title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: La primera diligencia del sumario es ordenar a la Primera Brigada Criminal que traiga al juzgado a los guardias de asalto que estuvieron de servicio esa noche en el cuartel de Pontejos, tras haber averiguado que desde él habían salido varias camionetas durante la madrugada. También ordena que lleven al juzgado al portero de la finca de Calvo Sotelo y a cuantos testigos hubiera en la casa que no sean familiares. Poco después le llevan al conductor Orencio Bayo Cambronero pero este niega haber prestado ningún servicio durante la noche y alega que la camioneta nº 17 que estaba a su cargo había aparecido esa mañana en un lugar diferente en la que él la había dejado. Lo sigue negando incluso cuando es reconocido por los dos guardias que custodiaban el portal de la casa de Calvo Sotelo, por el portero, por la institutriz y por el botones. Lo mismo había dicho cuando antes de ser llevado al juzgado había sido interrogado en la DGS por el comisario Aparicio. Según Ian Gibson, «su terca negativa a confesar su participación en los hechos o, más correctamente, su presencia mientras estos se consumaban, dificultó considerablemente el rápido esclarecimiento del crimen».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: En cuanto le comunican que se había encontrado el cadáver de Calvo Sotelo, el juez Gómez Carbajo se desplaza al cementerio para examinarlo. Comprueba que tiene dos orificios de bala en la nuca. A continuación se dirige al cuartel de Pontejos para inspeccionar la camioneta. Ve que ha sido lavada pero a pesar de ello observa que entre las tablas del suelo hay restos de sangre. Ordena que sea trasladada al sótano del Juzgado de Guardia para realizar allí un detallado análisis forense y además se incauta del libro de servicios de la 2ª Compañía, a la que pertenecía el teniente Castillo (más tarde comprueba que los servicios correspondientes a la noche del 12 al 13 no figuran anotados). Vuelve al juzgado donde le informan de que no se ha recibido ninguna noticia de la policía sobre quiénes puedan ser los autores del asesinato. Se propone entonces organizar una rueda de reconocimiento con los guardias de Asalto de la compañía del teniente Castillo y además llama a declarar a los tenientes Máximo Moreno y Alfonso Barbeta (este último, para evitar que sean reconocidos por los testigos elimina de la lista de los guardias de Asalto que han de comparecer en el juzgado a tres de los que iban en la camioneta nº 17 —Aniceto Castro Piñeira, Bienvenido Pérez y Ricardo Cruz Cousillos—, alegando que están de servicio). Además del chófer Orencio Bayo, dos guardias son reconocidos por los testigos (los dos guardias de seguridad, la institutriz, el botones y el portero) y fueron detenidos —ninguno de los dos tenía que ver con el crimen; uno de ellos alegará años después que lo confundieron con otro—. Del interrogatorio de los tenientes Máximo Moreno y Alfonso Barbeta el juez sólo obtiene evasivas (Ian Gibson plantea que en lugar del teniente Moreno pudo tratarse del capitán Moreno, y que el juez se equivocó cuando tres años después relató los hechos a los jueces de la Causa General). Ambos niegan haber estado de guardia la noche anterior. Según Ian Gibson, «el mayor culpable del inicial encubrimiento del crimen fue el teniente Alfonso Barbeta, cuya pusilanimidad quedaría patente a la hora de comparecer ante el juez instructor... Barbeta fue el que, más que nadie, entorpeció las diligencias judiciales encaminadas a solucionar el crimen». En su declaración en la Causa General el guardia Aniceto Castro Piñeiro, uno de los tres guardias que el teniente Barbeta apartó de la rueda de reconocimiento, afirmó que este les dijo: «No preocuparse; nada se esclarecerá; de lo sucedido es responsable el Director General de Seguridad, el Ministro de la Gobernación y el Gobierno en pleno; a ustedes nada les puede pasar». Ian Gibson se pregunta: «¿Dijo realmente Barbeta estas palabras? ¿O es que Castro Piñeiro, cuya vida peligraba por haber participado en el asunto de Calvo Sotelo, cargaba demasiado las tintas al declarar ante los jueces de Franco?». Alfonso Bullón de Mendoza sí da credibilidad al testimonio de Aniceto Castro, «el único guardia de derechas que participó en la detención». «Aunque no es descartable que Castro se inventase este detalle después de la guerra, no creemos imposible que Barbeta efectuara tal declaración, pues cuanto más apoyados se consideraran los guardias implicados, menos dispuestos estarían a relatar los hechos».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: A las nueve de la noche el juez Gómez Carbajo suspende la rueda de reconocimiento con la intención de reanudarla al día siguiente. A pesar de la hora decide ir al domicilio de Calvo Sotelo para realizar una inspección ocular e interrogar a la familia. Habla con la viuda cuyo testimonio coincide con lo declarado por la institutriz y las personas de servicio. Cuando cerca de la medianoche vuelve al Juzgado de Guardia le está esperando el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Iglesias Portal, que ha sido nombrado por el Gobierno juez especial del caso. A partir de ese momento este juez es quien llevará el sumario del asesinato de Calvo Sotelo. Alfonso Bullón de Mendoza comenta que Iglesias Portal será el juez que presidirá el juicio contra José Antonio Primo de Rivera.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Esa noche Luis Cuenca cenó con un otro militante socialista en un restaurante barato cercano a la sede del PSOE en la calle Carranza de Madrid. Cuando oyó los comentarios de algunos comensales que acababan de leer la edición especial que había sacado a la calle el diario vespertino conservador "Ya" sobre la muerte de Calvo Sotelo empezó a decir: «¡Pero si están todos equivocados! ¡No fue así! ¡Voy a explicar cómo fue!». Su compañero consiguió finalmente calmarlo para que no hablara.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: A primeras horas de la mañana del día siguiente, martes 14 de julio, Antonio Piga Pascual, acompañado de otros tres médicos forenses, realiza la autopsia del cadáver de Calvo Sotelo. Certifica que hay dos orificios de bala en la región occipital producidos por dos disparos «hechos a bocajarro, casi simultáneamente», con una pistola del «nueve corto» y que la posición del asesino era «en un plano posterior y a nivel del agredido». Uno de los proyectiles quedó alojado en el cerebro y el otro salió por la región orbital izquierda. Certifica asimismo que la muerte fue instantánea por «síncope bulbar de origen traumático» y que el cadáver no presenta ninguna herida o magulladura que pudiera indicar que hubiera habido una lucha en la camioneta, desmintiendo un reportaje sensacionalista aparecido en la prensa. Estos mismos forenses han comprobado que la sangre hallada en la camioneta pertenece al mismo grupo serológico ABMN que el del difunto. Es el único avance de la investigación. El juez especial Iglesias Portal no ha recibido ningún nuevo dato por parte de la policía ni ha iniciado nuevas diligencias. Solo ha dictado auto de procesamiento contra el conductor de la camioneta Orencio Bayo, que ya estaba detenido, y se ha reunido con el fiscal de la República Paz Mateos, con el teniente fiscal Vallés y con el comisario Lino.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Cuando el miércoles 15 por la tarde, tras haber participado en la tensa reunión de la Diputación Permanente de las Cortes, Indalecio Prieto volvía a su casa en la calle Carranza, se encontró un gentío a las puertas del edificio. En el inmueble tenía también su sede la redacción de "El Socialista" y el PSOE. Entre los reunidos se hallaba Fernando Condés, quien, según Stanley G. Payne, se había escondido en el domicilio de la diputada socialista Margarita Nelken. Condés le saludó y Prieto le llamó aparte para hablar con él. El líder socialista le dijo: «el sumario por la muerte de Calvo Sotelo evidencia que fue usted quien detuvo a la víctima». «Lo sé», le respondió Condés, «pero nada me importa ya de mí. Abrumado por la vergüenza, la desesperación y el deshonor, estoy dispuesto a quitarme la vida». Pero Prieto, que en ningún momento lo animó a que se entregara a la justicia, le atajó: «Suicidarse sería una estupidez. Van a sobrarle ocasiones de sacrificar heroicamente su vida en la lucha que, de modo ineludible, comenzará pronto, dentro de días o dentro de horas». «Tiene usted razón», le respondió Condés. Según le contó muchos años después a Ian Gibson un joven socialista testigo de la escena, «Prieto no ocultó su repugnancia por el asesinato de Calvo Sotelo. Dándose cuenta de la reacción de Don Inda, Condés echó mano a su pistola con la evidente intención de pegarse un tiro. Varios de los presentes le sujetaron, y uno de ellos le dijo: "Pero Condés, hombre, ¡qué locura! ¡Si hiciste bien matando a Calvo Sotelo". Y entonces Condés se tranquilizó un poco». Según este mismo testigo, Condés no se había refugiado en casa de la diputada socialista Margarita Nelken sino, junto con Luis Cuenca, en casa de una amiga mutua. Alfonso Bullón de Mendoza cree que Indalecio Prieto mintió cuando en sus memorias "Convulsiones de España" escribió que el encuentro con Condés se produjo el miércoles 15 por la tarde, después de la reunión de la Comisión Permanente. Piensa que «la entrevista debió ser anterior». «Prieto estaba informado desde el primer momento de la implicación de Condés tanto por Vidarte como Zugazagoitia, pero le parecía... poco presentable reconocer públicamente que conocía las interioridades del crimen antes de pronunciar su discurso del 15 de julio [en la Diputación Permanente]».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Dos días después, viernes 17 de julio, el periódico vespertino "Heraldo de Madrid" daba la noticia de que el juez especial Eduardo Iglesias Portal había ordenado la detención de Fernando Condés, aunque la censura había ocultado el nombre y su condición de capitán de la Guardia Civil —según constaba en el sumario, la viuda de Calvo Sotelo lo había reconocido en una fotografía que le mostraron como una de las personas que habían allanado su casa—. El periódico también informaba de que el día anterior el juez especial había estado en la Cárcel Modelo para realizar «varios reconocimientos y careos a presencia del fiscal general de la República, y como consecuencia de estos trabajos se adquirió la convicción de la inocencia de los dos guardias de Asalto que desde el lunes último se encontraban detenidos e incomunicados. Por el contrario, la situación del chófer [Orencio Bayo Cambronero] es cada vez más comprometida. Nuevamente ha sido reconocido por los guardias que prestaban servicio en la puerta de la casa del Sr. Calvo Sotelo, por una doncella, el portero de la finca y otras personas. No obstante estas acusaciones, el conductor persiste en su negativa, pero el juez especial ha dictado contra él auto de procesamiento y prisión». El diario también informaba de que «como consecuencia de lo actuado últimamente, han sido puestos a disposición del juez especial varias personas», pero la censura había eliminado el resto de la noticia por lo que no se podía saber de quiénes se trataba. En aquellos momentos el juez también había acordado la busca y captura del José del Rey —que nunca se conseguiría— y el arresto de tres guardias de Asalto más (Tomás Pérez Figuero, que había ayudado a Bayo a limpiar las manchas de sangre de la camioneta; Bienvenido Pérez Rojo, que habían participado en la expedición comandada con Condés; y Antonio San Miguel Fernández, que en realidad no había intervenido en el crimen). Esa misma mañana del viernes 17 el juez especial y el fiscal de la República se habían mostrado optimistas sobre la marcha del sumario y que «no sería difícil que se supiera quienes fueron los autores del secuestro y del crimen». Esa misma tarde comenzó el golpe de Estado de julio de 1936 en el Protectorado Español de Marruecos.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Condés nunca fue detenido y sobre Luis Cuenca, el autor material del crimen, y sobre los otros tres miembros de las milicias socialistas que le acompañaron no se llegó a dictar ninguna orden de detención. En cuanto comenzó la guerra civil Cuenca y Condés fueron nombrados oficiales de las milicias que salieron de Madrid para luchar en la batalla de Guadarrama —al parecer Condés había participado previamente en el Asalto al Cuartel de la Montaña— y allí cayeron en combate (Cuenca murió el 22 de julio intentando tomar Somosierra junto con otros compañeros de «La Motorizada»; Condés murió una semana después tras haber sido herido el 26 de julio cerca de Somosierra, combatiendo asimismo con «La Motorizada», y recibió un entierro multitudinario; su oración fúnebre la pronunció la diputada socialista Margarita Nelken: «A Fernando Condés lo precisábamos para el día del triunfo. Los que tuvimos la dicha de tratarle íntimamente sabemos hasta qué punto nos hubiera sido útil. Fernando se nos ha ido, pero estará siempre entre nosotros»; además se le puso su nombre al Cuartel General de Milicias Populares). Los otros tres socialistas implicados en el asesinato (Francisco Ordóñez, Santiago Garcés Arroyo y Federico Coello, fueron también destinados a puestos relevantes de las fuerzas republicanas. Garcés llegó a ser jefe del Servicio de Inteligencia Militar, Ordóñez jefe del Servicio de Información del Estado y Coello comandante de Sanidad Militar. El teniente Máximo Moreno, del que se sospechó que hubiera participado en el atentado pero no se encontró ninguna prueba por lo que no fue procesado, murió el 22 de septiembre de 1936 tras sufrir un accidente su avión (se suicidó antes que caer en poder de las tropas moras franquistas). Los republicanos consiguieron rescatar el cadáver —se dijo que le habían cortado los testículos— y el entierro, que se celebró en Madrid, fue tan multitudinario como el de Condés. El chófer Bayo Cambronero fue puesto en libertad el 25 de julio, reintegrándose al servicio del Parque Móvil de la Guardia de Asalto. El guardia de Asalto José del Rey, cuya detención se había ordenado, nunca fue capturado por las autoridades judiciales de Madrid. Marchó a Toledo al frente de un centenar de milicianos para participar en el Asedio del Alcázar de Toledo y después estuvo al frente de diversas unidades del Ejército Popular de la República, llegando a alcanzar el grado de comandante. El teniente Alfonso Barbeta ingresó en prisión por la arenga que hizo a los guardias de la compañía del teniente Castillo en la noche del día 12, pero fue liberado el 8 de agosto. En esa misma fecha también fueron liberados los guardias Tomás Pérez, Antonio San Miguel y Bienvenido Pérez Rojo.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: El 25 de julio, una semana después de iniciada la guerra, un grupo de diez o doce milicianos socialistas irrumpió en la sede del Tribunal Supremo y a punta de fusil se apoderó del sumario del asesinato de Calvo Sotelo. Estuvieron cerca de matar a tiros al juez especial Iglesias Portal, pero su policía de escolta lo impidió. Según Ian Gibson, los milicianos eran amigos del capitán Fernando Condés y pertenecían a «La Motorizada», «deseosos de destruir las pruebas que había contra él en el sumario. Los documentos robados fueron quemados inmediatamente por los milicianos...». El juez especial presentó su dimisión por lo que había ocurrido pero la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no la aceptó y le ordenó que reconstruyera el sumario sustraído «en la media y forma que las actuales circunstancias permitan». Fue una misión casi imposible porque, como ha destacado Ian Gibson, «muchos testigos se encontraban ya fuera de Madrid, combatiendo en la Sierra y en otros frentes. Otros habían huido, o estaban escondidos en la capital. Otros habían muerto, o morirían pronto, como era el caso de Cuenca y Condés. Y por encima de todo había el hecho de que España estaba ya sumida en una terrible guerra civil, uno de cuyos principales causantes, a juicio de las izquierdas, era el mismo Calvo Sotelo». El oficial del Juzgado Emilio Macarrón, que se enfrentó a los milicianos para intentar impedir que se llevaran el sumario, declaró ante los jueces de la Causa General que «iniciado el Movimiento Nacional el 18 de julio del 36, resultaba casi imposible la labor judicial, ya que el solo hecho de nombrar al señor Calvo Sotelo o hablar de la instrucción del sumario por su asesinato producía indignación y excitación en las gentes de izquierdas».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: A pesar de todo se intentó la reconstrucción del sumario a partir de lo que recordaba Emilio Macarrón sobre las diligencias que se habían realizado hasta el 25 de julio. Y también se incluyeron otras como una nueva toma de declaración al teniente de Asalto Alfonso Barbeta, quien manifestó que reunió a los guardias de la compañía del teniente Castillo para decirles «que tuvieran resignación por lo sucedido» y que no tuvo ninguna participación en el asesinato de Calvo Sotelo «ni tampoco sabe quién lo realizase». El escrito de Macarrón y el resto de documentos del sumario reconstruido desaparecieron o se extraviaron durante la guerra o después. Reaparecieron en 1970 y fueron incorporados a la Causa General franquista. Con fecha del 7 de octubre de 1936 la Dirección General de Seguridad le comunicó al juez Iglesias Portal que había descubierto a los autores del asesinato de Calvo Sotelo. Según la DGS el «autor material» había sido el capitán Angel Cuenca Gómez [sic] y el «inductor o preparador» el capitán Fernando Condés, pero ninguno de los dos había podido ser detenido porque habían fallecido. El escrito finalizaba diciendo: «No obstante, por lo que respecta a los demás que pudieron haber tenido intervención en el asunto, se siguen haciendo gestiones de las que le daré cuenta en caso de resultado positivo». El 1 de febrero de 1937 se dictó auto de terminación del sumario en aplicación de la amnistía que una semana antes, el 22 de enero, se había decretado para los penados y encausados por delitos políticos y comunes realizados con anterioridad al quince de julio de 1936.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Al final de la guerra civil fueron detenidos e interrogados por los jueces franquistas cuatro de los guardias de Asalto que iban en la camioneta nº 17: Aniceto Castro Piñeiro, Bienvenido Pérez Rojo, Orencio Bayo Cambronero (el conductor) y José del Rey. Este último, juzgado y condenado a muerte por el asesinato de Calvo Sotelo, fue ejecutado por garrote vil en 1943. Del Rey exculpó en su declaración al resto de guardias: «Los guardias ocupantes de la camioneta ignoraban el servicio a desempeñar. Fueron seguidamente a la calle de Velázquez y pararon ante una casa, a cuya puerta había dos Guardias de Seguridad. Entonces se enteraron de que allí vivía don José Calvo Sotelo». También fue condenado a muerte en un consejo de guerra y ejecutado el comandante Ricardo Burillo, jefe del Grupo de Guardias de Asalto de Pontejos, por considerarlo uno de los responsables directos de la muerte de Calvo Sotelo, «cargo absolutamente infundado», según Ian Gibson. El chófer Bayo Cambronero fue condenado a muerte pero la pena capital le fue conmutada por treinta años de prisión. Pasó siete u ocho años en la cárcel de Porlier y luego fue puesto en libertad.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Ian Gibson concluye: «al final de la guerra, pues, aquel crimen no había sido investigado a fondo. Tampoco lograron aclararlo los jueces de Franco». Gibson señala que no existe ninguna prueba de que el asesinato de Calvo Sotelo fuera planeado antes del atentado contra el teniente Castillo ni tampoco de que el Gobierno republicano estuviera implicado. Una valoración que es compartida por historiadores como Hugh Thomas: «la posibilidad de un asesinato premeditado no puede excluirse totalmente, pero desde luego el gobierno no estuvo implicado en él». De lo que existen dudas, como advierte Hugh Thomas, es sobre si el asesinato fue premeditado o fue una acción espontánea de Luis Cuenca. Después de la exhaustiva investigación que llevó a cabo para su libro "La noche en que mataron a Calvo Sotelo", publicado en 1982, Gibson cree que no existen dudas de que fue premeditado. Aporta como prueba, en primer lugar, la carta que el entonces teniente de artillería Urbano Orad de la Torre remitió en 1978 al diario "El País" en la que afirmaba que en una reunión de oficiales de la UMRA, a la que él también pertenecía, se decidió asesinar a un destacado líder de las derechas como represalia por el asesinato del teniente Castillo, también miembro de la UMRA, y en cumplimiento de la amenaza que el propio Orad de la Torre había hecho a los miembros de la derechista Unión Militar Española tras el asesinato del capitán Carlos Faraudo, asimismo miembro de la UMRA. En segundo lugar, Gibson considera que está demostrada la complicidad del capitán Condés porque «se nos hace bastante difícil creer que, al oír el capitán de la Guardia Civil los tiros, no ordenara inmediatamente que la camioneta parase». «Abrumado por la muerte de su amigo Castillo y convencido de la inminencia de la sublevación "fascista", ¿sería de sorprender que se pusiera de acuerdo con Luis Cuenca, conocido pistolero, para que éste efectuara los fatales disparos, mientras él dirigía la operación? Nos parece que no, así como nos parece que los otros ocupantes socialistas de la camioneta no sabían lo que iba a ocurrir», afirma Ian Gibson.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: El gobierno comenzó su reunión a las diez de la mañana en la sede de la Presidencia. En ese momento aún no se había encontrado el cadáver de Calvo Sotelo, pero en cuanto Casares Quiroga recibe la noticia —le comenta al ayudante militar que se la da: «En menudo lío nos han metido»— se pone en contacto con el presidente de las Cortes para proponerle suspender sus sesiones por lo menos durante una semana hasta que los ánimos se calmen y para evitar el riesgo de que se produzcan incidentes, en lo que Diego Martínez Barrio se muestra completamente de acuerdo (entre otras razones porque para evitar altercados graves habría que cachear a los diputados, pues muchos de ellos solían ir armados al Congreso). De hecho el presidente de las Cortes le comunica que ya se ha puesto en contacto con los diversos grupos parlamentarios y que estos le han dado su conformidad, excepto la CEDA que quiere que se celebre una sesión ordinaria para tratar sobre lo ocurrido (los monárquicos también han rechazado la suspensión pero no de forma rotunda). Otra de las iniciativas que toma Casares Quiroga es solicitar la presencia en el consejo de ministros del fiscal general de la República y del subsecretario de Justicia Jerónimo Gomáriz para consultarles sobre los dos posibles candidatos a jueces especiales que piensa nombrar para que se hagan cargo de los sumarios respectivos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Hacia las dos de la tarde se suspende la reunión del gobierno hasta las seis. A la salida los ministros —«con semblantes cuya gravedad acentúa su circunspecta tristeza»— son asediados a preguntas por los periodistas pero el único que hace una breve declaración es el de Hacienda, Enrique Ramos: «Como comprenderán ustedes, hemos examinado los execrables sucesos que todos lamentamos y que, desde luego, han dado lugar a la adopción de diversas medidas y a la actuación judicial que ya ha comenzado, designándose dos jueces especiales. El Gobierno no tiene todavía recopilados todos los datos. Cuando obre en nuestro poder una información completa, el Gobierno facilitará una nota detallada explicando el suceso». El presidente Casares Quiroga, por su parte, elude las preguntas de los periodistas y los remite a las explicaciones que pueda dar el ministro de la Gobernación, «que había ido en aquel momento al Ministerio para informarse debidamente». El Ministro de la Gobernación les acababa de decir: «No tengo todavía un relato del suceso, porque no me he podido aún ocupar de ello».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Los periódicos de la tarde salen a la calle con espacios en blanco que han sido suprimidos por la censura. El gobierno, amparado en el estado de alarma que lleva vigente desde las elecciones de febrero, ha decidido redoblarla para evitar que se utilice la palabra «asesinato» para calificar la muerte de Calvo Sotelo y que se conozca la intervención en la misma de fuerzas de orden público. Sin embargo el diario conservador "Ya" ha conseguido lanzar una edición extraordinaria que ha escapado al control de la censura. En su primera página aparece un gran titular informando sobre la muerte de Calvo Sotelo y en sus páginas interiores se proporciona abundante información sobre lo sucedido (se decía que entre los autores del crimen figuraban Guardias de Asalto y un capitán de la Guardia Civil, cuyo nombre se desconocía). El gobierno ordena a la policía que recoja todos los ejemplares (pero muchos ya habían sido vendidos pues el éxito de esta edición especial de "Ya" fue extraordinario) y a continuación decreta su suspensión indefinida bajo la acusación de haber propalado noticias falsas sobre la muerte de Calvo Sotelo —cuando dos periodistas de "Ya" consiguen que el ministro de la Gobernación les reciba para pedir que se levante la suspensión Juan Moles les dice que cuando telefónicamente les dio permiso para sacar la edición especial no les autorizó para decir que el crimen había sido cometido por guardias de Asalto—. El gobierno hace lo mismo con el también conservador "La Época", porque considera una provocación que su director José Ignacio Escobar, marqués de las Marismas, se hubiera negado a sacarlo a la calle cuando la censura le prohibió utilizar el término «asesinato». "La Época" ya nunca reaparecería, después de casi un siglo de existencia. También por eludir la censura son suspendidos "El Día" de Alicante y "El Lunes" de Oviedo.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Cuando a primeras horas de la noche termina la segunda parte de la reunión del Consejo de Ministros que se había reanudado a las seis de la tarde hace pública una breve nota. En lugar de incluir una rotunda condena del asesinato de uno de los dos principales líderes de la oposición y de comprometerse a detener y llevar ante la justicia a los culpables —ni Luis Cuenca ni Fernando Condés fueron nunca detenidos—, la nota se limita a condenar y equiparar (de lo que se quejó Gil Robles) los asesinatos tanto de Calvo Sotelo como del teniente Castillo («El Consejo de Ministros, ante los hechos de violencia y que han culminado en la muerte del oficial de Seguridad señor Castillo y el diputado a Cortes don José Calvo Sotelo, hechos de notoria gravedad, y para cuya execración tiene que formular las más sinceras y encendidas protestas, se cree en el caso de hacer una declaración pública en el sentido de que procederá inmediatamente con la mayor energía y la severidad más clara, dentro de los preceptos de la ley de Orden Público, a tomar todas aquellas medidas que demanda la necesidad de mantener el espíritu de convivencia entre los españoles y el respeto elemental a los derechos de la vida humana») y a informar del nombramiento de un juez especial para cada caso, ambos magistrados del Tribunal Supremo (Enrique Iglesias Portal para el de Calvo Sotelo y Sánchez Orbeta para el de Castillo). Según Luis Romero, parece una nota de circunstancias («Nota anodina», la llamará Gil Robles) que «no responde a la gravedad de los hechos» y en la que no se entra en el fondo del problema (se limita a anunciar que se aplicarán todos los recursos de la ley de Orden Público «allí donde el mal se produzca y sea cualquiera la filiación de sus autores o de sus inspiradores»). Alfonso Bullón de Mendoza comparte esta valoración: «la nota dada a la prensa no podía ser más descorazonadora para quienes esperasen una reacción fulgurante del Ejecutivo, pues en vez de afrontar la gravedad excepcional del caso, el Gobierno redactó un insulso texto en que se equiparaban las muertes de Calvo Sotelo y Castillo, asesinatos que desde un punto de vista humanitario eran igualmente reprobables, pero que evidentemente no tenían la misma relevancia política». En el único párrafo de la nota que parece salirse de esa tónica general de circunstancias se dice:


