text: El Presídium del Sóviet Supremo, que constaba de un presidente, 17 diputados (que incluían vicepresidentes, uno de cada república autónoma), un secretario y 20 miembros, era reelegido al inicio (en la primera sesión) de cada convocatoria. Según las enmiendas de 1989, se estableció que “el Presídium del Sóviet Supremo de la RSFSR incluyese a su Presidente, al primer Vicepresidente y a los Vicepresidentes del Sóviet Supremo de la RSFSR". El Presídium del Sóviet Supremo de la RSFSR estaba encabezado por su presidente.


title: Presídium del Sóviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia

text: En la adopción de la Constitución de 1978 de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, el presídium tenía los poderes para:


title: Kōkōsei Kazoku

text: "Kōkōsei Kazoku" está escrito e ilustrado por Ryō Nakama. La serie comenzó a publicarse en la revista "Shūkan Shōnen Jump" de Shūeisha desde el 7 de septiembre de 2020. Shūeisha ha recopilado sus capítulos en volúmenes "tankōbon" individuales. El primer volumen se lanzó el 4 de febrero de 2021, y hasta el momento han sido lanzados tres volúmenes.


title: Kōkōsei Kazoku

text: El manga está siendo publicado simultáneamente en inglés por VIZ Media en su servicio "Shonen Jump" y por la plataforma en línea "Manga Plus." VIZ Media también publicará sus volúmenes en formato digital.


title: Cimahi

text: Cimahi es una ciudad ubicada en la provincia de Java Occidental, Indonesia. Cubre un área de 40.37 km y tenía una población en el Censo de 2010 de 541.177 y en el Censo de 2020 de 568.400. La ciudad es un importante productor textil y alberga varios centros de entrenamiento militar.


title: Cimahi

text: Cimahi, ubicado 180 km al sureste de Yakarta, está situado entre Bandung y West Bandung Regency. Cimahi comprende tres distritos ("kecamatan"), que a su vez se subdividen en quince aldeas urbanas ("kelurahan"). Su elevación más baja es de sobre el nivel del mar y se dirige al río Citarum. Su elevación más alta es de sobre el nivel del mar, que forma parte de la ladera del monte Tangkuban Perahu y Burangrang. El río Cimahi atraviesa la ciudad y Cimahi también tiene dos manantiales, llamados Cikuda y Cisontok.


title: Cimahi

text: El nombre Cimahi se tomó del río Cimahi que atraviesa la ciudad. La palabra se originó en el idioma sundanés y literalmente significa "suficiente agua". Los residentes de Cimahi obtienen su suministro de agua del río.


title: Cimahi

text: La prominencia de Cimahi aumentó en 1811, cuando el gobernador general Herman Willem Daendels construyó la Great Post Road. Se construyó un puesto de control, conocido como Loji, en la plaza Cimahi. Entre 1874 y 1893, se construyó la estación de tren de Cimahi y un ferrocarril que conecta Bandung y Cianjur. La construcción de centros de entrenamiento militar y otros edificios militares se inició en 1886. Cimahi recibió el estatus de distrito en 1935. En 1975, Cimahi se convirtió en la primera ciudad administrativa en Java Occidental y la tercera en Indonesia. Luego, a Cimahi se le otorgó el estatus de ciudad.


title: Haydon Roberts

text: Haydon Roberts (Brighton, 10 de mayo de 2002) es un futbolista británico que juega en la demarcación de defensa en el Brighton & Hove Albion FC de la Premier League.


title: Haydon Roberts

text: Tras formarse como futbolista en las categorías inferiores del Brighton & Hove Albion FC, finalmente el 25 de septiembre de 2019 debutó con el primer equipo en la Copa de la Liga contra el Aston Villa FC. El encuentro finalizó con un resultado de 1-3 a favor del Aston Villa. Tras una temporada en el club, se marchó cedido al Rochdale AFC, donde jugó 26 partidos de liga. Posteriormente volvió al Brighton & Hove Albion.


title: Haydon Roberts

text: "Actualizado al último partido disputado el ."


title: Ashab al-Kahf

text: Ashab al-Kahf (árabe:اصحاب الکهف : Compañeros de la Cueva) es un grupo militante iraquí chiita que ha sido descrito como una formación de poder de Irán. El grupo surgió por primera vez en agosto de 2019, pero aumentó su actividad luego del asesinato de Qasem Soleimani. Ha atacado objetivos asociados con los Estados Unidos utilizando cohetes y artefactos explosivos improvisados. El grupo niega mantener relaciones con otros grupos paramilitares chiitas respaldados por Irán, como Kataeb Hezbolá y Asa'ib Ahl al-Haq.


title: Ashab al-Kahf

text: El grupo anunció su existencia en Twitter en agosto de 2019 luego de varios presuntos ataques aéreos de las Israel contra grupos militantes chiitas en Irak. Amenazó con represalias contra futuros ataques, afirmando que "los estadounidenses y los israelíes deben saber que los bombardeos se enfrentarán con bombardeos, asesinatos por asesinatos y secuestros por secuestros". Cabe destacar que opera sus propios canales de medios en Telegram y Twitter. El grupo desde sus inicios ha tenido como objetivo principal los convoy de suministros del ejército iraquí, los cuales califican a estos ataques como "un ataque directo contra los suministros de las fuerzas de ocupación".


title: Ashab al-Kahf

text: En mayo de 2020, el grupo criticó a los líderes de otros grupos paramilitares chiitas respaldados por Irán a través de su canal Telegram, afirmando que algunos eran "traidores" que promovían en secreto los intereses de Estados Unidos e Israel, mientras que otros eran moralmente corruptos. El grupo declaró que Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis fueron "apuñalados por la espalda" por tales grupos. Agregó que la cooperación con la administración del primer ministro iraquí Mustafa Al-Kadhimi era imposible porque es un "agente de la CIA". Se ha observado que Ashab al-Khaf puede controlar directamente los bombardeos en las carreteras y las tripulaciones de cohetes extraídas de las redes de Asa'ib Ahl al-Haq, o puede ser estrictamente una operación de los medios.


title: Ashab al-Kahf

text: El 11 de agosto de 2020, Ashab al-Kahf afirmó que había bombardeado un convoy logístico estadounidense cerca de la frontera iraquí con Kuwait. El grupo declaró que había destruido "equipos y vehículos pertenecientes al enemigo estadounidense" y publicó un video de 11 segundos que mostraba una explosión. Irak y Kuwait declararon que tal ataque no tuvo lugar.


title: Ashab al-Kahf

text: El 27 de octubre de 2020, Ashab al-Kahf ofreció una recompensa de entre 20.000 y 50.000 dólares estadounidenses a los iraquíes que pudieran proporcionar información sobre las actividades de inversores y economistas de los Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.


title: Ashab al-Kahf

text: El 17 de noviembre de 2020, tres cohetes tuvieron como objetivo la Embajada de los Estados Unidos en la Zona Verde de Bagdad. El ejército iraquí declaró que un cohete aterrizó en un área civil, matando a un niño pequeño e hiriendo a cinco civiles. Ashab al-Kahf se atribuyó la responsabilidad del ataque a través de Telegram. Los funcionarios estadounidenses declararon que las instalaciones y el personal estadounidenses resultaron ilesos.


