo era inminente, y sobre todo a causa de la conmoción que causó entre los carlistas y los requetés la noticia del asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio, los líderes tradicionalistas renunciaron definitivamente a realizar una insurrección en solitario. Además, al día siguiente, 14 de julio, el general Mola, que hasta entonces había dudado de la autenticidad de la carta de Sanjurjo pues no contenía la contraseña convenida entre ellos, les hizo saber que estaba «de acuerdo con las orientaciones que en su carta del 9 de julio indica el general Sanjurjo y con las que el día de mañana determine él mismo, como jefe de Gobierno». Así, en la noche del día 15 la Junta de San Juan de Luz autorizó oficialmente la participación del carlismo en el movimiento militar con la condición de que su programa fuera el contenido de la carta de Sanjurjo ―lo que le habían hecho saber a Mola en una nota firmada por don Javier y por Fal Conde en la que se decía que «la Comunión Tradicionalista se suma, con todas sus fuerzas, en toda España al Movimiento Militar para la Salvación de la Patria, supuesto que el excelentísimo señor general 'director' acepta como programa de gobierno el que en líneas generales se contiene en la carta dirigida al mismo por el excelentísimo señor general Sanjurjo, de fecha 9 último»―. Don Javier dio la orden de movilización del Requeté bajo la autoridad del Ejército y con «nuestra bandera, nuestros símbolos, vivas, organización y jerarquía» si se actuaba en unidades propias.


title: Conspiración golpista de 1936

text: A pesar de que ya han dado su conformidad a Mola, los carlistas hacen un último intento de capitalizar el levantamiento. Se ofrecen para ser ellos quienes traigan en avión desde Lisboa al general Sanjurjo. La idea es llevarle a San Juan de Luz y desde allí, una vez iniciado el levantamiento, trasladarle a Pamplona, acompañado de Fal Conde, «para ponerse así al frente de los requetés y dar carácter especialmente carlista al alzamiento». Pero la misión será encomendada por Mola al piloto falangista Juan Antonio Ansaldo con el trágico resultado de la muerte de Sanjurjo en el accidente que sufre el avión durante la maniobra del despegue.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El gobierno de Casares Quiroga comenzó a tener evidencias de las actividades conspirativas del general Mola nada más constituirse en el mes de mayo gracias a un informe del general Juan García Gómez-Caminero, Inspector general del Ejército. Además la UMRA había montado una red espías en los cuarteles, aunque en muchas ocasiones las informaciones que transmitían no eran del todo creíbles pues estaban llenas de «alarmismos, fantasía y exageraciones interesadas».


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text: Por su parte el aparato policial tenía cierto conocimiento de la trama. El director general de Seguridad, José Alonso Mallol, había organizado la instalación de numerosas escuchas telefónicas de los sospechosos de estar involucrados en la conspiración. Para el mes de mayo ya tenía confeccionada una lista de más 500 implicados que entregó al presidente de la República, Manuel Azaña y al presidente del Gobierno, Casares Quiroga, «con la recomendación de que se procediera a su detención». Pero Azaña y Casares Quiroga no hicieron nada al respecto, temerosos, según Paul Preston, de las posibles reacciones, y los preparativos golpistas continuaron. Lo que sí hicieron fue enviar circulares cifradas a los gobernadores civiles para que estrecharan la vigilancia a los grupos sospechosos, aunque evitando «rozamientos» innecesarios y manteniendo la «convivencia» (había llegado quejas de insultos a militares por parte de miembros de las izquierdas obreras). Una del 2 de junio estipulaba lo siguiente:


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text: El 3 de junio Alonso Mallol visitó Pamplona acompañado de un numeroso grupo de policías y Guardias de Asalto con el objetivo de realizar varios registros y encontrar pruebas de la implicación del general Mola en la conspiración. Sin embargo, gracias a un aviso del comisario de policía y confidente de Mola, Santiago Martín Báguenas (adscrito a la Dirección General de Seguridad), los conspiradores estaban prevenidos y el registro policial no aportó ninguna evidencia. El resultado negativo de la inspección hizo creer al gobierno que Mola no era el cerebro de la conspiración ―el gobierno desconocía quién se escondía bajo el sobrenombre de «El Director»―. Por eso cuando el alcalde de Estella Fortunato Aguirre alertó poco después a Casares Quiroga sobre las reuniones que estaba manteniendo el general Mola con militares en el monasterio de Irache fue ignorado. Casares Quiroga le dijo al alcalde: «el general Mola es un republicano leal, que merece el respeto de las autoridades». Al teniente coronel de la Guardia Civil en Pamplona José Rodríguez Medel, que sospechaba de Mola (este lo mandó fusilar cuando intentó parar el golpe), tampoco le hicieron caso. Según Payne esto también pudo deberse a la alta consideración que tenía Casares Quiroga del general Mola quien, cuando era director general de Seguridad durante la Dictablanda de Berenguer, había hecho que trasladaran a Casares Quiroga, detenido tras el intento de insurrección republicana de diciembre de 1930, a una celda mucho más cómoda debido a su delicado estado de salud.