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: La nota terminaba así:  Según Luis Romero, «el Gobierno, a quien se le ha ido de entre las manos el dominio de la situación y que es consciente de su propia debilidad, no acierta a recuperar la iniciativa. Por el momento se ha descargado en el juez de guardia y ahora nombra... un juez especial que entienda del caso y, para restablecer el equilibrio y dejar sentado que la muerte de Calvo Sotelo ha sido consecuencia de la del teniente Castillo, designa... otro magistrado para esclarecer este crimen». Gabriele Ranzato considera que el gobierno cometió un terrible error. «Casares tenía el imperativo de emitir declaraciones de condena del crimen y, sobre todo, de tomar iniciativas para perseguir a los culpables aún más enérgicas de las que normalmente habría adoptado en el caso de cualquier otro magnicidio. No tanto o no solo para alejar de sí la sospecha, sino para tratar de contener la ola de indignación que esa muerte estaba provocando y, que, como no era difícil de entender, estaba llevando el país hacia el precipicio». Además la ausencia de una rotunda declaración por parte del presidente del gobierno podía reforzar la idea difundida en los ambientes derechistas de que él personalmente estaba detrás del magnicidio basándose en la supuesta amenaza de muerte que le había lanzado Casares Quiroga a Calvo Sotelo el 16 de junio en las Cortes («Me es lícito decir después de lo que ha hecho S.S. hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a S.S.»), aunque al día siguiente ningún periódico interpretó en ese sentido las palabras de Casares Quiroga. Ranzato también considera un error el silencio del presidente de la República Manuel Azaña. Alfonso Bullón de Mendoza, por su parte, considera que «el presidente de la República no supo, como no había sabido en los últimos meses, estar a la altura de las circunstancias».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: En la reunión de la Diputación Permanente que tuvo lugar en la mañana del miércoles 15, el líder de la CEDA José María Gil Robles hizo una dura crítica de la respuesta del gobierno al asesinato de Calvo Sotelo:  Según Gabriele Ranzato, «aquel homicidio parecía destinado a quedar impune, puesto que tanto el gobierno como la magistratura, y cualquier otra autoridad encargada de las indagaciones, estaban mostrando lentitud y pasividad en la persecución de los culpables, realizando solo algunos arrestos de participantes secundarios en la "expedición punitiva", mientras que los culpables principales, cuya identidad no era difícil conocer, habían quedado en libertad». Alfonso Bullón de Mendoza sostiene una posición similar cuando considera «evidente que en los líderes del Frente Popular la preocupación fundamental tras el asesinato de Calvo Sotelo no era encontrar a sus asesinos, sino aplastar el pronunciamiento que tras su muerte creían inevitable». Luis Romero, por su parte, ha destacado que la actuación del Gobierno alimentó la convicción de las derechas (y de otros sectores) de que este había sido quien había ordenado o había sido cómplice del asesinato de Calvo Sotelo. «La torpeza del Gobierno, la intervención de guardias de uniforme y la camioneta empleada, la lenta reacción de Alonso Mallol, los equívocos anteriores relacionados con el cambio de escolta, y aquellas palabras impolíticas e imprudentes de Casares en la sesión del 16 de junio, añadido todo ello a la manera desconcertante de ejercerse la censura, la ocultación física de los responsables y otras causas coadyuvantes, han llevado a aquella convicción no solo a los correligionarios de Calvo Sotelo y demás militantes de la derecha, sino a amplias zonas de la opinión escasamente politizada. Es cierto que las derechas explotan el desgraciado suceso, pero también es verdad que creen con firmeza que el impulso —la orden— procedía de más arriba; y cada cual sitúa el vértice de la pirámide homicida allá donde sus antipatías se hacen más ostensibles. Hay quienes llegan hasta involucrar a Azaña».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: La falta de iniciativa del gobierno para condenar rotundamente y esclarecer el asesinato de Calvo Sotelo pudo deberse a las enormes presiones que recibió por parte de los partidos y organizaciones obreras integradas en el Frente Popular, indignadas por el asesinato del teniente Castillo, para que actuara contra las derechas.. Los socialistas por su parte, según Alfonso Bullón de Mendonza, estaban muy interesados en evitar que se conocieran los pormenores del asesinato, porque si estos salían a la luz «la imagen del partido iba a verse muy deteriorada» («uno de los jefes de "la Motorizada" había liderado el grupo que se presentó en casa de Calvo Sotelo y... uno de los guardaespaldas de Prieto había asesinado al jefe monárquico»). Poco antes de las doce de la noche del lunes 13 se presentaron en el ministerio de la Guerra, donde el presidente del gobierno Casares Quiroga tenía su despacho (pues además de la presidencia ostentaba esa cartera), destacados dirigentes del PSOE (Indalecio Prieto, Juan Simeón Vidarte), la UGT (Manuel Lois Fernández), las JSU (Santiago Carrillo), el PCE (Vicente Uribe) y la Casa del Pueblo de Madrid (Edmundo Domínguez) para ofrecerle todo su apoyo si se producía la sublevación militar que todos pensaban que se iba producir de forma inminente, lo que Casares Quiroga agradece, pero no da importancia a los rumores sobre el posible golpe militar. Horas después, madrugada del martes 14, estas organizaciones (la CNT no había sido invitada a la reunión que mantuvieron) hacen pública una nota conjunta, que según Luis Romero «ata un poco las manos de los ministros frente al esclarecimiento de los hechos y condiciona, en alguna media, su actuación frente a los mismos»:


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: En la actuación contra las derechas el Gobierno sí que cumplió. Cerca de doscientos falangistas y derechistas fueron detenidos y las sedes madrileñas de Renovación Española, el partido de Calvo Sotelo, fueron cerradas. Para dar la «impresión de firmeza y de equidad» también cerró las sedes de la Confederación Nacional del Trabajo que esos momentos estaba sosteniendo una dura pugna con el sindicato socialista UGT por la huelga de la construcción de Madrid que se prolongaba ya más de un mes. De esto se quejó el órgano de la CNT "Solidaridad Obrera" en su edición del jueves 16 que salió a la calle con los titulares de la primera página censurados y con un tercio del editorial en blanco: «¡Basta ya: solo los locos y los agentes provocadores pueden establecer puntos de contacto entre el fascismo y el anarquismo! [...] No se puede permitir este juego indigno e innoble que debilita las fuerzas de resistencia y ataque al fascismo coincidentes en la lucha contra el enemigo común... Vigilen los socialistas y comunistas el panorama de España, y ellos verán si les conviene denigrar, insultar y desprestigiar a la CNT».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Además, aprovechando el estado de alarma, el gobierno prohibió terminantemente las manifestaciones y reuniones al aire libre y acentuó al máximo la censura de prensa, incluso para los discursos de los diputados en Cortes que hasta entonces habían gozado de inmunidad. Asimismo el gobierno envió una circular el mismo día 13 a todos los gobernadores civiles en la que les conminaba a estar alerta «con motivo de la muerte de Calvo Sotelo»:  Stanley G. Payne va mucho más lejos en cuanto a la importancia de la presión de las izquierdas para explicar la inacción del Gobierno y acusa directamente al socialista Indalecio Prieto, su «aliado número uno», de haber bloqueado con su «veto» «una investigación del crimen» que el Gobierno «había empezado». «Prieto y los suyos continuaron escondiendo a los asesinos de Calvo Sotelo, y existen testimonios de su intervención personal para poner fin a la investigación judicial», afirma Payne. En realidad se trata de un único testimonio, el del teniente de Asalto Alfredo León Lupión, quien en 1981 le dijo a Ian Gibson —a cuyo libro "La noche en que mataron a Calvo Sotelo" (1982) remite Payne— que en la reunión que mantuvieron Prieto y otros líderes de la izquierda con el presidente del Gobierno hacia las doce de la noche del lunes 13 Casares Quiroga les comunicó su intención de detener a todos los oficiales del Grupo de Guardias de Asalto de Pontejos (el comandante, los cuatro capitanes y los siete tenientes, uno de ellos el propio León Lupión) «porque es un crimen que no se puede ocultar», a lo que Prieto le replicó: «Si usted comete esta tontería, le aseguro que la minoría socialista se marchará del Congreso». Y entonces Casares Quiroga dijo: «Muy bien, muy bien, pero el oficial de Asalto que aparezca con la más mínima culpabilidad, ése es detenido». Alfonso Bullón de Mendoza también utiliza este testimonio recogido en el libro de Gibson —que asimismo cita— para apoyar su conjetura de que «es incluso posible que [Prieto] obstaculizase la investigación». Y a continuación Bullón de Mendoza se remite a la interpretación que hace de este hecho el revisionista Pío Moa, quien ha llegado a afirmar que detrás del asesinato de Calvo Sotelo se encontraba Indalecio Prieto: «De ser verídica, esta relación probaría que si el Gobierno de Casares Quiroga no tomó medidas más espectaculares contra los asesinos de Calvo Sotelo fue porque se lo impidió la presión del PSOE, y en tal caso la responsabilidad de Prieto en el desencadenamiento de la guerra civil sería difícilmente exagerable, pues habría impedido el único guiño a las derechas que Casares Quiroga estaba dispuesto a hacer». En realidad lo que pretendía el tiniente León Lupión relatando el enfrentamiento entre Casares Quiroga y Prieto era demostrar que el gobierno no estaba involucrado en el asesinato. «Un hombre que toma esta posición [Casares Quiroga] no es un hombre comprometido en el crimen», le había dicho también a Ian Gibson, quien, por otro lado, no hace ninguna interpretación de lo que le ha contado el teniente.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Casares Quiroga llegó a presentarle su dimisión al presidente de la República Azaña, pero este no la aceptó alegando que hacerlo sería como reconocer que había tenido alguna responsabilidad en el crimen. Azaña no hizo caso del consejo que le dio Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, de que cambiara inmediatamente el gobierno, que actuara contra las derechas y contra las izquierdas extremas «con sanciones duras que evidencien el recobro de todos los resortes del poder. Quizá no disipemos la tormenta, pero lograremos alejarla». Azaña le respondió: «Sé que debo cambiar el Gobierno... Pero hay que esperar. Si aceptara la dimisión que me ha presentado Casares, sería tanto como entregar su honor a la maledicencia que le acusa. No es posible que salte del poder empujado por el asesinato de Calvo Sotelo». En la reunión que mantuvo el Gobierno en el Palacio Nacional a mediodía del jueves 16 presidido por Azaña algunos ministros se manifestaron a favor de dar entrada en el gabinete a alguna personalidad de centro para contribuir así al apaciguamiento que el país necesita. También mostraron su preocupación por la infiltraciones que padecían los aparatos del Estado, como había puesto de manifiesto el asesinato de Calvo Sotelo.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: A diferencia de la mayoría del resto de los líderes de la izquierda, Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, quedó completamente conmocionado. Así lo destaca Luis Romero: «dejando de lado familiares, amigos y correligionarios, a una de las personas que más ha afectado lo sucedido y las circunstancias que han venido a agravarlo, es a Diego Martínez Barrio, a pesar de que entre el difunto y él las distancias políticas fueran insalvables...». Lo mismo apunta con matices Alfonso Bullón de Mendoza: fue «uno de los pocos líderes de la izquierda que parece haber lamentado sinceramente el homicidio». En cuanto conoció la noticia del hallazgo del cadáver de Calvo Sotelo le pidió al conde de Vallellano que fuera inmediatamente a su casa. Cuando este llega, acompañado de otros diputados de la minoría monárquica, Martínez Barrio le dice entre lágrimas y con voz entrecortada: «Por los mismos motivos que ustedes y otros muchos que no escaparán a su perspicacia, nadie más que yo deplora esta mancha que cae sobre la República, y cuyas consecuencias nadie podrá prever hasta qué punto alcanzarán». Un periodista del periódico católico "El Debate" que habló con él poco después escribió que estaba «verdaderamente anonadado por el suceso».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Martínez Barrio no puso al mismo nivel el asesinato de Calvo Sotelo, cuya figura elogió públicamente, y el del teniente Castillo, como sí hicieron la mayoría del resto de líderes de la izquierda, y se abstuvo de establecer una relación de causalidad entre los dos crímenes. También fue uno de los pocos políticos del Frente Popular que fue consciente de que el magnicidio y sus circunstancias obligaban a dar un giro a la política seguida hasta entonces por las izquierdas. Así se lo expuso en privado al presidente de la República Manuel Azaña. Le dijo que creía necesario formar un nuevo gobierno dispuesto a imponer «sanciones duras que evidencien el recobro de todos los resortes del poder». Para no romper el Frente Popular Martínez Barrio no declaró claramente lo que pensaba pero sí lo hizo de forma velada cuando en la noche del día 13 les dijo a los periodistas (lo que también implicaba una crítica al gobierno): «No es posible que los ciudadanos vean que el Estado no garantiza su seguridad. Todos hemos de poner cuanto esté de nuestra parte para acabar con la situación que este suceso revela...». El diario "La Vanguardia" en su edición del día siguiente lo expuso más claramente: «O se alza por fin en España un Gobierno guía, un Gobierno que gobierne de veras, imponiéndose y desarmando a todo el mundo, o las aguas torrenciales de la anarquía irán engrosando y subiendo hasta sumergirnos en una ola de barbarie». Por su parte Antoni Rovira i Virgili escribe en "La Humanitat", el órgano de prensa de Esquerra Republicana de Cataluña: «Que los gobernantes impongan con energía el cumplimiento de las leyes. Pero que haya orden en la calle, en los lugares de trabajo y en los hogares. Que haya una República auténtica y no un desbarajuste con violencia y con sangre de crímenes». Otro político republicano de izquierdas que fue consciente de la gravedad y de las implicaciones del asesinato de Calvo Sotelo fue Mariano Ansó, quien en sus memorias escribió: «Después del movimiento revolucionario de Cataluña y de Asturias, este crimen era el mayor atentado cometido contra la República. Cuando llegamos a saber que los autores eran militares y agentes del orden público, nuestra indignación subió de punto. De nada nos servía como excusa el que unas horas antes hubiese caído vilmente asesinado el teniente Castillo».