title: Ashab al-Kahf

text: El grupo condenó la reapertura del cruce fronterizo de Arar entre Irak y Arabia Saudita, afirmando que estaba comprometido con el "rechazo del proyecto saudí en Irak".


title: Ashab al-Kahf

text: El 10 de diciembre de 2020, Ashab al-Kahf amenazó con atacar las bases estadounidenses en todo Oriente Medio, incluida la base aérea de Al Udeid en Qatar.


title: Ashab al-Kahf

text: El 15 de febrero de 2021, el grupo atacó una base militar turca en Mosul.


title: Kiruru Kill Me

text: Aoi Nemo es un genio y prodigio de la medicina que ha inventado equipos útiles y ha publicado su trabajo en revistas. Si bien es suave y elegante en público, en realidad anhela el amor y teme que su trabajo le impida lograrlo. Un día conoce a Kiruru Akaumi y se enamora perdidamente de ella. Desafortunadamente, él no puede hablar directamente con ella a menos que sea en un asunto social o comercial planificado. Cuando se entera de que ella es una asesina, decide contratarla para que se mate a sí mismo y poder "conversar" libremente con ella; usando sus geniales habilidades médicas para salvarse a sí mismo en caso de que estuviera cerca de la muerte.


title: Kiruru Kill Me

text: "Kiruru Kill Me" está escrito e ilustrado por Yasuhiro Kanō. La serie comenzó su serialización en la plataforma en línea "Shōnen Jump+" de Shūeisha el 23 de febrero de 2020. Shūeisha ha recopilado sus capítulos en volúmenes "tankōbon" individuales. El primer volumen se lanzó el 4 de junio de 2020, y hasta el momento se han lanzado tres volúmenes.


title: Kiruru Kill Me

text: En mayo de 2021, Seven Seas Entertainment anunció que había obtenido la licencia del manga para su lanzamiento en inglés en Norteamérica en formato físico y digital a partir de octubre de 2021.


title: Kiruru Kill Me

text: Christopher Farris de "Anime News Network" le dio al primer volumen del manga una calificación de «C+». Farris describió la serie como «el mantra moderno que surge al ver a una dama bonita: 'Dios, quiero que me mate', y que era solo cuestión de tiempo antes de que algún narrador emprendedor llevara esa actitud a su última conclusión literal».


title: Pandemia de gripe de 1918 en México

text: La pandemia de gripe H1N1, conocida como la gripe española, tuvo sus primeros brotes a nivel mundial a inicios de 1918, y llegó a México a principios de abril.


title: Pandemia de gripe de 1918 en México

text: De abril a octubre de 1918 comenzaron a aparecer los primeros casos de influenza en el país, cuestión usual por la cercanía del periodo invernal. La enfermedad tuvo gran presencia al norte del país y el gobierno recurrió a medidas drásticas, como el cierre de fronteras y el riego de calles con solución de creolina -un potente desinfectante-, para evitar su propagación.


title: Pandemia de gripe de 1918 en México

text: Para el 24 de octubre se habían registrado 60 mil contagios y ya había entre mil 500 y 2 mil muertes diarias, según reportes de la prensa. En la Ciudad de México, el primer caso detectado fue en el cuartel militar de la Villa de Guadalupe, el 10 de octubre. A las dos semanas, había ya 200 soldados enfermos y para fines de ese mes, el 45 por ciento de habitantes de esa municipalidad estaba ya contagiado y habían comenzado a fallecer los casos más grave


title: Pandemia de gripe de 1918 en México

text: En octubre se reportaba que morían entre 18 y 20 personas diarias en la capital. En el Archivo Histórico de Salubridad se tienen registradas en esta ciudad 7 mil 570 muertes entre noviembre y diciembre de 1918, pero en el resto de la República los casos aumentaron de forma considerable Aunque no se tienen cifras exactas comprobables de cuántos muertes hubo en 1918 en el país por esa pandemia, algunos estudios han estimado unas 300 mil en poco más de dos meses, que fue el pico de la epidemia; realmente una cifra considerable


title: Consulta de revocación de mandato de México de 2022

text: La consulta de revocación de mandato de México de 2022, oficialmente denominado Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024 —o simplemente Revocación de Mandato 2022— por el organismo electoral, se llevará a cabo el 10 de abril de 2022 y consultará a la ciudadanía sobre la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos por medio de la interrogante:


text: Se trata de la primera consulta de revocación de mandato celebrada en el país, propuesta por el propio mandatario desde su candidatura presidencial, y solicitada por opositores y simpatizantes de su gobierno, algunos de estos últimos considerándolo, contrario a lo señalado en la ley —y con ello haciéndose merecedores de sanciones—, un proceso de «ratificación». Es organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de la solicitud generada con la recolección de 2.7 millones de firmas en diecisiete , que representaban el 3 % de la lista nominal de electores, según lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Revocación de Mandato. El instituto, que comenzó los preparativos desde agosto de 2021, registró 24 029 avisos de personas y organizaciones con intenciones de promover el ejercicio, lo que dio paso a la recolección de firmas entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre siguientes.


text: A mediados de noviembre, tal plazo se extendió diez días y se modificaron otras fechas originales ante una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al INE aceptar firmas en papel en todo el país, y no solamente en un conjunto de municipios de alta marginación. El presupuesto otorgado al INE para 2022 generó un conflicto dado que el organismo electoral sostenía que no contaba con los recursos suficientes para organizar la consulta, en contraste con la postura del presidente y otras figuras gubernamentales que aseguraban que sí contaba con el dinero necesario. Esta situación llevó al instituto a impugnar el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y a pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una postura. A la espera de esta decisión y mientras aún se llevaba a cabo la recolección de firmas, el 17 de diciembre, el Consejo General optó en una dividida votación por posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta a partir de enero de 2022, decisión criticada por el presidente y Morena y respaldada por formaciones políticas de la oposición.


text: No obstante, al poco tiempo, la Comisión de Receso de la Suprema Corte admitió a trámite una controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados y suspendió el acuerdo del Consejo General, obligando al INE a cumplir con su obligación constitucional a la espera de una decisión definitiva en enero. Finalmente, a finales de diciembre, el TEPJF revocó la decisión y forzó al INE a continuar la organización, aunque determinó que, si así lo solicitaba el organismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debía aportar los recursos económicos faltantes. A partir del corte del 10 de enero, se alcanzó el número de entidades federativas requeridas por ley y, el 18 de enero, la cantidad de firmas estipuladas en la Constitución. El 4 de febrero, el INE aprobó la convocatoria a la consulta —con lo que dio inicio la restricción de la propaganda gubernamental—, en la que se preveía la instalación de 57 377 casillas y se informó de la disponibilidad de 1567.4 millones de pesos para la organización.