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text: Por otro lado, el fracaso del registro de Pamplona demostró que los conjurados contaban con complicidades dentro del aparato del Estado. Por ejemplo, el comisario de Orden Público de la Generalitat de Cataluña Vicente Guarner Vivancos denunció que pocos días antes del inicio de la sublevación un emisario suyo enviado a Madrid con un informe sobre la conspiración fue detenido en Zaragoza y obligado a volver a Barcelona con la mayor impunidad. Lo cierto es que, según Julio Aróstegui, el gobierno nunca investigó ni depuró las complicidades de dentro del aparato del Estado con los conjurados.


title: Conspiración golpista de 1936

text: También a principios de junio el gobierno fue informado de que el teniente coronel Juan Yagüe, jefe de la Legión en Ceuta, estaba implicado en la conspiración, y Casares Quiroga lo hizo venir a Madrid. Pero tras la entrevista que mantuvo con Yagüe el presidente del gobierno le dejó retornar a su puesto (desde donde encabezaría la sublevación del Protectorado español de Marruecos el 17 de julio) pues quedó convencido de que «jamás haría traición a la República». «Me ha dado su palabra de honor», le comentó Casares Quiroga a su adjunto Ignacio Hidalgo de Cisneros ―quien le había advertido de que Yagüe estaba implicado en la conjura y le había insistido en que el Gobierno debía tomar medidas contra los militares que conspiraban, así como responder a los asesinatos de Falange―. «Fue un error político monumental», afirma Paul Preston. La carta que el general Franco le envió el 23 de junio al presidente del gobierno Casares Quiroga en la que le aseguraba que no se estaba fraguando ninguna conspiración en el Ejército («faltan a la verdad quienes os presentan al ejército como desafecto a la República, engañan quienes simulan complots», le decía) también tranquilizó a Casares Quiroga (y a Azaña), por lo que contribuyó «a reforzar la confianza del Gobierno respecto al fracaso de una eventual sublevación en el caso de que llegara a producirse». El gobierno también fue advertido en repetidas ocasiones por miembros destacados de los partidos y organizaciones de izquierda. Uno de los más persistentes fue el socialista Indalecio Prieto a quien Casares Quiroga, cansado de tanta insistencia, finalmente le respondió con un exabrupto: «No estoy dispuesto a soportar las exaltaciones de su menopausia» ―Prieto disgustado se marchó a Bilbao y no volvería a Madrid hasta que le comunicaron la noticia del asesinato de José Calvo Sotelo―. Un desplante parecido les dio Casares Quiroga a las personas que le hablaron de la actividad conspirativa del general Queipo de Llano: «¿Pero ustedes le temen a Queipo de Llano?... ¿No saben que Queipo no es más que un imbécil? Además, ¿qué va a hacer? ¡Como no subleve a los Carabineros en la frontera! ¡Lo único que tiene es despecho porque hemos destituido a su consuegro!». A Largo Caballero le dijo que hacía demasiado caso a las historias de militares aburridos y amargados. El diario "El Socialista" no dejó de alertar al gobierno con numerosos artículos publicados en sus páginas y redactados gracias a las redes de información socialista. En su edición del domingo 12 de julio, el mismo día en que por la tarde sería asesinado el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo y el asesinato ya en la madrugada del lunes 13 del líder monárquico José Calvo Sotelo, volvía a insistir en que los rumores sobre la conspiración militar no eran tales, sino «datos exactos» y volvía a ofrecerse al gobierno como «una fuerza movilizable en caso de necesidad». Sin embargo, Azaña juzgó estos artículos como contraproducentes pues alarmaban a la opinión pública y la echaban en contra de los militares, para los que Azaña pedía confianza en su sentido del deber, su disciplina y la lealtad a su juramento.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Los comunistas, al igual que los socialistas, contaban con sus propias redes de información dentro de los cuarteles que les informaban «sobre las actividades de los jefes fascistas del ejército». La diputada comunista Dolores Ibárruri "Pasionaria" trató de alertar a Casares Quiroga de los preparativos del general Mola en Pamplona, pero el presidente del gobierno le contestó que «Mola es leal a la República» y que los oficiales del ejército español «se mantenían en los límites de la más estricta disciplina» dispuestos a obedecer «las órdenes del Gobierno legalmente constituido». Santiago Carrillo, líder de las JSU, también visitó a Casares Quiroga junto con el secretario general del PCE José Díaz e Indalecio Prieto, pero encontró la misma respuesta. «Aquel hombre flaco, enfermo, con ojos de fiebre, trató de convencernos de que el Gobierno dominaba la situación y que la amenaza no era tan grave. Llegó a decir que estaba deseando que se sublevaran para poderlos aplastar», escribió Carrillo en sus "Memorias". Algo parecido escribió en el exilio el socialista Juan Simeón Vidarte quien recordó que en una de las reuniones que mantuvieron con Casares Quiroga este les dijo: También los militares republicanos advirtieron a Casares, especialmente los miembros de la UMRA. Hacia el día 10 de julio sus dirigentes le informaron de que el golpe militar se iniciaría el 16 de julio y que en él estaban implicados Goded, Mola, Fanjul, Varela, Franco, Aranda, Alonso Vega, Yagüe y García Valiño, pero Casares Quiroga les respondió que no había riesgo de sublevación.