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text: El que se pudo manifestar de forma clara, posiblemente porque no formaba parte de la coalición del Frente Popular, fue Felipe Sánchez Román, amigo de Azaña. Fue el único político republicano de izquierdas que condenó rotunda y públicamente el crimen —había sido compañero de estudios de Calvo Sotelo— diciendo que «la República se había deshonrado para siempre». También fue uno de los pocos que le dio el pésame a la familia. Sin embargo, cuando el también republicano de izquierda Rafael Sánchez Guerra se acercó al domicilio de Calvo Sotelo para firmar en los pliegos de hojas de pésame que se habían dispuesto en el portal fue abucheado y rechazado. Por su parte el grupo parlamentario de Izquierda Republicana exigió que «cesen para siempre las pugnas extremistas por procedimientos reprobables y punibles». En la inmediata posguerra el socialista Julián Zugazagoitia, entonces director del diario "El Socialista", reconoció que el asesinato de Calvo Sotelo había sido un hecho «realmente monstruoso».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: La prensa republicana progubernamental destacó más el asesinato del teniente Castillo que el de Calvo Sotelo, mientras que la prensa de derechas como "ABC" y "El Debate" hacía lo contrario, aunque en inferioridad de condiciones pues el gobierno les prohibió publicar ningún comentario. Uno de los pocos diarios que intentó mantener cierto equilibrio fue "Ahora" que publicó en portada las fotografías de las dos víctimas y en las páginas interiores calificó las dos muertes de «crímenes abominables».


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text: "Política", el órgano oficioso de Izquierda Republicana, puso en primera página en grandes caracteres acompañados de imagen «El teniente de Asalto don José Castillo asesinado por unos pistoleros», mientras le dedicaba un pequeño titular a final de la página al asesinato de Calvo Sotelo que decía: «Muerte violenta del señor Calvo Sotelo. El jefe monárquico es detenido en su domicilio y su cadáver aparece en el cementerio». En el editorial ataca a los reaccionarios que aguardan «la ocasión para dar un asalto al poder» pero también a los exaltados que aplican la ley del talión porque «contribuyen a facilitar banderas a los enemigos del régimen, que, sin cesar en su táctica de error [sic], se presentan como víctimas de la persecución que no existe». "El Liberal" decía en su editorial dedicado a los dos homicidios: «Si estando en la oposición hacen lo que hacen, ¿qué no harían cuando estuviesen en el poder? Están incapacitados para gobernar los que a falta de los sufragios del pueblo acuden a la violencia. La República seguirá su camino, serena, inconmovible, imponiendo de grado o por fuerza la voluntad nacional». "La Libertad" escribió: «No aceptamos la violencia, pero tampoco toleramos que se cometan asesinatos del pueblo, ahogándole en oleadas de tiranía y miseria».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: El diario socialista "caballerista" "Claridad" dedicó toda la portada al asesinato del teniente Castillo y el asesinato de Calvo Sotelo lo relegó a la última página dedicándole solo unas pocas líneas. Mucho más lejos fue el también "caballerista" "El Obrero de la Tierra" del 18 de julio —sin que le hubiera dado tiempo a recoger en sus páginas la sublevación del día anterior del ejército en el Protectorado Español de Marruecos— pues justificó el asesinato de Calvo Sotelo al afirmar que su muerte había sido la «consecuencia lógica de estos últimos atentados criminales fascistas» llevados a cabo por «las cuadrillas mercenarias a sueldo de la reacción», y a continuación hizo un llamamiento para la organización de las «Milicias Populares». A los cuadros de las milicias socialistas les conminó a que mantuvieran «constante comunicación entre sí para ayudarse unos a otros y concentrarse donde haga falta a fin de aplastar inexorablemente el fascismo, no bien quiera iniciar su anunciada sublevación contra la República y los trabajadores». Si el fascismo triunfaba, decía "El Obrero de la Tierra", «la sangre correrá a torrentes. Y antes de que eso ocurra vale más que corra la suya que la nuestra».


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text: Aún más radical fue la respuesta del Partido Comunista de España (PCE), cuyo secretario general José Díaz una semana antes ya había criticado al gobierno por hacer «concesiones al enemigo, llevado de un absurdo afán de convivencia». El PCE presentó una proposición de ley el mismo día 13 por la tarde (y que fue publicada por "Mundo Obrero") donde se pedía nada menos que la supresión de la oposición de derechas («Artículo 1. Serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario y fascista, tales como Falange Española, Renovación Española, CEDA, Derecha Regional Valenciana y las que , por sus características, sean afines a estas, y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones, de sus dirigentes e inspiradores»), el encarcelamiento de sus dirigentes («Art. 2. Serán encarceladas y procesadas sin fianza todas aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y antirrepublicanas») y la confiscación de su prensa («Art. 3. Serán confiscados por el Gobierno los diarios "El Debate", "Ya", "Informaciones", "ABC" y toda la prensa reaccionaria de provincias»). Lo «justificaba» en el preámbulo de la proposición donde hacía responsables a «los elementos reaccionarios y fascistas, enemigos declarados de la República», del «asesinato de los mejores defensores del pueblo y del régimen» (en referencia al teniente Castillo) y a los que acusaba de «conspirar contra la seguridad» del «pueblo».