text: Ya desde su candidatura presidencial, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a someterse a una consulta de revocación de mandato a los dos años de su eventual gobierno. Posteriormente, ya en su gobierno, el 19 de marzo de 2019, firmó una carta en la que señalaba que, «en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie» y rechazaba «que la propuesta de someterse a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en 2024», tal como habían señalado algunas voces opositoras a su gobierno. En octubre de ese mismo año, el Senado de México aprobó con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención en lo general, y 90 votos a favor y 22 en contra en lo particular los cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la revocación de mandato. Poco después, en noviembre, la Cámara de Diputados hizo lo propio con 372 votos a favor y 75 en contra en lo general, y 356 votos a favor y 84 en contra en lo particular. En diciembre, una vez avalados por diecisiete congresos estatales, fue publicado el decreto en el "Diario Oficial de la Federación".


text: Pese a ser planteada para 2021, en los cambios constitucionales se estipulaba su realización un año después. A inicios de agosto de 2021, después de la consulta popular del 1 de agosto, el mismo López Obrador insistió en que promovería el ejercicio de revocación. Con este fin, poco después ese mes, el líder de los senadores del gobernante partido Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que buscaría un periodo extraordinario del Congreso para abordar la regulación del proceso de revocación de mandato —con una propuesta de «Ley Federal de Revocación de Mandato»— y buscando eliminar la frase «por pérdida de confianza» presente en la carta magna. En un primer momento se plantearon interrogantes como «¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?». No obstante, los grupos legislativos de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) no lograron los votos necesarios para convocar al periodo extraordinario de sesiones.


text: Aún sin ley reglamentaria —que debió haber sido emitida antes del 17 de junio de 2020 de acuerdo con la constitución—, el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó un anteproyecto de lineamientos de la eventual consulta, que proponía hacerla el 27 de marzo de 2022, cuyo Consejo General avaló el 27 de agosto. Previo a esto, Morena pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frenar su aprobación antes del inicio del proceso de la consulta de revocación, en noviembre siguiente, sin embargo, el órgano permitió que el organismo electoral emitiera los lineamientos al existir una «omisión legislativa absoluta» y, en este sentido, el 25 de agosto ordenó al Congreso emitir la ley reglamentaria sobre revocación de mandato, para lo que le otorgó un plazo de treinta días. Finalmente, el 3 de septiembre, ya en la , el Senado aprobó con 101 votos a favor y dos en contra la «Ley Federal de Revocación de Mandato» y la turnó a la Cámara de Diputados. El dictamen planteaba que los partidos políticos podrían promover la consulta y se modificó la interrogante.


text: La ley dejaba en manos del INE la organización, desarrollo, cómputo de la votación y declaratoria de resultados, así como un resultado vinculatorio a partir de una participación total del 40 % de la lista nominal de electores. Pocos días después, la Cámara de Diputados avaló la legislación sin cambios con 290 votos a favor y 195 en contra, con lo que la pregunta quedó establecida: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?». La «Ley Federal de Revocación de Mandato» se publicó en el "Diario Oficial de la Federación" el 14 de septiembre siguiente. Un mes después, el 14 de octubre, la coalición opositora Va por México —Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)— presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley Federal por considerar que rebasaba lo señalado en la Constitución al plantear la pregunta una consulta de ratificación y no de revocación. El tribunal admitió a trámite tal impugnación dos semanas después.


text: El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que es derecho de la ciudadanía participar en las consultas de revocación de mandato del presidente del país, convocada por el INE a partir de las firmas correspondientes al tres por ciento de la lista nominal. Tal ejercicio puede solicitarse en una única ocasión en los tres meses siguientes al término del tercer año del periodo del mandatario en turno, con la posibilidad de recolectar las firmas en el mes previo a ese periodo. Se establece que la votación, que deberá ser el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria, será «libre, directa y secreta», con un cuarenta por cierto y mayoría absoluta requeridos para proceder. En este caso, entra en función lo señalado por el artículo 84 —«falta absoluta del Presidente de la República»—: el Congreso de la Unión debe elegir un presidente sustituto que concluya el resto del periodo constitucional de seis años. En los artículos transitorios de las reformas sobre consulta popular y revocación de mandato se definía a este ejercicio como el «instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza».


text: Con respecto al caso de Andrés Manuel López Obrador se planteaba lo siguiente: La fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política está reglamentada en la Ley Federal de Revocación de Mandato, proceso que se define como «el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza». Para llevarse a cabo, obligaba a los interesados a informar sus intenciones al INE en el primer mes posterior a la conclusión del tercer año de gobierno del presidente en funciones, para la emisión de formatos y medios para la recolección de las firmas requeridas —aunque con la posibilidad de recabar firmas el mes previo—. Luego de recibir la solicitud, el instituto contaría con treinta días para verificar el porcentaje alcanzado. De alcanzarse, se emitiría inmediatamente la convocatoria al ejercicio e iniciando, el día después, su difusión.


text: La pregunta y las opciones de respuesta establecidas en la ley son las siguientes:


text: Al organismo electoral le correspondería la organización, el desarrollo de la papeleta, la integración de la misma cantidad de casillas instalada en los comicios federales previos —conformadas por un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, además de un representante de los partidos políticos— y el cómputo de los votos. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sería responsable de resolver los medios de impugnación y emitir la declaratoria de validez. Para tener resultados vinculatorios se necesita una participación mínima del 40 % y mayoría absoluta.


text: En agosto de 2021, el INE desarrolló un anteproyecto de presupuesto para el año siguiente, en el que incluyó —dentro de los 13 084.17 millones de pesos en total— un «presupuesto precautorio» de 3830.45 millones de pesos para la organización de una eventual consulta de revocación de mandato. En este sentido, el presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto señaló que pese a ser solamente una «posibilidad [jurídica]» era necesario «calcular su costo y sumarlo en el presupuesto». En esa misma ocasión, el INE estimaba que para el ejercicio la lista nominal estaría conformada por 92.4 millones de ciudadanos, se instalarían 161 490 casillas y serían necesarios 5340 supervisores electorales, 32 421 capacitadores y 484 470 funcionarios de casilla. El proyecto de lineamientos del INE en ese momento planteaba 2.7 millones de firmas necesarias para convocar la consulta y el uso de una aplicación móvil para su recolección —entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre siguientes—. En caso de alcanzarse esa cifra, el organismo señalaba el 26 de enero de 2022 como fecha de expedición de la convocatoria y la realización del ejercicio el 27 de marzo siguiente, así como la presencia de representantes partidistas en las casillas.


text: Al describir el uso del presupuesto, el INE señaló que 1196 millones se emplearían para la contratación temporal de 37 851 supervisores y capacitadores, encargados de la supervisión y capacitación de los funcionarios de casilla estimados necesarios para el ejercicio. Además, 16.3 millones para la contratación de técnicos, 600.3 millones para otros rubros, como el envío de recursos a los organismos electorales estatales, 222.1 millones para documentación, 17.5 millones para el voto en el extranjero, 13.6 millones para la lista nominal, 35.9 millones para información, 461.4 para compensación del personal del INE, 285 millones para la distribución de la paquetería electoral, 354.2 para ubicación e instalación de casillas, entre otros. A finales de septiembre, luego de la aprobación y publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE elevó su previsión a 646 mil funcionarios de casilla y 37 mil supervisores, capacitadores y asistentes. Además, se planteaba una papeleta en papel seguridad y un conteo rápido la noche de la votación. Con motivo de la publicación de la Ley Federal, el organismo electoral modificó sus lineamientos «con el fin de garantizar su armonización» con la legislación —considerados «cambios menores» por su consejero presidente—, además de aprobar los formatos para solicitar la consulta y recabar las firmas.