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text: Tampoco hicieron demasiado caso Azaña y Casares Quiroga a las advertencias que les hacían llegar los gobernadores civiles, como el del de Granada que a finales de junio envió un detallado informe sobre las maniobras sospechosas que se estaban realizando en la guarnición de su demarcación. La respuesta fue que se vio obligado a dimitir por las tensiones que había creado con el jefe militar de la plaza. La frase que se le atribuyó a Casares Quiroga de que en respuesta a los periodistas unos pocos días antes de estallar la sublevación había dicho «¡Que se levanten! Yo, en cambio, me voy a acostar», no aparece en ningún periódico de la época.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Terminada la guerra civil algunos líderes del bando republicano culparon a Azaña y a Casares Quiroga de la derrota por no haber hecho caso a las advertencias. Uno de los más contundentes fue el socialista Francisco Largo Caballero: «¿Pudo evitarse la guerra civil? Sí, pudo evitarse. Con menos desdén por parte de los señores Azaña y Casares Quiroga para las denuncias que les hice, la sedición hubiera sido abortada y nos hubiéramos salvado de la catástrofe… Por su culpa, cayó España en el abismo».


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text: La actuación del gobierno de Casares Quiroga y la del presidente de la República Manuel Azaña, han sido objeto de un intenso debate entre los historiadores. Buena parte de ellos los han acusado como mínimo de pasividad ante la conspiración. Es el caso de Julio Aróstegui que considera que no actuaron con más contundencia porque «Azaña y muchos elementos de su partido, y el propio Casares Quiroga, jefe del Gobierno, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932 en el Ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, estimando además que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla». «El gobierno de Casares Quiroga ocupa en toda esta historia un lugar calificable de todo menos brillante y acertado», añade Aróstegui. «El gobierno tenía información y suficientes elementos de juicio sobre lo que se tramaba» pero «Casares Quiroga y sus ministros se negaron a indagar a fondo la verdadera entidad de la conjura», concluye este historiador. Y ello a pesar de que «entre los meses de marzo y julio de 1936, tanto los rumores como las noticias, advertencias, evidencias y denuncias sobre lo que se preparaba en la clandestinidad circularon con profusión en la prensa, los corrillos y mentideros y, naturalmente, en los organismos políticos y el Parlamento». Estas noticias, rumores y advertencias se acrecentaron durante el mes de julio.