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text: Por su parte el PSOE, cuya Comisión Ejecutiva estaba controlada por los "centristas" de Indalecio Prieto, convocó una reunión de las fuerzas obreras a la que asistieron el PCE, la Casa del Pueblo de Madrid, las JSU y la UGT. En la nota conjunta que se hizo pública en la madrugada del martes 14 de julio se ofreció el apoyo al gobierno para la «defensa del régimen». Por la mañana apareció publicado en "El Liberal" de Bilbao, propiedad de Prieto, un artículo suyo titulado «Apostillas a unos sucesos sangrientos» que fue reproducido al día siguiente, total o parcialmente, por toda la prensa favorable al gobierno. El artículo, que según Luis Romero impresionó «a los lectores de ambos bandos y al público en general», comenzaba relatando la serie de «crímenes políticos» que de un signo y de otro se venían produciendo en Madrid desde los incidentes durante el entierro de Anastasio de los Reyes —alabando de paso la actuación en los mismos del teniente Castillo— para pedir a continuación que se les pusiera fin: «Digo simplemente que, por el honor de todos, esto no puede continuar». Después informaba de la reunión de las organizaciones obreras destacando que habían dejado de lado sus diferencias para hacer frente al «enemigo» —«todas las discordias quedaron ahogadas. Frente al enemigo, la unión», escribe—. El artículo terminaba con la siguiente advertencia: En cuanto ese mismo martes 14 por la tarde llegaron a Madrid Francisco Largo Caballero y el resto de miembros de la dirección de UGT que habían viajado a Londres para asistir al Congreso de la Internacional Sindical Socialista manifestaron que no se solidarizaban con la nota conjunta que había suscrito el miembro de la ejecutiva que se había quedado en España. La razón era que los "caballeristas" no reconocían a la Comisión Ejecutiva del PSOE controlada por los "centristas" a la que consideraban «facciosa». Finalmente aceptaron reunirse con la ejecutiva del PSOE y el resto de organizaciones obreras del Frente Popular el 16 de julio, un día antes de que se iniciara la sublevación militar, para no desautorizar a su representante en la primera reunión, pero el enviado por la UGT manifestó que no podía tomar acuerdo alguno sin consultar con su ejecutiva. En el documento que finalmente se aprobó, con la abstención de la UGT, se instaba a preparar en toda España comités obreros para organizar «milicias populares», solicitar al gobierno armas para ellas y depurar a los militares. Incluso se ofrecía al Gobierno poderse integrar en esos comités —una especie de «sóviets armados», según Stanley G. Payne—. «El lenguaje político de todos había cambiado. Como el PSOE sabía que no podía proponer a los caballeristas entrar en el Gobierno, por eso acordaron, con la anuencia comunista, defender la República desde órganos de poder exclusivamente obreros y armados. Desde tal propuesta el Estado quedaba inerme, porque los socialistas no acudían a socorrerlo integrándose en él, sino que lo defenderían desde órganos propios de poder, hasta el punto de que los representantes de los partidos del Gobierno podían participar en ellos, sin considerar que eran esos gubernamentales los que tenían que exigirles defender al Estado dentro de sus instituciones y no mediante poderes paralelos».


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: El entonces director del diario "El Socialista" y diputado Julián Zugazagoitia, del sector "prietista", recordó en el exilio nada más acabar la guerra que «en mis compañeros no había unanimidad para juzgar el atentado. Escuché de uno de ellos la siguiente opinión: —La muerte de Calvo Sotelo no me produce ni pena ni alegría. Para poder condenar ese atentado sería menester que no se hubieran producido los que abatieron a Faraudo y a Castillo. En cuanto a las consecuencias de que ahora se habla, no creo que debamos temerlas. La República tiene de su parte el proletariado, y esa adhesión la hace, si no intocable, sí invencible. Si las derechas levantan bandera de rebeldía será llegado el momento de ejemplarizarlas con una lección implacable». La misma confianza había mostrado unos días antes el líder del sector radical del PSOE Francisco Largo Caballero, quien en un mitin celebrado en Madrid antes de viajar a Londres había dicho: «Si se quieren proporcionar el gusto de dar un golpe de Estado por sorpresa, que lo den... A la clase obrera no se le vence». Durante su estancia en Londres Largo Caballero había reiterado en unas declaraciones al diario "News Chronicle" (el artículo se titulaba: «Interviú con uno de los hombres más importantes de la España actual, que acaso llegue a alcanzar tanta fama como Lenin») la estrategia política que había concebido desde que aceptó incorporarse al Frente Popular: «Cuando fracase [el Gobierno republicano] nosotros le sustituiremos y entonces será nuestro programa y no el suyo el que se llevará a cabo». También concedió otra entrevista al "Daily Express" en la que se le llamaba el «Lenin español». El principal ideólogo del "caballerismo" Luis Araquistain escribió en una carta a su hija (o a su mujer) nada más conocer el asesinato de Calvo Sotelo: «Creo que Caballero tendría que ser el presidente o no aceptaríamos otra cosa. [...] Me parece que entramos en la fase más dramática de la República. O viene nuestra dictadura o la otra».


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text: El entierro del teniente Castillo, que se celebró en el cementerio civil de Madrid en la mañana del martes 14 de julio, constituyó una gran manifestación de fuerza de las organizaciones obreras. «La amenaza de una sublevación contra la República pesaba aquella mañana en todos los ánimos», recordó muchos años después un joven estudiante de Medicina, simpatizante socialista, que asistió al funeral. Cuando terminado el funeral los que habían participado en él salieron del cementerio civil se toparon con los que acudían al entierro de Calvo Sotelo en el cementerio del Este. «La avenida de Daroca [que comunica ambos cementerios] estaba abarrotada de gente de los dos bandos. Hubo enfrentamientos, gritos, amenazas, puños en alto y saludos romanos. El ambiente no podía estar más crispado». Esa misma noche Indalecio Prieto escribió un artículo titulado «La España actual reflejada en el cementerio» que fue publicado al día siguiente por su diario "El Liberal" de Bilbao. En él decía:


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text: La conmoción —e indignación— causada por el asesinato de Calvo Sotelo se extendió por toda España («la clase media española quedó estupefacta ante este asesinato del líder de la oposición parlamentaria realizado por miembros de la policía regular, aun cuando pudiera sospechar que la víctima había estado implicada en una conspiración contra el Estado», comenta Hugh Thomas), y no sólo entre los sectores conservadores. La familia recibió innumerables telegramas de pésame de todas partes, se celebraron funerales en muchas localidades, se colgaron crespones negros y miles de personas acudieron al portal del domicilio de Calvo Sotelo en la calle Velázquez 89 o a las sedes de Renovación Española para firmar en las hojas que se habían dispuesto para protestar por el magnicidio. En ellas escribieron encendidas frases como «¡Tu sangre salvará España!», «Ahora más que nunca ¡viva Calvo Sotelo!» o la falangista «¡Arriba España!». La prensa conservadora, tanto la de la capital como la de de fuera de Madrid, le dedicó amplio espacio a la noticia aunque con las limitaciones que había impuesto la censura ordenada por el gobierno. "El Pueblo Manchego", diario católico de Ciudad Real, publicó un editorial el día 15 de julio en el que se preguntaba «¿Qué va pasar aquí?» y afirmaba: «en guerra estamos. El que lo dude no se sabe ver ni calar las realidades de España». A continuación planteaba la necesidad de formar un «Frente Nacional». «Lo es porque la vida de España está seriamente amenazada» y «para resistir el empujón revolucionario... y vencerlo». Los Colegios de Abogados de Madrid y de Barcelona acordaron escritos de protesta (los abogados que los firmaron serían «depurados» por las autoridades republicanas durante la guerra civil). El Colegio de Zaragoza envió un telegrama a la familia de Calvo Sotelo, firmado por el decano Monterde, que decía: «Consternados monstruoso asesinato insigne, glorioso español, virtuoso compañero toda su vida, protesto indignación intensa, impía, cruel vergüenza nacional. Dios acoja misericordioso alma mártir patria que sirva de ejemplo sus últimos defensores»),


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text: Los sectores liberales que habían apoyado a la República también quedaron conmocionados, especialmente por la falta de respuesta del gobierno. Gregorio Marañón, uno de los antiguos integrantes de la Agrupación al Servicio de la República, le escribió a Marcelino Domingo el día 16: «El Gobierno da la sensación de una lenidad increíble, nos sonroja y nos indigna a los que luchamos contra la Monarquía. [...] España está avergonzada e indignada, "como no lo ha estado jamás"» (cursiva en el original). Entre muchos dirigentes centristas o conservadores se instaló la idea de que el estado no era capaz de controlar a sus fuerzas de seguridad, aun cuando quisiera hacerlo. «Lerroux, o Cambó, o incluso Gil Robles, pensaron que a partir de entonces no podían ser leales a un Estado que no podía garantizar sus vidas. El presidente de la asociación de estudiantes católicos, Joaquín Ruiz Giménez, que antes había defendido la línea de la no-violencia, decidió que Santo Tomás habría aprobado una rebelión considerándola justa» Alejandro Lerroux escribió en sus memorias: «Al dejar impune el crimen habían demostrado [los miembros del gobierno], por lo menos, su impotencia para reprimirlo y castigarlo». El exministro radical Salazar Alonso escribió en una carta a un amigo el mismo día 13 de julio: «Se confirma el vil asesinato de Calvo Sotelo. ¡Qué espanto! ¡Pero ante este crimen hay que reaccionar como hombres...!».


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text: Desde la cárcel de Alicante donde se encontraba preso, el líder de Falange Española de las JONS José Antonio Primo de Rivera utilizó el asesinato de Calvo Sotelo como justificación del golpe de Estado el mismo día, 17 de julio, en que había comenzado (dos días antes le ha enviado una carta al general Mola urgiéndole a que inicie el levantamiento y ha redactado un manifiesto para cuando este se produzca que comienza diciendo: «Un grupo de españoles, soldados unos y otros hombres civiles, no quiere asistir a la total disolución de la patria. Se alza hoy contra el Gobierno traidor, inepto, cruel e injusto que lo conduce a la ruina...»):


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text: Una reacción similar es la que tuvo el exrey Alfonso XIII quien en una carta al conde de los Andes, uno de los enlaces monárquicos en el golpe de Estado que se estaba fraguando, le escribió:


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text: El entierro se celebró el día 14 a las cinco de la tarde en el cementerio del Este, solo unas horas después del sepelio del teniente Castillo en el cementerio civil de Madrid, aledaño a aquel. El cadáver de Calvo Sotelo había sido amortajado con el hábito de franciscano, tal como había dispuesto en su testamento, y la parte baja del féretro aparecía cubierta con una bandera monárquica. La guardia de honor estuvo formada por muchachos provenientes de la diferentes Juventudes de los partidos de derecha. Junto a la viuda y al resto de la familia, estuvieron presentes los dirigentes y los diputados de las organizaciones de derechas (José María Gil Robles, Antonio Goicoechea, Melquíades Álvarez, Joan Ventosa, José Martínez de Velasco, Pedro Sainz Rodríguez, entre otros muchos) además de miembros destacados de la aristocracia y de las clases altas. También algunos militares de alta graduación, como el general Kindelán. Se rezó el rosario mientras el féretro era llevado a la sepultura. Asistieron al entierro miles de militantes y de simpatizantes de las derechas, buena parte de los cuales hicieron el saludo fascista. El vicepresidente, el secretario primero y el Oficial Mayor de las Cortes intentaron asistir al funeral pero al llegar al cementerio fueron abucheados y casi agredidos por muchos de los asistentes, entre ellos, según Hugh Thomas, «señoras muy bien vestidas, que gritaban que no querían tener nada que ver con parlamentarios», y tuvieron que marcharse. Algunos les gritaron «¡Mueran las Cortes!». También hubo vivas a la Guardia Civil, que había sido desplegada en el cementerio y en sus inmediaciones. Entre las muchas coronas de flores que acompañan al féretro hay una encargada por el exrey Alfonso XIII. Antonio Goicoechea, líder de Renovación Española, fue el encargado de pronunciar el discurso de despedida del difunto (la censura prohibió que fuera reproducido por los periódicos):