text: El 1 de octubre, inició el registro de los ciudadanos o grupos interesados en enlistarse como promoventes de la recolección de firmas de apoyo para la solicitud de la consulta de revocación. En esas mismas fechas, la dirigencia de Morena impugnó ante el TEPJF los lineamientos del INE al considerar que buscaban limitar la participación de la ciudadanía al plantear la recolección de firmas de forma digital y, excepcionalmente, de manera física en 204 municipios. En respuesta, el instituto aclaró que la ley le facultaba a determinar los formatos y medios para la recolección de firmas y, según uno de los consejeros, el objetivo era «evitar firmas falsas». Por tanto, con los lineamientos actualizados, se previó la recopilación de firmas entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2021 por medio de la aplicación móvil, con excepción de 204 municipios identificados como de «muy alta marginación» —con base en lo señalado por el Índice de Marginación 2020 del Consejo Nacional de Población— en los que se harían con formatos físicos, y la emisión de resultados el 11 de enero con la convocatoria a ser publicada, en caso de lograrse las cifras requeridas, al día siguiente y su celebración el 27 de marzo de 2022. Poco después, la Junta de Coordinación Política del Senado pidió al INE aceptar tanto firmas en papel como en la aplicación para la solicitud de consulta.


text: Al 11 de octubre, el organismo electoral registraba 181 ciudadanos y organizaciones que habían expresado sus intenciones de promover el ejercicio, cifra que incrementó a 801 dos días después y a 1832 el 14 de octubre. El último día del plazo, el 15 de octubre, el número pasó a 23 906 avisos —Veracruz de Ignacio de la Llave se localizaba a la cabeza con 7237 registros, seguido de Sinaloa (4620) y Estado de México (3682)—. Entre los promoventes había agrupaciones opositoras, estudiantes, víctimas de violencia y simpatizantes de Morena, que movilizó más de 1800 personas para alcanzar el número de apoyos solicitados. Por otra parte, el 17 de octubre, el INE reportó que un corte de la lista nominal arrojaba en ese momento una cifra de 2 758 227 firmas de mexicanos requeridas para la consulta —equivalente al 3 % de la lista—, a recolectarse en diecisiete estados del país entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. El 20 de octubre, se publicó en el "Diario Oficial de la Federación" un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado con la interpretación de dos artículos de la Ley Federal en la que aseguraba «que el Congreso de la Unión no estableció preponderancia alguna entre los formatos impresos y los medios electrónicos para la recopilación de firmas y tampoco estableció un "régimen de excepción"» y sostenía que el «espíritu del H. Congreso de la Unión fue establecer que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tengan la facultad de elegir libremente el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen».


text: Morena también planteó el uso de firmas en papel en todo el país. No obstante, el Consejo General rechazó los planteamientos el mismo día y sostuvo que se mantendría el uso de la aplicación móvil —y la recolección en papel en 204 municipios de alta marginación— a menos que el TEPJF ordenara lo contrario. En este sentido, entre el 25 y el 30 de octubre, el INE condujo capacitaciones sobre el uso de la aplicación móvil para la recolección de firmas —«Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos»—, puesta a disposición en las tiendas de aplicaciones el 28 de octubre. Para recabar los apoyos, la aplicación —denominada «Apoyo Ciudadano - INE»— requería fotografías de ambos lados de la credencial de elector, de la firma y del rostro de la persona que externara su respaldo a la solicitud, al tiempo que mostraba el avance en el número de firmas captadas y enviadas. Para finales de octubre, el INE ya había notificado a doce mil personas u organizaciones la validez de su solicitud y, por tanto, se les autorizaba a recabar las firmas a partir del plazo establecido. La cifra final de avisos de intención reportada por el organismo electoral fue de 24 029, de los que 22 419 (93.30 %) cumplieron con los requisitos necesarios y se autorizaron para la recolección de firmas que, como estaba previsto, dio inicio el 1 de noviembre. En este sentido, y contrario a lo previamente establecido por el instituto, el TEPJF ordenó —ante una impugnación de Morena— el mismo día al INE modificar sus lineamientos y aceptar la recolección de firmas en papel no solamente en los municipios de alta marginación. Acatando tal sentencia, el INE modificó pocos días después sus lineamientos, con lo que estableció un nuevo calendario, para abarcar también las firmas en formatos físicos.


text: A dieciocho días de iniciada la recolección de firmas, el INE reportaba 399 374 rúbricas recabadas, la mayoría en Ciudad de México, Tabasco, Estado de México y Veracruz. En ese momento, también Tabasco era el estado más cercano a alcanzar el 3 % de la lista nominal requerido, con ocho mil firmas pendientes. Cuatro días después, cuando faltaban 34 días para finalizar el plazo, la cifra había aumentado a 490 847, con 51 958 con inconsistencias —29 789 duplicadas—; 22 492 promoventes concentraban más de la mitad de las firmas, es decir, 271 642 rúbricas. Posteriormente, a inicios de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de propaganda de dos asociaciones civiles que en la recolección de firmas empleaba términos como «ratificación» y etiquetas como «#QueSigaAMLO», al considerar que generaban «desinformación y confusión en la ciudadanía respecto de la naturaleza del mecanismo de participación ciudadana». Unos días después, el TEPJF confirmó el retiro temporal de la propaganda. A veinte días de concluir el plazo establecido, se reportaba un avance del 28.69 % de las rúbricas necesarias, lo que representaban 791 428 apoyos válidos, de un total de 971 741 intenciones. Los datos, al corte del 5 de diciembre, también reflejaban que soalmente en dos entidades federativas se había logrado la meta del equivalente al 3 % de la lista nominal: Ciudad de México y Tabasco. Con base en lo anterior, se estimó la necesidad de recolectar al menos cien mil firmas diarias por veinte días para lograr las cifras requeridas, lo que contrastaba con el promedio diario, hasta ese momento, de veinte mil rúbricas. Cuatro días después, una organización civil —previamente sancionada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por promoción confusa de la revocación— entregó 1 068 157 firmas en papel al instituto electoral; el 12 de diciembre aportó 1 000 042 rúbricas más y, el 16 de diciembre, 1.6 millones adicionales, con lo que sumaba 3.7 millones de firmas aportadas.