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text: La valoración de Aróstegui es compartida por otros historiadores como Paul Preston: «Santiago Casares Quiroga, enfermo de tuberculosis, no estaba a la altura de los problemas que tendría que resolver… Casares se negaba sistemáticamente a creer los informes fidedignos de la conspiración militar». Lo mismo afirma Francisco Alía Miranda: «El gobierno tomó ciertas medidas, sin duda, pero no las drásticas que hubiera hecho falta». Alía Miranda reconoce que el gobierno actuó sobre la cúpula militar ―finalmente solo uno de los ocho generales que comandaban las Divisiones Orgánicas se sublevaría; y de los dieciocho generales de división, sólo se sublevaron cuatro (Franco, Goded, Queipo de Llano y Cabanellas) y de los treinta y dos generales de brigada, lo hicieron dieciocho; en cambio entre los oficiales del Estado Mayor el 80% se adhirió a la rebelión― «pero se olvidó o quiso olvidarse de lo que sucedía en cada provincia. Se limitó a ordenar a los gobernadores civiles la vigilancia de los sospechosos civiles y militares, y en muy pocos casos su detención y la recogida de armas».


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text: Stanley G. Payne coincide con Alía Miranda en que el Gobierno «había adoptado algunas medidas relevantes para mantener el control sobre el ejército» («casi todos los altos mandos habían sido relevados... fueron detenidos muchos activistas civiles, sobre todo falangistas, y algunos cabecillas de la conspiración estaban bajo vigilancia al menos parcialmente»), pero que no fue más lejos porque Casares Quiroga y Azaña necesitaban al ejército si finalmente se producía una intentona revolucionaria por parte de la izquierda. En este sentido, Azaña y Casares Quiroga «se sentían situados entre dos fuegos». «Azaña quería ser aliado de la izquierda revolucionaria, no su prisionero. Tras convertirse en Presidente de la República, la angustia y el temor se apoderaron de él y se encerró en sí mismo». Casares Quiroga, por su parte, no quería jugar el papel de Kerensky en la Revolución rusa de 1917 y de hecho tenía en su despacho un fotografía del presidente del gobierno ruso derrocado por los bolcheviques. El ministro de la Gobernación Juan Moles participaba de la idea de que no había que provocar en el ejército una reacción de solidaridad. También contaban con la división que existía entre los militares y con que la intentona anterior («La Sanjurjada») había sido aplastada con facilidad.


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text: Más categórico es Ángel Viñas en su juicio sobre Azaña y Casares Quiroga ya que los acusa de no actuar con la debida contundencia ante las informaciones que les llegaban sobre la conspiración, lo que, según Viñas, constituyó «el gran error de la República». Viñas considera que «el Gobierno pecó de inoperante» y además le recrimina haber focalizado su atención en una posible insurrección anarquista, sobre todo después de conocer las resoluciones del IV Congreso de la CNT celebrado en Zaragoza del 1 al 10 de mayo. Antony Beevor, por otro lado, ha llegado a comparar la actitud de Azaña y de Casares Quiroga con la de Neville Chamberlain ante Hitler pues «tanto Azaña como Casares Quiroga desoyeron todas las advertencias». «El presidente de la República, sobre todo, parecía haber perdido su sentido político. Sufría momentos de depresión combinados con brotes de euforia que paralizaban su voluntad y le sumían en amargas reflexiones sobre la escasa altura de miras de los políticos españoles».