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text: Después del entierro, que el socialista "centrista" Julián Zugazagoitia lo consideró «una declaración de guerra al Estado», muchas de las personas que abandonan el cementerio desfilan brazo en alto y algunas entonan el himno falangista "Cara al Sol". Una parte de ellas, entre los que predominan los jóvenes, deciden dirigirse en manifestación al centro de Madrid. A la altura de la plaza de Manuel Becerra, les corta el paso un destacamento de la Guardia de Asalto. Se producen cargas, carreras e incidentes, pero los manifestantes logran reorganizarse y continuar avanzando por la calle de Alcalá. Muchos había sido cacheados por los guardias para asegurarse que no llevaban armas. Cuando llegan al cruce con la calle General Pardiñas —o al cruce con la calle Goya, según otras versiones— suena un tiro e inmediatamente los guardias que ocupaban una o dos camionetas descienden y comienzan a disparar. Mueren dos de los manifestantes y varios resultan heridos de gravedad. Los incidentes se prolongan por el centro de la capital. En la calle de Montera una persona resulta gravemente herida por un disparo. Según diversos periódicos, el balance final es de entre dos y siete muertos y numerosos heridos». Ningún guardia fue alcanzado por un disparo. Esta actuación desproporcionada de las fuerzas de orden público provocó las protestas de tres oficiales de la Guardia de Asalto, que por esta razón fueron arrestados. Otros reclamaron una investigación más exhaustiva del asesinato de Calvo Sotelo e incluso estuvieron a punto de amotinarse. También fueron arrestados por sus oficiales algunos suboficiales y guardias de Asalto del Cuartel de Pontejos, la mayoría pertenecientes a la 2ª Compañía (la del teniente Castillo) y a la 5ª, por mostrar su descontento porque se les culpara de forma indiscriminada del asesinato del líder monárquico.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Al día siguiente, miércoles 15, la censura no impidió que el diario monárquico "ABC" publicara una esquela por la muerte de Calvo Sotelo que ocupaba toda la primera página y en la que aparecía la palabra «asesinado». En ella se decía: «José Calvo Sotelo, ex ministro de Hacienda y diputado a Cortes. Murió asesinado en la madrugada del 13 de julio de 1936. RIP. Su familia, las fuerzas nacionales que representaba, sus amigos y correligionarios, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma».


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text: Tanto el Gobierno como el presidente de las Cortes estuvieron de acuerdo en que hasta que los ánimos se calmaran había que suspender sus sesiones. Pero como la CEDA se opuso, porque quería que se celebrara una sesión ordinaria para debatir lo que había ocurrido («Comunique usted a los autores de la muerte de Calvo Sotelo que esta noche duermo en casa, por si quieren venir a asesinarme», le dijo Gil Robles a Martínez Barrio cuando se negó a que las Cortes fueran suspendidas; «Eso es llamarnos asesinos», le replicó el segundo; «Tómelo usted por donde quiera», le contestó el primero), se tuvo que recurrir a un decreto del presidente de la República Manuel Azaña quien en uso de la prerrogativa que le concedía el artículo 81 de la Constitución de 1931 («El presidente de la República... podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura solo por un mes en el primer periodo y por quince días en el segundo») las suspendió durante ocho días. Sin embargo, el Gobierno no pudo eludir la reunión de la Diputación Permanente porque el 15 de julio se cumplía el plazo de un mes de vigencia del estado de alarma, y este había que renovarlo cada treinta días. Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, tenía la esperanza de que no hubiera incidentes al ser mucho menor el número de diputados presentes (veintidós, solo siete de ellos de derechas).


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Hacia las once y media de la mañana del miércoles 15 de julio se inició la reunión de la Diputación Permanente. Sorprendió que no estuviera presente el presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga. En su lugar asisten el ministro de Estado Augusto Barcia Trelles y el ministro de la Gobernación Juan Moles. Tras la lectura de la proposición de prórroga del estado de alarma Martínez Barrio cede la palabra al representante de la derecha monárquica Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano. Este lee una declaración que ha sido redactada por Pedro Sainz Rodríguez, quien más adelante afirmaría que «era una declaración correcta de forma, pero de una enorme violencia». La brutal acusación aparece en el segundo párrafo: el asesinato de Calvo Sotelo —«honra y esperanza de España», «vocero de las angustias que sufre nuestra patria»— ha sido un «verdadero crimen de Estado» —los monárquicos acababan de señalar al Gobierno como el instigador o cómplice del crimen, aunque como reconoció años más tarde Sainz Rodríguez no tenía ninguna prueba, ni la tenía entonces, pero a pesar de ello la calificación de «crimen de Estado» se mantuvo durante los cuarenta años de la dictadura franquista—.


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: Según Ian Gibson, «se trataba, pues, de utilizar la muerte del jefe monárquico para desacreditar aún más a un Gobierno odiado. No importaba que el asesinato no hubiera sido, en realidad, un crimen de Estado, es decir ordenado por el Gobierno. Lo imprescindible era hacer creer que lo había sido. Los monárquicos, cuando dieron el visto bueno al documento... sabían que dentro de unos días estallaría la sublevación». De hecho, dos semanas antes, el 1 de julio, Pedro Sainz Rodríguez en persona, con el conocimiento de Antonio Goicoechea y de Calvo Sotelo, había firmado en Roma la compra de 43 aviones de combate con su correspondiente armamento y munición (y combustible y piezas de recambio), por un valor de 39,3 millones de liras (616.000 libras). Por encima incluso de la operación del Dragon Rapide, esta compra de aviones a la Italia fascista fue, según Ángel Viñas, «la aportación operativa más importante que llevaron a cabo los monárquicos de cara a los preparativos finales del golpe de Estado» y significaba que los monárquicos no se preparaban para un golpe de estado sino «para dirimir una corta guerra». Estos aviones fueron los que hicieron posible que el general Franco trasladara el Ejército de África a la península, un hecho decisivo en su victoria en la guerra civil española. El documento redactado por Sainz Rodríguez y leído por el conde de Vallellano continuaba diciendo que el asesinato de Calvo Sotelo era un crimen «sin precedentes en nuestra historia política» ya que «había sido ejecutado por los propios agentes de la autoridad» y después se ampliaba la responsabilidad del «crimen de Estado» a todas las fuerzas políticas que apoyaban al Gobierno (recordando la amenaza que le lanzó a Calvo Sotelo el socialista Ángel Galarza, pero sin mencionar su nombre): «Y esto ha podido realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado personal contra los diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento. "Tratándose de Calvo Sotelo, el atentado personal es lícito y plausible", han declarado algunos». Seguidamente se lanzaba un despiadado y «maquiavélico» ataque contra el presidente del gobierno Casares Quiroga, tras mencionar la supuesta amenaza que este le había hecho a Calvo Sotelo en las Cortes el 16 de junio: La declaración acababa anunciando la retirada de los monárquicos de las Cortes, pero al mismo tiempo su compromiso con «quien quiera salvar a España»:


title: Asesinato de Calvo Sotelo

text: El presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio le rogó a Suárez de Tangil que no abandonara inmediatamente la sala porque quería «hacer unas manifestaciones respecto al contenido del documento que acaba de leerse», a lo que el diputado monárquico accedió: «las atenciones y deferencias que oficial y particularmente debemos en este trágico caso al señor presidente me obligan a cumplir sus indicaciones». Martínez Barrio inició su intervención diciendo que comprendía «el estado de dolor del señor Suárez de Tangil y de la representación parlamentaria en cuyo nombre acaba de leer ese documento» pero a continuación advirtió de que tras examinar detenidamente el documento excluiría del "Diario de Sesiones" aquellas manifestaciones «que suponen una exacerbación de las pasiones, unas acusaciones sobre las que no quiero entrar, pero que en estos instantes solo el enunciarlas contribuirían a envenenar los ánimos aún más de lo que se hallan». «No lo tome el señor Suárez de Tangil ni la representación de sus grupos a descortesía, a falta de atención y, en lo que tienen de humano, a ausencia de colaboración y solidaridad con el dolor que experimentan, que nos es común, sino a previsión, obligada, mucho más en quien en estos instantes las circunstancias le han deparado obligaciones tan amargas como las que sobre mí pesan». Finalizó diciendo: «Espero y deseo que la retirada parlamentaria de los grupos de Renovación Española y tradicionalista, que han delegado su derecho en su señoría, sea transitoria...». Suárez de Tangil cumplió con su propósito y abandonó la sala.


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text: Martínez Barrio ordenó eliminar del "Diario de Sesiones" la frase clave: un «verdadero crimen de Estado». Y también las duras acusaciones dirigidas contra el presidente del Gobierno Casares Quiroga: no aparece consignada la frase «y el Presidente del Consejo ha amenazado a Calvo Sotelo con hacerle responsable a priori, sin investigación ulterior, de acontecimientos fáciles de prever que pudieran producirse en España»; y es eliminado todo el párrafo que empezaba diciendo «¡Triste sino el de este gobernante...» y acababa con la frase «...la triste suerte de hallar en cuerpos honorables núcleos más o menos numerosos de asesinos» (toda la cita en cursiva). También suprimió la referencia a «el crimen» del penúltimo párrafo de la declaración (en cursiva en la cita). Gil Robles protestó con dureza y amenazó con abandonar las Cortes: «Tacharlas [las palabras del Sr. Suárez de Tangil], hacer que no lleguen al acta, que no sean transcritas en el "Diario de Sesiones", es algo que significa un atentado al derecho, que nunca ha sido desconocido, de las minorías...». Tras una breve intervención del ministro de Estado Augusto Barcia lamentando la muerte de Calvo Sotelo, toma la palabra el líder de la CEDA José María Gil Robles, cuya intervención, según Gabriele Ranzato, «fue, por su eficacia y elocuencia, su último gran servicio a la causa de la sublevación». Su discurso, según Luis Romero, «es agresivo y acusatorio; parlamentariamente hablando ya no se complementa con Calvo Sotelo, se ha fundido con él». Gil Robles comienza denunciando que el estado de alarma ha sido utilizado por el gobierno como «elemento de persecución» contra la oposición, para a continuación desmarcarse de la acusación de «crimen de estado» que acababan de hacer los monárquicos. «Lejos de mi ánimo el recoger acusaciones en globo, y mucho menos lanzar sobre el Gobierno, sin pruebas, una acusación calumniosa de pretender que el Gobierno esté directamente mezclado en un hecho criminal de esta naturaleza», dice. Pero alude a la amenaza pronunciada por el diputado socialista Ángel Galarza («¿Es que acaso estas palabras no implican una excitación, tan cobarde como eficaz, a la comisión de un delito gravísimo? ¿Es que ese hecho no implica responsabilidad alguna para los grupos y partidos que no desautorizaron esas palabras?»), a la declaración de Casares Quiroga sobre la beligerancia del gobierno sobre el fascismo («Cuando desde la cabecera del banco azul se dice que el Gobierno es beligerante, ¿quién puede impedir que los agentes de la autoridad lleguen en algún momento hasta los mismos bordes del crimen?») y a su supuesta amenaza a Calvo Sotelo del día 16 de junio («equivale a señalar, a anunciar una responsabilidad "a priori", sin discernir si ha incurrido o no en ella»), por lo que en el orden político y moral sí considera al Gobierno responsable de lo ocurrido y, lo que es aún más grave, lo acusa de patrocinar la violencia:


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text: En otro pasaje de su discurso había justificado implícitamente la sublevación que se estaba preparando: Según Ranzato, frente al formidable desafío que las derechas acababan de realizar «la respuesta del gobierno y de los partidos que lo sostenían resulta inadecuada, dilatoria e inconsistente. Habría sido necesaria la intervención de un jefe de gobierno capaz de rebatir punto por punto, de manifestar indignación por el asesinato de unos de los máximos representantes de la oposición y de prometer solemnemente el rápido castigo de sus autores, pero, al mismo tiempo, de denunciar el intento de la derecha de aprovechar ese delito para incitar, a su vez, a la violencia y a la rebelión». Pero el presidente del gobierno Casares Quiroga no había acudido a la reunión de la Diputación Permanente («fue un error político gravísimo, y tuvo el efecto de parecer dar cierta razón a los que le acusaban de complicidad en el asesinato del jefe monárquico», afirma Ian Gibson), y en nombre del gobierno le respondió a Gil Robles el ministro de Estado Augusto Barcia, «minimizando, eludiendo y oponiéndole a veces una torpe defensa», según Ranzato. Contestando con «dignidad y mesura», según Ian Gibson. «Un discurso vacuo», según Alfonso Bullón de Mendoza. Tras reprocharle a Gil Robles haberse expresado en términos «verdaderamente monstruosos», Barcia recurrió al argumento, utilizado en innumerables ocasiones por las izquierdas, de hacer responsable último de los desórdenes a los gobiernos de centro-derecha del bienio anterior, una de cuyas figuras más destacadas había sido el líder de la CEDA. A continuación defendió la actuación del Gobierno en el esclarecimiento del asesinato de Calvo Sotelo alegando que había tomado «absolutamente todas la medidas que podía y tenía en sus manos, y tomadas están, e inmediatamente buscar el Juez de máxima garantía y de máxima jerarquía para que, entrando a fondo, sin detenerse en nada, llegando hasta donde tenga que llegar, esclarecerlo todo». También intervino, brevemente, el ministro de la Gobernación, Juan Moles, quien en lugar «de aclarar por lo menos todos los aspectos relativos al papel desarrollado —antes, durante y después de los hechos— por las fuerzas de policía», se limitó a decir que había varios miembros de la Guardia de Asalto detenidos y separados del servicio, sin dar más detalles. Añadió la falsedad («una reflexión que no tenía pies ni cabeza», según Alfonso Bullón de Mendoza) de que los dos agentes que custodiaban el domicilio de Calvo Sotelo habían opuesto resistencia a los que intentaban entrar en el edificio y de que les habían «exigido determinadas garantías» para permitirles el paso. Según Ranzato, el gobierno perdió su última ocasión de «librarse del lastre de la extrema izquierda que les arrastraba hacia el fondo... por medio de una clara separación de responsabilidades».  Según Ranzato, tampoco aprovechó la oportunidad de desmarcarse de la extrema izquierda el socialista moderado Indalecio Prieto, tal vez apesadumbrado por el hecho de que quienes habían cometido el asesinato de Calvo Sotelo no eran exaltados "largocaballeristas" sino hombres de su escolta. Según Alfonso Bullón de Mendoza, Prieto «perdió una ocasión maravillosa de callarse» porque su discurso fue un ejemplo extremo de «cinismo» ya que, según este historiador, desde el mismo día del asesinato Prieto ya sabía quienes habían asesinado a Calvo Sotelo y los estaba encubriendo. Dirigiéndose a Gil Robles, Prieto volvió a recurrir al argumento de la izquierda de que la violencia de aquel momento era la consecuencia de «las enormes ferocidades cometidas con ocasión de la represión de los sucesos de octubre de 1934»: «Entonces no calculasteis que habíais sembrado una planta cuyo tóxico os había de alcanzar también a vosotros. Ninguno de nosotros ha aprobado los hechos que se están ahora realizando, los condenamos y los deploramos... pero... su señoría no tiene derecho a creer sus manos totalmente limpias y pulcras de responsabilidad mientras porfía para enfangar las de los demás». Prieto lo argumentó así:  Lo cierto es que Prieto, que en los últimos meses había sido uno de los pocos líderes de la izquierda que había denunciado la violencia de sus correligionarios, desde principios de julio había cambiado su discurso (tal vez porque «veía venir la guerra inexorablemente», según Ranzato). El 2 de julio la Comisión Ejecutiva del PSOE, que Prieto controlaba, había manifestado que «si se nos invita a combates de violencia, la violencia será nuestro sistema. Mañana mismo que surgiera la coyuntura, nuestra voz se alzaría para pedir al proletariado que se pusiera en pie de guerra». El 9 de julio Prieto había publicado en su periódico "El Liberal" de Bilbao un artículo en el que hacía un llamamiento a «correligionarios y amigos» a «vivir precavidos» y «estar alerta» «por si llega el momento» de emplear «nuestra fuerza». También se dirigió al Gobierno: «Hombre prevenido vale por dos y el Gobierno prevenido vale por cuarenta». Tres días después, el 12 de julio, la víspera del asesinato de Calvo Sotelo, había reiterado, de nuevo en "El Liberal": «Estén seguros de que al lanzarse ['quienes desde el campo adversario preparan el ataque'] se lo juegan todo, absolutamente todo. Como nosotros hemos de hacernos a la idea de que tras nuestra derrota no se nos dará cuartel. La contienda, pues, si al fin surge, se ha de plantear en condiciones de extrema dureza».


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text: La réplica de Gil Robles a Prieto fue contundente: «Decía el señor Prieto que había que medir las responsabilidades de cada uno. Yo tengo ganas de que se hable aquí de todo, para que se midan también las responsabilidades de su señoría y la de todos aquellos que prepararon el movimiento revolucionario y desencadenaron la catástrofe sobre la República, sobre Asturias, para que se ponga en claro las crueldades tremendas que en la revolución se produjeron...».


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text: José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España, tras recordar de nuevo la «represión de Asturias», en la que «con el consentimiento del Gobierno, se llevaron a aquella región tropas moras para que pasaran por el filo de sus gumias a los mineros españoles», le lanza una advertencia a Gil Robles en relación con su supuesta implicación en el complot que pretende acabar con la República: «¡Tened cuidado! Todos nos hallamos vigilantes a fin de que no podáis llevar a cabo vuestros intentos...». Por otro lado acusa al Gobierno de tibieza al «quedarse corto, al no meter mano a fondo a los elementos responsables de la guerra civil que hay en España», entre los que señala directamente a la CEDA. Termina diciendo dirigiéndose a los diputados de derechas: «Aquí estamos, las fuerzas obreras en primer término, para apoyar al Gobierno, y después para impedir que vuestros intentos de llevar a España a la catástrofe sean logrados».


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text: Interviene a continuación el centrista Manuel Portela Valladares quien, según Luis Romero, «es quizá el único de los oradores que se mantiene neutral». Comunica que no apoyará la prórroga del estado de alarma porque al haberse declarado beligerante el Gobierno no lo podrá aplicar «con serenidad, con mesura, sin pasión, con igualdad». Por su parte el diputado de la Lliga Joan Ventosa lanza un ataque «inmisericorde, aunque realista», contra el presidente del Gobierno Casares Quiroga a quien considera la persona menos adecuada «para restablecer la convivencia civil entre los españoles y para poner término a la guerra civil que existe». Al igual que los monárquicos y que Gil Robles, recuerda también «los tumultos [parlamentarios] producidos por elementos que forman parte de la minoría gubernamental, de la cual han partido insultos, injurias, ataques e incitaciones al atentado personal constantemente». Y subraya que el atentado contra Calvo Sotelo no tiene comparación con otros por tratarse «del representante de una fuerza de opinión en pugna con la que está en el Gobierno, que es asesinado por quienes aparecen como agentes de este Gobierno». Ventonsa termina diciendo que tampoco apoyará la prórroga del estado de alarma. Después interviene José María Cid, del Partido Agrario Español, que recuerda la amenaza vertida en sede parlamentaria contra Calvo Sotelo por el diputado socialista Ángel Galarza (amenaza a la que también se había aludido, sin nombrar al diputado, en la declaración de los monárquicos). Finalmente se vota la prórroga del estado de alarma que queda aprobada por trece votos contra cinco y una abstención (la de Portela Valladares). En cuanto se levanta la sesión Gil Robles, como ya lo han hecho o están a punto de hacerlo otros miembros destacados de las derechas, abandona Madrid. Vuelve en coche a Biarritz de donde había venido nada más conocer el asesinato de Calvo Sotelo.


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text: Ese mismo día por la tarde el diario socialista "caballerista" "Claridad" respondía a la afirmación de Gil Robles, en tonos amenazantes e irónicos, de que el estado de alarma no había servido para acabar con la violencia: «Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga cuanto antes una dictadura del Frente Popular. Es la consecuencia lógica e histórica del discurso del señor Gil Robles. Dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere este gobierno? Pues sustitúyale un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quiere el estado de alarma? Pues concedan las Cortes plenos poderes. ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. ¿No quieren el Parlamento? Pues gobiérnese sin Parlamento. Todo menos un retorno de las derechas. Octubre fue su última carta y no volverán a jugar más». El artículo traslucía la confianza que tenían los socialistas de todas las tendencias, y la izquierda obrera en general, de que el «proletariado» sería capaz de vencer en una previsible guerra civil que estimaban corta.


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text: El asesinato de Calvo Sotelo provocó que los últimos militares indecisos o indiferentes se sumaran a la rebelión dándole el impulso definitivo. Entre los militares ya comprometidos con la conspiración el magnicidio y sus circunstancias excitaron tanto los ánimos que el general Mola tuvo que desplazarse el día 14 desde Pamplona a Logroño para impedir que la clandestina Unión Militar Española (UME) se sublevara, junto con Falange, el día 16. Además varios militares llegaron a preparar un complot para secuestrar al presidente de la República Manuel Azaña que se descartó finalmente por la inminencia de la sublevación.


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text: Como ha señalado Eduardo González Calleja, «el magnicidio no provocó el levantamiento militar, pero aumentó la determinación de los conjurados y animó a dar el paso a los que aún dudaban en participar en la asonada que se preparaba». Joan Maria Thomàs afirma que el asesinato de Calvo Sotelo resultó «decisivo a la hora de concitar un mayor apoyo de los generales y oficiales al golpe y, sobre todo, a la de concitar apoyos a éste entre sectores de la población». También indujo a la pasividad a militares de orientación democrática a la hora de defender la República. Luis Romero afirma: «El 13 de julio, la conspiración está muy avanzada, a punto de estallar el movimiento rebelde, pero la conmoción que produce la muerte de Calvo Sotelo ejerce definitiva influencia en la fijación final de la fecha, en decidir a vacilantes y en los acontecimientos posteriores». Ian Gibson considera que el asesinato «les dio a los rebeldes —cuyos planes conspiratorios estaban ya muy adelantados el 13 de julio— una nueva e inmejorable justificación para el Movimiento ante la opinión mundial. Convenció a los militares aun vacilantes que había llegado la hora de tomar decisiones tajantes». El militar republicano Jesús Pérez Salas escribió en sus memorias lo siguiente sobre el impacto que tuvo en el Ejército el asesinato de Calvo Sotelo: El historiador norteamericano Stanley G. Payne le concede aún más importancia al asesinato de Calvo Sotelo pues considera que este magnicidio, que según él supuso «el fin del sistema constitucional» republicano, fue el que decantó a los militares a sublevarse. «El asesinato de Calvo Sotelo fue el catalizador necesario para transformar una conspiración floja en una rebelión violenta que podía disparar una lucha masiva», afirma Payne. Alfonso Bullón de Mendoza sostiene la misma tesis pues considera que la conspiración militar «había empezado sus pasos hacía varios meses... pero en pasos vacilantes, dados en buena medida por gentes que tan sólo deseaban un pretexto para no sublevarse». Sin embargo, tras conocer el asesinato de Calvo Sotelo y sus circunstancias «fueron muchos los militares que entonces decidieron sumarse al alzamiento, hasta el punto que es muy posible que sin el asesinato de Calvo Sotelo la sublevación, que en cualquier caso habría estallado en breves días, se hubiese convertido en una nueva sanjurjada».