text: En este sentido, con corte al 10 de diciembre, el INE reportaba un avance del 31.30 % —863 281 firmas— del requerido, con dos entidades —Ciudad de México y Tabasco— como las únicas en las que ya se había cumplido el requisito del 3 % de la lista nominal. Cuatro días después, esas cifras se había elevado a 1 195 692 de firmas, correspondientes a un avance del 33.95 % del total requerido, y mientras todavía se validaban las rúbricas entregadas en papel. Por otra parte, en esas fechas, la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto anunció que se daría de baja del registro de auxiliares de la consulta a un diputado federal y otros servidores públicos por irregularidades. Cuatro días antes de cumplirse el plazo, la misma organización civil entregó dos millones de firmas más, con lo que sumaba 6.8 millones de rúbricas entregadas. El mismo día, el INE confirmó que trabajaba en la «recepción, verificación y cuantificación inicial» de unas 6.1 millones de firmas entregadas en papel, mientras que del total de rúbricas validadas se habían registrado unas 210 000 con irregularidades, como tratarse de credenciales de electores fallecidos o fotos incorrectas. Finalmente, el último día para la recolección de firmas —25 de diciembre—, la misma organización civil entregó alrededor de tres millones de firmas más, con lo que sumó más de 8.9 millones de rúbricas en papel. Al respecto, el último corte del INE antes de esa fecha, al 23 de diciembre, registraba 1 365 025 firmas validadas —avance del 39.14 %—.


text: A partir del 26 de diciembre, el ente comenzó la verificación de las rúbricas para descartar irregularidades. Dos días después, el INE reportaba preliminarmente un total de 11 097 900 firmas recibidas en total, así como un avance del 49.22 % del total de rúbricas necesarias y a partir de las firmas validadas; 320 747 apoyos presentaban inconsistencias y eran seis estados del país los que ya habían cumplido con el porcentaje requerido —Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Tlaxcala, Zacatecas y Aguascalientes—. Tales cifras aumentaron el 29 de diciembre a 51.83 % y ocho estados —se sumaban Colima y Morelos—, y a 53.97 % y nueve estados —más San Luis Potosí— el 30 de diciembre. Al 3 de enero de 2022, sumaban 1.6 millones de firmas validadas, un avance del 58.77 %, 384 050 rúbricas con inconsistencias y once estados con el porcentaje requerido —se agregaban Hidalgo y Baja California Sur— Poco después, se elevaba a 60.18 % de avance y, con la adición de Nayarit, eran doce entidades con el número de rúbricas necesario. En las últimas horas del 5 de enero se sumaron Tamaulipas y Quintana Roo, y el avance pasó al 61.52 % —así como 403 269 firmas con inconsistencias—. Al corte del 9 de enero el porcentaje se elevó a 63.3 % y, un día, después, a 70.32 %, aún con 14 entidades que habían cumplido los apoyos requeridos. En este sentido, el consejero presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró: «Es probable que en los próximos días se alcance el número de firmas suficientes».


text: Al respecto, a partir del corte del 10 de enero se alcanzaron, con la adición de Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, las diecisiete entidades requeridas por ley y el avance era de 73.03 % —2 014 349 firmas validadas con una primera revisión y 523 693 con inconsistencias tales como el ser copias de la credencial de elector entregadas para otros motivos—. Igualmente, el INE habilitó un micrositio para que cualquier persona verificara si su firma se registró como respaldo para la solicitud de consulta. El 11 de enero, el avance pasó al 77.61 %, lo que implicaba que todavía eran necesarias 617 464 rúbricas, el 13 de enero, a 80.98 % —523 680 restantes— el 14 de enero a 90.11 % —verificación preliminar de 2 485 477 firmas— y el 16 de enero a 99.40 %, es decir 16 542 firmas restantes, y veintiún entidades con más del 3 % requerido. Finalmente, el 18 de enero, el Registro Federal de Electores informó que se había alcanzado la cifra requerida de 2.7 millones de respaldos, mientras que Córdova detalló que la emisión formal de la convocatoria sería el 4 de febrero y que continuaría la revisión de las firmas hasta completar las 11.1 millones que fueron entregadas. Luego de alcanzarse la cifra establecida en la Constitución, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó proponer al Consejo General el conteo de la totalidad de las 11.1 millones de firmas recibidas, lo que implicaría un gasto adicional de seis millones de pesos.


text: Asimismo, la Comisión aprobó el «Informe preliminar sobre el proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato y su identificación en la Lista Nominal de Electores» que arrojó, con corte del 19 de enero, 3 878 854 firmas verificadas, 3 027 845 validadas —3.29 % de la lista de electores—, 851 009 rúbricas con inconsistencias —«Foto no válida», entre otras— y veinticuatro entidades del país que había cumplido con el porcentaje. Por otra parte, el Registro Federal de Electores también generó, el mismo día, una muestra de 850 firmas electrónicas y escritas para la verificación de su fidelidad mediante visitas domiciliarias, con un 95 % de confiabilidad. Tales visitas se produjeron del 21 al 25 de enero y de la muestra solamente 645 personas fueron localizadas. Del número de ciudadanos consultados, 484 manifestaron haber proporcionado su apoyo —75.04 %— y, por tanto 161 —24.96 %— negó haber respaldado la petición. Pese a lo planteado previamente, el 27 de enero, una vez alcanzadas las cifras requeridas por ley, el Consejo General determinó suspender las actividades de revisión, verificación y captura de los formatos físicos, con cerca de siete millones pendientes. El INE concluyó sus informes preliminares contabilizando 3.4 millones de rúbricas aceptadas, más de 990 000 con inconsistencias, 17 813 rúbricas de personas fallecidas y 1265 de privadas de su libertad, así como siete estados que no alcanzaron el 3 % requerido de la lista nominal. Por esta razón, el organismo afirmó que preparaba procedimientos legales contra promotores de la consulta por entregar firmas con inconsistencias.


text: El 31 de enero, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó el «Informe final detallado y desagregado respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la Revocación de Mandato y su identificación en la Lista Nominal de Electores». Tal reporte detallaba que se recibieron un total de 1 382 031 firmas mediante la aplicación móvil —captadas por 19 600 auxiliares—, 1 085 051 verificadas en la lista nominal de electores y 296 980 con inconsistencias. Dentro del total de rúbricas validadas, quienes aportaron la mayor cantidad de apoyos fueron hombres y mujeres mayores de 65 años, así como aquellos entre los 45 y 54 años, y la entidad federativa con la mayor cantidad de apoyos recolectados fue Ciudad de México. Por otra parte, un total de 611 promoventes aportaron 9 759 922 firmas en formatos físicos, de las que 7 288 005 pasaron una primera revisión. Una segunda revisión de esta última cifra se limitó a 3 060 001 registros capturados, con 2 366 792 apoyos verificados en la lista nominal y 693 209 con inconsistencias. En total, se detectaron 17 776 rúbricas correspondientes a personas fallecidas; en el caso de los formatos físicos, la entidad con mayor recolección fue el Estado de México y nuevamente el grupo etario de 65 años o más fue el que mayor cantidad de firmas aportó, seguido de los de 25 a 49.