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text: Igual de contundente se muestra Gabriele Ranzato cuando afirma que «a la luz de los acontecimientos posteriores, la imprevisión de la pareja Azaña-Casares respecto a la sedición parece rozar la irresponsabilidad. Porque noticias, señales y advertencias sobre proselitismo y contactos de los conspiradores les llegaron en gran número». Ranzato reconoce que «Casares estaba al tanto de la conspiración —aunque ignoraba su alcance— y no había dejado de tomar algunas medidas para impedir su extensión», pero fueron «incoherentes» debido a «una visión de los problemas, en primer lugar, "mando-céntrica", es decir, orientada a confiar su solución al control de los altos cargos militares, olvidando las segundas líneas, que en realidad estaban en perfectas condiciones de sustituirlos en el mando y, por edad, estaban más dispuestas a la acción. Y, por otro lado, esa visión parece condicionada también por una perspectiva "Madrid-céntrica", tanto en el sentido de una errónea extensión a todas las fuerzas armadas del panorama mayoritariamente militar-burocrático, no proclive a aventuras, ofrecido por el ambiente castrense de la capital, como en el sentido de una excesiva seguridad respecto a que una concentración en esta ciudad de los mandos y de las unidades más fiables, sobre todo de las fuerzas de orden público, la haría prácticamente inexpugnable, destinando al fracaso el ataque subversivo». Por otro lado, Ranzato también les reprocha a Casares Quiroga y a Azaña haber nombrado para la cúpula militar «en su mayor parte» a «personajes grises, elegidos más por afinidad política —verdadera o presunta— con los gobernantes republicanos que por sus capacidades y hazañas guerreras» (como fueron los casos del Jefe del Estado Mayor, general José Sánchez Ocaña y de su segundo Manuel Lon Laga, e incluso el del propio ministro de la Guerra con Azaña, su amigo el general Carlos Masquelet; durante la guerra, el primero fue inmediatamente destituido, el segundo destituido y fusilado, y el tercero desempeñó un papel marginal). Más imprudentes aún fueron los nombramientos militares en el Protectorado Español de Marruecos pues todos ellos, elegidos con criterios políticos, se vieron sorprendidos por los oficiales golpistas al mando de tropa.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El historiador militar José García Rodríguez, general de brigada (retirado) del Ejército del Aire, señala que Casares Quiroga y Azaña «estaban convencidos de que las posibilidades de un amplio movimiento militar eran mínimas. Mientras que en 1931, Azaña temía un golpe, en 1936 estaba persuadido de que los tres año de "supremacía del poder civil" habrían neutralizado un problema histórico... El Gobierno, pues, prefería creer en las excusas de lealtad de Yagüe, Franco y Mola, convencidos de que se produciría otra "sanjurjada", fácilmente aislable y reducible». Procuraron controlar la posible intentona militar con el nombramiento de militares leales en los puestos clave pero «apenas pudieron cubrir los Mandos de División, parte de los de Brigada y de pocos regimientos» y «ningún conspirador importante fue destituido», mientras «los rebeldes trabajaban con la UME en actuar sobre los mandos de "Compañía" y de "Batallón", capitanes y comandantes; así como en los Estados Mayores de las divisiones».


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text: Luis Romero, por su parte, matiza que Santiago Casares Quiroga fue «un chivo expiatorio» sobre el que cargar la culpa aunque reconoce que no estuvo «exento de graves responsabilidades». «Que Casares pecara de imprevisor por mal informado, que le faltara energía o valor para emplear procedimientos más enérgicos, que se dejara vencer por la fatiga y el pesimismo y, más que nada, que no fuera el hombre idóneo para afrontar aquella situación límite, parece demostrado. El mal procedía de lejos; su actuación al frente del Gobierno fue desacertada desde el primer día. Pero tampoco las circunstancias le fueron favorables».


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text: José Luis Martín Ramos también afirma que el severísimo juicio contra Casares Quiroga, quien nunca quiso escribir su propia versión, ha de ser matizado ya que la responsabilidad de que el golpe se produjera «no fue suya en absoluto y la posibilidad de evitarlo excedió a las capacidades gubernamentales, a la capacidad de cualquier gobierno español de la época». Sin embargo, Martín Ramos considera que «a la vista de lo que ocurrió, es claro que Casares Quiroga no tuvo un comportamiento feliz». Según este historiador, Casares Quiroga «erró en la orientación que dio a su respuesta» a la conspiración pues «le aplicó un método policial de vigilancia, confiando en la lealtad de los mandos del ejército y las fuerzas de orden público, sobre todo en la capital; con lo que se situó a remolque de los acontecimientos… Recelaba de dar cualquier paso en falso, que favoreciera a los conspiradores. Añadió errores de apreciación o de prejuicio político compartidos con Azaña. El de mantener en sus puestos a los mandos militares que no habían levantado sospecha activa, o se creía que finalmente apoyarían al gobierno, como Queipo de Llano o Miguel Cabanellas. O el de preferir en los nombramientos a supuestos militares “profesionales”, léase apolíticos, frente a aquellos que pudieran tener un perfil comprometido con alguna organización y sobre todo con la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA)...; ejemplo de ello fue la designación de Sánchez Ocaña como jefe del Estado Mayor Central, donde actuó con toda permisividad frente a los conspiradores... En el extremo de ese error de apreciación se dejó engañar por las mentiras de Franco y Yagüe, que le hicieron protestas de lealtad y de no estar por ninguna conspiración». Pero el principal error de Casares Quiroga y de Azaña, según Martín Ramos, fue no haber movilizado de forma «preventiva» a las «masas», error en el que también cayeron las organizaciones del Frente Popular que «se subordinaron a la acción del gobierno» y no «se plantearon ninguna respuesta de movilización preventiva, ni que fuera en tono muy menor al de octubre de 1934». «Quizá por eso la crítica posterior a Casares Quiroga fue mayúscula; cargó con todas las culpas, porque le cargaron con todas las responsabilidades».