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text: Tanto Payne como Bullón de Mendoza aportan como prueba el cambio de actitud del general Franco («la situación límite de la que siempre había hablado como el único factor que podía justificar una rebelión armada finalmente se había producido... Había llegado el momento en que el cauteloso general había decidido que era aún más peligroso no rebelarse que rebelarse», afirma Payne). Ambos recuerdan que solo un día antes del asesinato había vuelto a manifestar sus dudas sobre la participación en la sublevación. Bullón de Mendoza afirma que «Franco, cuyo prestigio en el Ejército es difícil exagerar, no era desde luego un conspirador entusiasta, y además pensaba que los preparativos de Mola era bastante chapuceros, motivo por el cual, al igual que otros muchos militares, tenía serias dudas sobre las posibilidades de triunfo del golpe que se preparaba». Por esa razón el 12 de julio Franco envió un mensaje a Mola, a través del coronel Valentín Galarza, en el que le decía «geografía poco extensa», «que no significaba otra cosa que la necesidad de aplazar el golpe hasta que estuviese debidamente preparado», según Bullón de Mendoza. El mensaje del general Franco causó una enorme consternación en el general Mola que tuvo que cambiar algunas instrucciones y que llegó a plantearse enviar al general Sanjurjo a Marruecos, para que fuera él el que encabezara la rebelión en el Protectorado. Pero tras conocer el asesinato de Calvo Sotelo y sus circunstancias, la posición del general Franco dio un giro radical. El 14 de julio, al día siguiente del magnicidio, comunicó a Mola su participación en la sublevación. Según su primo y ayudante Francisco Franco Salgado-Araujo, Franco afirmó «con gran indignación» «que ya no se podía esperar más y que perdía por completo la esperanza de que el gobierno cambiase de conducta al realizar este crimen de Estado, asesinando alevosamente a un diputado de la nación valiéndose de la fuerza de orden público a su servicio». Luis Romero comenta: «De no producirse el atentado [contra Calvo Sotelo], no sabemos cómo Franco hubiese reaccionado si Mola se decidía a sublevarse y Sanjurjo se trasladaba a Marruecos; probablemente se hubiera incorporado al movimiento. El hecho de que el "Dragon Rapide" estuviera en vuelo, no significa que Franco estuviera decidido».


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text: Hugh Thomas ya había sostenido una posición similar a la de Payne y a la de Bullón de Mendoza en su historia de la guerra civil publicada en 1961 y revisada en 1976: «Aunque la conspiración llevaba fraguándose tanto tiempo, la muerte de Calvo Sotelo fue lo que decidió realmente a los conspiradores a ponerla en marcha; de otro modo, tal vez no hubieran tenido valor para dar el primer paso. En cambio, ahora, si no hubieran actuado, tal vez habrían sido desbordados por sus seguidores».


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text: Por otro lado, la conmoción que les causó la noticia del asesinato de Calvo Sotelo también inclinó a los carlistas a sumarse definitivamente a la sublevación que dirigía el general Mola, con quien llevaban negociando hacía varias semanas sin llegar a ponerse de acuerdo. En la noche del miércoles 15 la Junta Suprema Militar Carlista de San Juan de Luz autorizó oficialmente la participación del carlismo en el movimiento militar: «la Comunión Tradicionalista se suma, con todas sus fuerzas, en toda España al Movimiento Militar para la Salvación de la Patria».


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text: Finalmente todos obedecieron la orden de Mola de que la rebelión comenzara el viernes 17 de julio en el Protectorado español de Marruecos (una vez conocida la noticia de que las fuerzas de África estarían preparadas a partir del 16 de julio) y de forma escalonada entre el sábado 18 de julio y el lunes 20 en la península ―a diferencia de los pronunciamientos en que todas las guarniciones se alzaban a un día y hora concretos, Mola dio libertad para que cada plaza se sublevara cuando lo considerara oportuno con la intención de provocar un efecto dominó; la única fecha y hora que fijó fue la del alzamiento en el protectorado: el 17 a las 17―. Así se lo comunicó el día 15 el general Mola a su enlace en Madrid, el teniente coronel Valentín Galarza, «El Técnico». Un día antes había aterrizado en el aeródromo de Gando (Gran Canaria) el avión Dragón Rapide que debía trasladar al general Franco desde Canarias al Protectorado de Marruecos (no había aterrizado en Tenerife, donde se encontraba Franco, porque no disponía de un aeropuerto adecuado; Franco tuvo que buscar un pretexto para viajar allí y lo encontró en la necesidad de asistir al funeral del general Amado Balmes que acababa de fallecer a causa de un accidente cuando manejaba un arma). A las siete y cuarto de la mañana del viernes 17 de julio un enlace del general Mola envió desde Bayona tres radiotelegramas en clave para el general Franco en Tenerife, para el general Sanjurjo en Lisboa y para el teniente coronel en la reserva Juan Seguí Almuzara en Melilla en los que se les recordaba la orden de comenzar el alzamiento el 17 a las 17. Sin embargo, según Luis Romero la fecha que aparecía los radiogramas era la del sábado 18 de julio y la sublevación se adelantó en el Protectorado de Marruecos al viernes 17 por la tarde porque los conjurados en Melilla se vieron obligados a ello para evitar ser detenidos cuando estaban reunidos en las oficinas de la Comisión de Límites situada en la Alcazaba.


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text: Algunos líderes conservadores que no habían participado en la conspiración fueron avisados de la fecha del golpe y se les recomendó que se marcharan de Madrid (o de Barcelona, como en el caso de Francesc Cambó). Alejandro Lerroux, por ejemplo, se fue a Portugal y desde allí dio su apoyo al golpe. El que decidió quedarse fue Melquiades Álvarez que moriría asesinado en la saca de la Cárcel Modelo de Madrid del 22 de agosto de 1936. Los líderes derechistas que estaban comprometidos con la sublevación habían comenzado a abandonar la capital tras asistir al entierro de Calvo Sotelo en la tarde del martes 14 de julio o después de la reunión de la Diputación Permanente que se celebró en la mañana del día siguiente. José María Gil Robles se marchó en coche a Biarritz ese mismo día 15 por la tarde; Antonio Goicoechea se fue el viernes 17 a una finca de la provincia de Salamanca cercana a la frontera con Portugal. También abandonaron Madrid ese mismo viernes 17 la esposa y los hijos de Calvo Sotelo. A primera hora de la noche tomaban el expreso de Lisboa. Habían aparecido pintadas amenazantes en la capital, como una que decía «la descendencia de Calvo Sotelo, seguirá el mismo camino que su padre». Llegaron a Lisboa en la mañana del sábado 18 y en la Estación del Rocío, «abarrotada de gente» —según recordó la hija de Calvo Sotelo Enriqueta— les esperaba el general Sanjurjo, que le ofreció su brazo a la viuda para salir de la Estación. Al parecer el general le dijo: «Hemos perdido al hombre más preclaro de España». La familia de Calvo Sotelo abandonaría Lisboa para instalarse en la zona sublevada en septiembre de 1937.


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text: El historiador italiano Gabriele Ranzato ha destacado que lo que puso en evidencia el asesinato de Calvo Sotelo fue que «el Estado del Frente Popular, en vez de limitarse a perseguir y golpear con la ley a instigadores, promotores y ejecutores de la violencia subversiva, empleando todos sus recursos represivos legales, había, en cambio, permitido una justicia sumaria —o mejor una venganza sumaria—, y además contra una de las figuras más eminentes de la oposición, por parte de miembros de sus fuerzas del orden, sin que, por otro lado, se tomaran contra ellos inmediatas y severas medidas. De ello había derivado una ofuscación del Estado de derecho, capaz de engendrar una gran inseguridad en muchos ciudadanos desconcertados...».


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text: Joan Maria Thomàs coincide con Ranzato cuando afirma que «lo más importante fue la falta de reacción del gobierno ante el asesinato del ultraderechista y diputado, que no actuó enérgicamente dando un golpe de autoridad para restablecer el orden y decepcionó a aquellos sectores que clamaban por un golpe de timón».


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text: Una valoración similar es la que sostiene Alfonso Bullón de Mendoza, pero va más lejos al argumentar que el Gobierno con una actuación contundente podría haber evitado la guerra civil. «Aunque son múltiples las fuentes de la época que señalan el asesinato de Calvo Sotelo como el punto de no retorno hacia la guerra civil, nosotros creemos que el conflicto aún pudo haberse evitado. Todo dependía de la actitud que tomara el Gobierno, pues si ante el hecho sin precedentes de que un diputado de la Nación fue asesinado con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado reaccionaba también con una contundencia sin precedentes, es muy posible que hubiese logrado convencer a un gran sector de la sociedad española (conspiradores incluidos), de que por fin iba a restablecerse el orden. Lamentablemente no fue así». Bullón de Mendoza también afirma que «de no ser por el impacto de su muerte es muy posible que [ el Alzamiento Nacional ] no hubiese pasado, tal y como suponía el Gobierno, de ser una nueva "sanjurjada"».


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text: En 1965 el historiador norteamericano Gabriel Jackson ya señaló que «para todo aquel que no fuera un ciego partidario de las izquierdas era intolerable que un jefe de la oposición fuera asesinado por oficiales uniformados conduciendo un vehículo del Gobierno», aunque añadió que «era igualmente intolerable que la Falange y la UME llevaran con impunidad una campaña de terror contra los oficiales izquierdistas». De esta forma equiparó los asesinatos del teniente del Castillo y de Calvo Sotelo de los que dijo que ambos «horrorizaron a la opinión pública mucho más que cualesquiera de los numerosos desórdenes y muertes ocasionales habidos desde febrero».


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text: Stanley G. Payne ha destacado el hecho de que «nunca antes en la historia de los regímenes parlamentarios occidentales un destacamento de la Policía estatal se había unido con criminales revolucionarios para secuestrar y asesinar a un líder de la oposición. Pero la comparación ya no cabía en realidad, porque la Segunda República había dejado de ser un sistema parlamentario constitucional».


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text: Por su parte Julius Ruiz ha señalado las similitudes que presenta el asesinato de Calvo Sotelo con el «Terror Rojo» que se desencadenó en la zona republicana durante los primeros meses de la guerra civil española, en lo que coincide en gran parte con lo señalado por Payne. «Su asesinato fue un precedente del posterior terror en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, lo llevó a cabo una brigada con mezcla de policías y milicias... Condés invocó su autoridad para convencer al político de que acompañara a los asesinos en plena noche. Este "modus operandi" sería utilizado en infinidad de ocasiones durante los cuatro meses posteriores. En segundo lugar, Calvo Sotelo fue víctima del gansterismo: lo llevaron a "dar un paseo" en el asiento trasero de una camioneta de la Policía y se deshicieron del cadáver en el cementerio de la ciudad. En tercer lugar, los dirigentes socialistas proporcionaron protección política a los autores del asesinato».