text: En suma, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores reportó una cifra final de 4 442 032 registros captados, 990 189 firmas con inconsistencias, 3 451 843 apoyos validados —3.75 %— identificados en la lista nominal, con lo que se superó el número requerido de 2 758 227. Además, fueron 25 estados los que superaron al 3 % requerido de la lista nominal; Jalisco, Coahuila, Querétaro, Puebla, Durango, Nuevo León y Guanajuato fueron las únicas entidades que no llegaron a ese porcentaje, siendo esta última en la que la menor cantidad de apoyos se recolectó —0.67 %—. Por otra parte, con base en las cifras previamente dadas a conocer de las visitas domiciliarias, 75 % de 645 ciudadanos que afirmaron que habían dado su apoyo para la solicitud de consulta y 25 % que dijeron no haberlo dado —95 % de confianza— se estimó que entre 72.1 % y 77.9 % de las firmas validadas al 19 de enero correspondían a personas que sí habían proporcionado su rúbrica; entre 23.28 % y 26.64 % serían ciudadanos que no firmaron.


text: El 20 de octubre, el Consejo General del INE aprobó el «Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022», que estipulaba los plazos y términos del ejercicio. En tal documento se confirmaba el 27 de marzo de 2022 como fecha potencial de la consulta y el mismo día el inicio de los cómputos distritales «a partir de la llegada del primer paquete [electoral] a la sede del órgano correspondiente». Un par de días después, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello, descartó que «el INE pretenda bloquear un eventual proceso de revocación de mandato», tal como señaló en varias ocasiones el partido Morena. El 29 de octubre, el INE aprobó el «Programa de integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral», así como los lineamientos de fiscalización del ejercicio democrático, que establecían que los partidos políticos no podrían llamar al voto específico por alguna respuesta, únicamente instar a la participación ciudadana, para lo que no podrían emplear recursos privados. El 5 de noviembre siguiente, Córdova detalló que el ejercicio, a realizarse en los 32 estados del país y en los trescientos distritos electorales, implicaría más de 161 400 casillas y 37 851 capacitadores y asistentes electorales.


text: El 10 de noviembre, el INE modificó diecisiete artículos de sus lineamientos y cuarenta preceptos del anexo técnico, con lo que acató la sentencia del TEPJF y fijó una nueva fecha para la emisión de la convocatoria en caso de alcanzarse las firmas necesarias —4 de febrero de 2022—, para la consulta —10 de abril de 2022— y extendió el plazo para la recolección de firmas —hasta el 25 de diciembre de 2021—. Hasta ese momento, según el propio instituto, había 218 actividades programadas relacionadas con la organización de la consulta —seis concluidas, veintinueve en proceso y veintitrés por iniciar—. La modificación de plazos implicaría también el traslape de una semana con las campañas electorales de las elecciones a las gubernaturas de seis estados. A inicios de diciembre, el Tribunal Electoral ratificó los nuevos lineamientos del INE —que habían sido impugnados— y con ello las nuevas fechas, incluida el 10 de abril de 2022 como jornada de la consulta, al considerar que el organismo electoral contaba con las facultades para hacerlo. También avaló el requisito de anexar copias de ambos lados de la credencial para votar de los ciudadanos que respaldaran la consulta, así como las «visitas domiciliarias para la verificación de firmas [...] [que no resultan contrarias] a lo dispuesto en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Revocación de Mandato».


text: Poco después, el organismo aprobó un modelo operativo del «Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla, de los partidos políticos nacionales» y el «Programa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral» para la revocación. Por otra parte, avaló la extensión de la validez de las credenciales para votar que perdieran su vigencia el 1 de enero de 2022 y, por tanto, permitir su uso en el eventual ejercicio. Finalmente, en medio del conflicto por el presupuesto del organismo, el 17 de diciembre el Consejo General aprobó —seis votos a favor y cinco en contra— posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta —únicamente cumpliendo con la revisión y validación de firmas—, a partir de enero siguiente, a la espera de que la SCJN le definiera cómo proceder ante el déficit presupuestario. Horas antes, cuando esa determinación era aún una propuesta, el presidente López Obrador la criticó como «chicanadas» y «tácticas dilatorias», mientras que una vez aprobada esa medida Morena aseguró que impugnaría la decisión.


text: En contraste, el consejero presidente Córdova afirmó: «No se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana». Al respecto, un área técnica del ente electoral había planteado que el presupuesto disponible con el que contaban permitiría organizar una consulta con unas 65 000 casillas, el 40 % del total previsto. Poco después, el presidente lamentó la decisión del INE y abrió la puerta a que fuera la ciudadanía la encargada de realizar la consulta, mientras que la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la decisión ante el TEPJF. No obstante, el 22 de diciembre, la Comisión de Receso de la SCJN admitió a trámite la controversia presentada por la Cámara y concedió la suspensión del acuerdo del Consejo General, con lo que forzaba al INE a cumplir con su responsabilidad «con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera». Luego de esto, el instituto retomó los trabajos de organización de la consulta.


text: Por tal determinación, la Cámara de Diputados presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros, decisión rechazada por el presidente López Obrador y por el Consejo General del INE, que la consideró una «acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen». Luego de que la FGR armara una carpeta de investigación, la Cámara desistió de su denuncia. La Comisión de Receso emitió una segunda suspensión al acuerdo al admitir a trámite la impugnación presentada por la Consejería Jurídica y, finalmente, el 29 de diciembre, el TEPJF revocó definitivamente tal decisión al considerar que el instituto no contaba con las facultades para interrumpir las fases del proceso. No obstante, el tribunal también determinó que el organismo debía hacer los ajustes presupuestales pero que, si así lo solicitaba, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debía proveer los recursos necesarios. En respuesta, el Consejo General del INE informó que acataría tales decisiones y reanudó la organización de la consulta con un presupuesto inicial de 1503 millones de pesos; en esa ocasión, Córdova afirmó que «habrá Revocación de Mandato si así lo piden las y los ciudadanos», así fuera con menos casillas.


text: El 3 de enero de 2022, el ente electoral instaló los 32 consejos locales —integrados por los consejeros que participaron en los comicios federales de 2021 y la consulta popular del mismo año—, encargados de, entre otras funciones, determinar número y localización de las casillas electorales. Poco después, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó modificaciones en la «Cartera Institucional de Proyectos» del organismo, que abarcó proyectos como la campaña de actualización del padrón electoral, la contratación de personal para la verificación de las firmas para la consulta, así como también se aprobó la adquisición de documentación y material electoral con elementos de seguridad. El 12 de enero, el instituto sorteó el mes del calendario —mayo— que sería la base para la insaculación de los ciudadanos que integrarían las casillas para la consulta. Con el sorteo de la letra «B», quedó establecido que los ciudadanos cuyo apellido paterno iniciara con B y hubieran nacido en mayo o junio serían los primeros a considerar para la integración de las mesas directivas de casilla. Cinco días después, ante un avance del 99.04 % del número de firmas requerido por la ley, se dio a conocer que el INE buscaba adelantar la emisión de la convocatoria y así presionar a la SCJN para que resolviera la controversia constitucional que interpuso sobre cómo y con cuántos recursos económicos llevarla a cabo. En torno a esas fechas, se reunieron representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el INE para definir la «Estrategia de Protección en el Contexto Electoral 2022», que incluía la consulta de revocación de mandato. El 1 de febrero, los tres entes instalaron la «Mesa de Seguridad Elección 2022 y Proceso de Revocación de Mandato».