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text: Sin embargo hay historiadores que niegan la tesis de la pasividad o la dejación de autoridad del gobierno. Es el caso de Rafael Cruz: «las medidas tomadas por el Gobierno republicano antes y durante la rebelión pudieron ser insuficientes, los planteamientos gubernamentales equivocados y los servicios de información de la policía y del Ejército ineficaces, cuando no a favor de la rebelión [como lo demostraría el «soplo» policial a Mola el 4 de junio cuando el director general de Seguridad se dirigía a Pamplona para detenerlo]. Pero en ningún caso reflejan una parálisis o la inacción por parte del Gobierno». El gobierno mediante cientos de vigilancias, traslados forzosos, ceses y detenciones de los militares más alejados del régimen republicano, así como el descubrimiento de planes y recursos de los conjurados ―que les obligaron en muchas ocasiones a improvisar―, intentó asegurarse la lealtad de las guarniciones y de las comandancias situando al frente de ellas a militares comprometidos con la República ―especialmente en las cabeceras de las Divisiones Orgánicas―. En este sentido Cruz subraya la labor del general Pozas, inspector general de la Guardia Civil, cuya política de nombramientos, ascensos y traslados consiguió que este cuerpo de seguridad no se sumara al golpe en lugares tan decisivos como Madrid y Barcelona, lo que fue clave para su fracaso. Asimismo destaca la decisión de concentrar en Madrid a toda la Guardia de Asalto de las dos Castillas al considerar que la resistencia de la capital era clave en el resultado de una posible rebelión, de tal manera que hubiera más policías que militares en Madrid. El gobierno, según Rafael Cruz, no dejó de intentar conseguir el control civil del Ejército, pero se encontró con dos obstáculos difíciles de superar: «el primero de ellos residía en la complicidad de algunos mandos policiales, tanto civiles como militares, con los organizadores de la rebelión»; «el segundo obstáculo consistía en el equívoco de las relaciones de significativos jefes militares con el Gobierno», como los generales Franco, Queipo de Llano o Cabanellas, e incluso el general Mola, que combinaban la promesa de lealtad a la República con la de sumarse o permanecer expectantes ante la rebelión ―«el Gobierno, en cambio, no podía tener confianza en ellos, pero estaba obligado a mantener en secreto las desafecciones de altos jefes militares, al no controlar sus consecuencias políticas»―.


title: Conspiración golpista de 1936

text: Pilar Mera Costas también niega la tesis de la pasividad de Casares Quiroga y de Azaña. Tras enumerar las medidas que tomaron para intentar acabar con la conspiración, justifica su actuación recordando que la República era un estado de derecho lo que les impedía actuar sin pruebas, solo basándose en rumores. «El Gobierno era el primero que debía mantener la legalidad en una democracia». Además tanto Azaña como Casares Quiroga insistieron en que había que mantener la calma y «transmitir a la opinión pública mensajes de confianza en el Estado, el Ejército y las fuerzas de orden público». Para confirmar su tesis Mera Costas aporta el testimonio de Santos Martínez Saura, secretario civil de Azaña, quien en sus memorias escritas en el exilio afirmó que la actuación tanto de Azaña como de Casares Quiroga no estuvo guiada por la indiferencia sino por la prudencia. «Ninguno de ellos quería dar pasos en falso y moverse sin pruebas suficientes por respeto a la ley y por temor a precipitar la sublevación, creando mártires y molestando con un movimiento precipitado a aquellos militares que todavía no habían optado por la conspiración». Según Martínez Saura, «Casares confiaba en la fortaleza del régimen y de sus defensores y esperaba que los traslados, detenciones y cambios de mando fueran suficientes para debilitar la sublevación y que, cuando esta se produjese, sus cabecillas quedasen al descubierto y las fuerzas republicanas bastasen para vencer, como había sucedido el 10 de agosto de 1932. Un pensamiento que, según el secretario, compartía la mayor parte de líderes de izquierda…». Otra prueba que aporta Mera Costas es el hecho de que el gobierno logró abortar la intentona golpista del 20 de abril.


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text: Por último esta historiadora se refiere a la reunión del Consejo de Ministros del 10 de julio en la que los miembros del gabinete fueron informados por el presidente Casares Quiroga de lo que se sabía hasta ese momento de la conspiración —se seguía sin saber quien era «El Director»—. Allí se debatió si había que proceder a la detención de los sospechosos, tal como proponían el subsecretario de Presidencia Carlos Esplá y el director general de Seguridad José Alonso Mallol, aunque no se poseían pruebas determinantes, lo que impediría su procesamiento, o esperar un poco más y yugular el movimiento una vez se hubiera iniciado como en 1932, un movimiento del que se tenían indicios de que comenzaría en cuarenta y ocho horas. Se impuso la segunda opción, que era la que defendían Casares Quiroga y Azaña. Stanley G. Payne coincide con el análisis de Mera Costas: «Era posible abortar el movimiento mediante una serie de detenciones inmediatas, pero no había pruebas concluyentes para procesar a los cabecillas. La alternativa era esperar a que el movimiento madurara (siempre dando por hecho de que sería una repetición de la "sanjurjada") y aniquilarlo completamente cuando se pusiera en marcha, que era lo que ya había decidido el propio Azaña». Según recordó años más tarde el ministro de Instrucción Pública Francisco Barnés Salinas Casares Quiroga dijo:


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text: Como colofón Mera Costas defiende la figura de Casares Quiroga, objeto de críticas crueles, coincidiendo en esto «con la caricatura monstruosa de la propaganda oficial del franquismo» (Joaquín Arrarás escribió en plena guerra civil sobre él: «cruel e inhumano, se solaza en su oficio de verdugo; aplica sus dotes de inventiva a idear nuevas formas de tormento […] atacado de un sadismo morboso, organiza secuestros y asesinatos…»). Destaca que uno de los pocos políticos republicanos que denunció el linchamiento de Casares Quiroga fue el socialista Julián Zugazagoitia: «Hay un tipo de injusticia histórica, difícilmente reparable, que es el que hace que Casares Quiroga resuma en sí mismo, personificando culpas colectivas, a cuantos, por acción o por abandono, contribuyeron a facilitar a los generales el ambiente y el pretexto de la insurrección».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Un ejemplo de la actitud gubernamental, según Mera Costas, sería la actuación del gobernador civil de Sevilla José María Varela Rendueles que dio crédito «a las promesas de fidelidad absoluta de militares conspiradores en vísperas del golpe». En sus memorias ("Rebelión en Sevilla. Memorias de su gobernador rebelde", páginas 92-94) publicadas en 1984 reconoció que cometió el error de confiar «en la verdad ajena y en la ajena lealtad». «Si se nos decía: —Yo acato la República. —Yo estoy dispuesto a servir a la República. —Tiene usted mi palabra de que seré leal a la República. Esa tenía que ser la verdad y no cabía dudar de ella... Aun sabiendo como se sabía que se conspiraba en los cuarteles, se mantenía la confianza en el Ejército... ¿Con qué derecho poner en duda la fidelidad de la palabra empeñada por unos hombres que hacen culto al honor y sagrado el empeño de cumplirla? ¿No sería ofensiva insensatez, culpable provocación, todo asomo de desconfianza?».


title: Conspiración golpista de 1936

text: Joan Maria Thomàs ha señalado que los gobiernos republicanos fracasaron a la hora de desarticular el golpe (creyeron que lo podrían detener «como si de una intentona como la de Sanjurjo se tratara»), pero que su mayor fracaso fue no conseguir «mantener el orden público y la estabilidad política y social del país». Thomàs afirma que la responsabilidad primera de la guerra civil recae en los que se alzaron contra la República, «pero aquellos que deberían haber defendido la Constitución no supieron hacerlo ni mantener las condiciones de convivencia política imprescindible, desactivando las bases y fundamentos de los golpistas». Eso es lo que explicaría, según Thomàs, que el golpe de Estado de julio de 1936, a diferencia de "La Sanjurjada" de agosto de 1932, «encontró el apoyo no solo de la ultraderecha, sino también de muchos sectores derechistas, de muchos católicos y de muchas personas que querían que el orden público fuese restaurado a toda costa».