text: El 19 de enero, el organismo presentó cuatro recursos ante la SCJN, dos en contra de las propias resoluciones de la Comisión de Receso de la Suprema Corte que le obligaron a continuar con los trabajos de organización y dos en contra de la determinación, también de la Corte, de admitir las demandas que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo presentaron contra el aplazamiento de las labores de organización. Horas después, la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó su plan de trabajo para la organización y operación del voto por internet, así como la integración de la «Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero» —inscripción entre el 5 y el 25 de febrero siguientes—, con su entrega prevista para el 24 de marzo y, dos días después, el envío de las cuentas de acceso a los votantes. Se planteó que la emisión del voto sería válido entre las 20:00 del 1 de abril y las 18:00 del 10 de abril, horario de Ciudad de México. El 24 de enero, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó dar a los partidos políticos un informe con el listado nominal al 31 de enero para su revisión, con el objetivo de entregar en marzo las listas definitivas a utilizar en la consulta; la campaña de actualización del padrón electoral se llevaría a cabo del 5 al 15 de febrero siguientes, mismas fechas para la integración de los mexicanos que cumplieran 18 años el 10 de abril o antes.


text: Una vez alcanzados el número de apoyos necesarios, el consejero presidente Córdova afirmó que la consulta «ya no es un acto futuro de realización incierta, sino es un hecho cierto de realización inminente». Asimismo, otro de los consejeros, Ciro Murayama, adelantó el 26 de enero que el ente llevaría a cabo un conteo rápido la noche del 10 de abril con el que proyectar tendencias y porcentaje de participación. A finales de mes, se dio a conocer que el ministro de la SCJN Jorge Mario Pardo Rebolledo propondría la modificación de la pregunta de la consulta, con la eliminación de «o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo» al considerarla una segunda interrogante que abre camino a una «ratificación», lo que «desnaturaliza el mecanismo en la intención en que fue aprobado por el Constituyente Permanente». Por tanto, Pardo Rebolledo proponía dejar la interrogante como: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza?». Tal discusión estaba prevista para iniciarse el 31 de enero. Poco después, el INE pidió al tribunal supremo agilizar la discusión sobre la pregunta para no retrasar la impresión de las boletas electorales, mientras que López Obrador lo descartó como un asunto de forma y no de fondo, y consideró que no tenía sentido generar polémica sobre el planteamiento de Pardo Rebolledo: «Yo no me opongo, que lo resuelvan».


text: Llegado el día, sin embargo, la sesión de la Suprema Corte se suspendió por fallas en el aire acondicionado del tribunal. Un día después, la SCJN determinó que el ente electoral llevara a cabo la organización «de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado», lo que se traducía en permitirle instalar menos casillas de las estimadas inicialmente, a la vez que se ordenó frenar cualquier sanción penal o administrativa iniciada en contra de los consejeros y se rechazó modificar la pregunta de la consulta, como había propuesto Pardo Rebolledo, al no conseguir el proyecto los votos suficientes. El TEPJF también rechazó un proyecto que pretendía ordenar al organismo electoral modificar el diseño de la boleta para añadir la fecha de culminación del periodo del presidente, es decir, «Que siga en la Presidencia de la República hasta el 30 de septiembre de 2024». En este sentido, el 3 de febrero, el INE planteó celebrar la consulta con 57 077 casillas y trecientas especiales, una por cada distrito del país, lo que implicaba 104 083 menos de las exigidas por ley. Con motivo de la cercanía de la restricción de la propaganda gubernamental del momento de la emisión de la convocatoria al 10 de abril —en la que gobierno y partidos políticos tendrían prohibido emitir publicidad relacionada con la consulta—, el gobierno federal anunció el adelanto del pago de becas y pensiones.


text: El 21 de octubre, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 aprobó el diseño de la papeleta y otros materiales a emplear para la consulta. Entre otras cosas, se planteó su impresión a cargo de los Talleres Gráficos de México y se avaló el uso del líquido indeleble —a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional— para marcar el dedo pulgar de los votantes, además se aprobó el «Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Revocación de Mandato 2022» a utilizar durante el ejercicio. Ocho días después, el Consejo General del organismo avaló por unanimidad el diseño de la papeleta electoral y otros documentos y materiales; entre la documentación se incluyó un modelo de plantilla en braille y el uso de elementos ya existentes, como urnas —a las que se les añadiría un forro con la leyenda «Revocación de Mandato»—, canceles electorales, mamparas y marcadores de credenciales, entre otros. Posteriormente, con motivo de recortes para reducir costos de la consulta, el INE aprobó no hacer compras de artículos de limpieza para las casillas, no contratar personal para realizar el conteo rápido —que sería conducido por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos— e imprimir las boletas en papel convencional y no en papel de seguridad, pero sí incluyendo medidas de seguridad.


text: Posteriormente, el 19 de enero, la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó el diseño de la papeleta electrónica y otra documentación electoral, también avalada por la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales el día siguiente. Tal boleta incluía la pregunta general «¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?» y tres opciones de respuesta: «Que se le revoque por pérdida de confianza», «Que siga en la Presidencia» y «Voto nulo».


text: Previo a la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, de los presupuestos para 2022 —en los que el organismo solicitó trece mil millones de pesos, 3830.45 millones para la organización de la consulta de revocación—, el INE aprobó a mediados de octubre un monto de cincuenta millones de pesos para capacitación ante la eventual consulta. Un par de semanas después, hizo lo propio con una nueva partida presupuestaria de 41 millones de pesos para el diseño y producción de materiales didácticos a emplear para la capacitación y reclutamiento de funcionarios de mesas receptoras, así como nueve millones para el desarrollo de instrumentos tales como mamparas y aplicadores de líquido indeleble. El 5 de noviembre, en la primera comparecencia de un consejero presidente del INE ante la Cámara de Diputados, Córdova pidió no reducir el presupuesto solicitado de 3800 millones de pesos: «No pongan en riesgo la revocación, porque esto podría implicar que el Presidente dejara o continuara su mandato». Poco después, durante la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se previó una reducción de 4913 millones de pesos al presupuesto del organismo electoral, lo que se dijo que afectaría a la organización de la consulta de revocación. En este sentido, integrantes del Consejo General del INE consideraron que tal reducción sería «imposible de cubrir» y advirtieron con acudir a la Suprema Corte en caso de concretarse.


text: Tal reducción se consumó al aprobarse el proyecto, el 14 de noviembre, con 273 votos a favor y 214 en contra. Por tanto, el consejero presidente confirmó que recurrirían ante el máximo tribunal y señaló que esta situación ponía en riesgo la consulta de revocación, mientras que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, descartó tales temores. En este sentido, el presidente López Obrador coincidió y apuntó que el «INE tiene suficientes recursos». Tres días después, Córdova Vianello detalló que el instituto optaba por dos caminos: el ajuste presupuestal o la vía jurídica, por la que la Suprema Corte definiera «si este instituto por la escasez de recursos puede jurídicamente, sin incurrir en responsabilidades violando la ley, y realizar una revocación con menos casillas, o en todo caso, que establezca las condiciones correspondientes». No obstante, dijo que el INE no pondría «en riesgo otros derechos políticos de la ciudadanía, derechos laborales del personal del INE ni actividades sustanciales». El mismo día, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, apuntó que «el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que se tiene por obligación».