title: Conspiración golpista de 1936

text: A principios de julio Mola había conseguido comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias sobre todo a la trama clandestina de la UME dirigida por el coronel Valentín Galarza (cuyo nombre clave era «El Técnico») ―como han destacado varios historiadores, el papel de la UME fue determinante en la organización de la conspiración pues fueron sus integrantes los que contactaron con los jefes y oficiales que tomarían el mando de la sublevación en aquellos lugares donde los generales se mantuvieran fieles a la República―. Pero Mola no contaba con todas las guarniciones ―y de los jefes de las ocho Divisiones Orgánicas solo con uno―, y especialmente tenía serias dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia. Según Luis Romero, la red de la conspiración había «tomado una extensión prometedora, pero insuficiente para asegurar el éxito inmediato».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El 1 de julio Mola emitió su última directriz bajo el título "Informe reservado" en la que reconocía que «el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario» y «que la propaganda no ha alcanzado un resultado completamente halagüeño» ―lo que traslucía un pesimismo también personal―, refiriéndose a continuación a las dificultades que estaba teniendo para incorporar a la sublevación a los carlistas ―«una fuerza nacional indispensable para la acción en ciertas provincias», decía Mola― a los que acusaba de que «la colaboración es ofrecida a cambio de concesiones inadmisibles» que hipotecarían «el provenir del nuevo Estado». Lo que contrastaba con la actitud de Falange con la que ya había alcanzado un acuerdo, aunque se quejaba de que no había aumentado el pistolerismo falangista para «provocar una situación de violencia» «para, apoyados en ella, proceder», «pero es el caso que hasta este momento —no obstante la asistencia prestada por algunos elementos políticos— no ha podido producirse, porque aún hay insensatos que creen posible la convivencia con los representantes de las masas que mediatizan el Frente Popular». El "Informe reservado" acababa diciendo: «Se ha de tener presente que todo está ya en marcha y que no ha de cundir el desaliento».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El relativo pesimismo de Mola por la falta de garantías de éxito de la rebelión ―que era compartido por el general Queipo de Llano quien tras recorrer Andalucía había encontrado «escasa disposición militar y mucha resistencia civil»― es lo que explicaría los continuos aplazamientos de la fecha en que debería iniciarse. Según Stanley G. Payne, la resistencia de bastantes militares a participar se debía a que «los oficiales constituían un grupo burocrático poco interesado, en su mayoría, en involucrarse en una acción desesperada que posiblemente les llevaría a la ruina. Les preocupaban sus familias y sus pensiones». Por otro lado, «la debilidad de la conspiración se acentuaba además por el hecho de basarse en consideraciones preventivas. Aparentemente, el éxito de una contrarrevolución sólo podía garantizarse si existía una clara amenaza revolucionaria, pero la izquierda revolucionaria aún no había tomado las armas», añade Payne.


title: Conspiración golpista de 1936

text: En la segunda semana de julio, en plenas fiestas de San Fermín, Mola recibió la visita de su hermano el capitán Ramón Mola Vidal, que era su enlace con los conjurados en Cataluña. Este le traía malas noticias porque los servicios de seguridad de la Generalitat de Cataluña habían descubierto sus planes. Como no confiaba en el éxito de la sublevación le rogó a su hermano que desistiera. Pero el general Mola le contestó que era demasiado tarde y le ordenó que regresara a Barcelona. Cuando fracasó el golpe en Cataluña el capitán Mola se suicidó.


title: Conspiración golpista de 1936

text: El general Mola fijó finalmente el 12 de julio (el 10, según Payne) como la fecha del inicio del golpe pero las dificultades para alcanzar un acuerdo con los carlistas y la detención por la policía de dos enlaces falangistas que portaban documentos comprometedores le obligaron a aplazarla hasta el 14 de julio ―y a cambiar la contraseña acordada con Fernando Primo de Rivera de «Covadonga», inicio de la Reconquista, a «Granada», final de la misma―. En ese momento, según Payne, el general Mola tenía muchas dudas de que la sublevación triunfara. El 9 de julio Mola le había escrito al líder carlista Manuel Fal Conde, que seguía resistiéndose a participar en el golpe si no se aceptaban sus condiciones: «De cuantos han actuado en esta aventura, la única víctima voy a ser yo».


title: Conspiración golpista de 1936

text: El domingo 12 de julio hacia las diez de la noche fue asesinado en una céntrica calle de Madrid el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, muy conocido por su compromiso con los socialistas a cuyas milicias había entrenado (dos meses antes los falangistas habían asesinado al capitán Carlos Faraudo, un oficial del Ejército en activo que también entrenaba a las milicias socialistas y que como del Castillo era miembro de la UMRA). Como represalia algunos compañeros suyos del cuartel de Pontones, acompañados por miembros de las milicias socialistas, sacaron de su casa en la madrugada del lunes 13 al diputado monárquico José Calvo Sotelo y le descerrajaban dos tiros en la nuca. El cadáver fue arrojado a la puerta del depósito de cadáveres del cementerio de La Almudena y fue encontrado a mediodía.