text: Finalmente, el 7 de diciembre, el INE promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el decreto del presupuesto de egresos de la Federación para 2022. En este sentido, el mismo día la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 aprobó ajustes al presupuesto del organismo electoral para el año 2022, con lo que obtendría 1275.9 millones de pesos para la consulta de revocación, es decir, aún un déficit de 2554.54 millones de pesos para cumplimentar con las dimensiones de unos comicios federales. Al respecto, el Consejo General aprobó poco después ajustes a su presupuesto, con lo que sumó 227.1 millones de pesos a los 1275.9 millones previamente designados para la consulta de revocación, lo que implicaba un presupuesto de 1503 millones y un déficit aún de más de 2554 millones. A mediados de mes, un acuerdo de la Suprema Corte resolvió que el organismo electoral debía hacer los ajustes necesarios para llevar a cabo el ejercicio al negarle, como lo solicitaba, la suspensión del cuarto artículo transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato —en el que el INE está obligado a garantizar la realización de la consulta—: «Es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto [...] así como que se exima al INE y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar».


text: Mientras que López Obrador lo celebró, el propio INE descartó que el acuerdo le obligara a «realizar acción o tomar determinación alguna», dado que aún no se cumplía el requisito del número de firmas. En un comunicado, el instituto señaló que: «no hay impedimento jurídico alguno para que el INE tome determinaciones para resolver el dilema constitucional en el que la Cámara le ha colocado». Finalmente, con la recolección de firmas todavía en curso, el 17 de diciembre, el Consejo General determinó posponer temporalmente la organización de la consulta por la falta de recursos alegada. Tres días después, Córdova reiteró que la institución necesitaba de 3830 millones de pesos para celebrar la consulta: 27.2 millones para la campaña de difusión; 1212.3 millones para la contratación de 32 451 capacitadores, 5450 supervisores y personal técnico; 573 millones para operación de campo; 3.3 millones para monitoreo de propaganda y encuestas, 1471 millones para la instalación de las casillas de votación, 31.8 millones para la impresión de la lista nominal, 1.7 millones para atención a visitantes extranjeros, 4.1 millones para desarrollo de sistemas de capacitación y organización, 3.1 millones para la validación de las firmas y 502.4 millones para apoyos administrativos.


text: El 30 de diciembre, una vez revocada la decisión de suspender la organización, el Consejo General acordó reanudar las tareas de organización con un presupuesto de 1503 millones de pesos luego de ajustes presupuestales. A su vez, Córdoba señaló que, de persistir el déficit presupuestario, el INE acudiría a la SHCP, obligada por la determinación del TEPJF a «coadyuvar y propiciar la obtención de todos los elementos, así sea dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para que sea factible garantizar la efectividad del derecho político electoral de participación ciudadana» y, por tanto, a aportar los recursos faltantes. El 7 de enero de 2022, el presidente López Obrador aseguró que le presentaría al INE un plan de austeridad para que el ente pudiera organizar la consulta con los recursos con los que contaba. Finalmente, cinco días después, el INE aprobó solicitar a la SHCP un presupuesto adicional de 1738 millones de pesos para la organización de la consulta, cuyo presupuesto total estimado redujo a 3306.73 millones de pesos, y pidió obtener una respuesta del gobierno antes del 31 de enero. En este sentido, el 5 de enero anterior, la SHCP interpuso ante el TEPJF una demanda de aclaración y una de regularización de procedimiento al considerar que la sentencia que le obligaba a atender las solicitudes presupuestales del ente electoral era «oscura, ambigua e incongruente». No obstante, el tribunal las declaró improcedentes.


text: Poco antes de aprobarse la solicitud de recursos adicionales, el secretario de Gobernación confirmó que había dialogado con Córdova sobre el presupuesto e insistió en que el gobierno trabajaba en una propuesta de recortes de gastos. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó un plan de austeridad con medidas que implicarían ahorros para el INE por 2972 millones de pesos —«nuevo tabulador de sueldos [...] suprimir pagos de gastos médicos mayores [...] ajustes en gastos de operación», entre otros—. No obstante, el organismo rechazó tal propuesta al considerarla inviable y que conduciría a un «austericidio», y detalló imprecisiones, como el número de «plazas con nivel de director de área y niveles superiores», que aseguró «reflejan desconocimiento de la actividad electoral». Al respecto, el secretario de Gobernación adelantó un rechazo a la solicitud del ente electoral al plantear que: «No hay margen en el presupuesto público [para otorgar el aumento presupuestal solicitado]». El presidente López Obrador también rechazó, en su conferencia diaria del 17 de enero, el aumento presupuestal al órgano: «Ya está demostrado que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta [...] Aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero» y afirmó que el mexicano era uno de los organismos electorales más caros del mundo. Esto último lo negó el INE afirmando que cumplía con obligaciones que otros órganos no tenían, como la fiscalización de partidos políticos y campañas, o la emisión de credenciales de elector gratuitas.


text: Según un informe de finales de enero, el INE preveía un ahorro de 479 millones de pesos por la reutilización de material electoral, mientras continuaba a la espera de la respuesta de la SHCP sobre el incremento presupuestal solicitado. En este sentido, el presidente de la Suprema Corte afirmó que el 31 de enero se analizaría el presupuesto del organismo electoral para la organización de la consulta. Finalmente, el último día de enero, la SHCP rechazó la petición del INE al argumentar que: «No es viable jurídicamente otorgar pues en el ejercicio fiscal 2022 aprobado por la Cámara de Diputados no existe la disposición de asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del INE u otorgar excepcionalmente recursos adicionales». El rechazo a esta solicitud se sumó a otras tres ignoradas por la Comisión Federal de Electricidad, en la que se le pedían plantas eléctricas de emergencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se le requería personal de primeros auxilios para la jornada de la consulta, y la SEGOB, en la que se le solicitaba que la impresión de las boletas por parte de los Talleres Gráficos de México fuera gratuita. Ante esto, el INE acusó ante el TEPJF que la secretaría estaría incumpliendo la orden que le había dado el tribunal de hacer «efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía» en la revocación de mandato.


text: El 2 de febrero, la SCJN determinó que el ente electoral llevara «a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado»; también señaló el tribunal que el Congreso de la Unión no tenía la obligación de asignar recursos específicos para la consulta. Por su parte, el TEPJF ratificó el acuerdo con el que el instituto definió su estrategia presupuestal —impugnado por Morena— al recordar que el organismo tiene autonomía presupuestal. Poco después, López Obrador celebró la determinación de la Suprema Corte.


text: El Consejo General del INE aprobó el 4 de febrero la «Convocatoria para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024» —lo que dio inicio formal y legal al ejercicio—, que establecía las bases, etapas y reglas de la consulta, confirmando su fecha de celebración el 10 de abril siguiente. Igualmente, determinaba un periodo de promoción y difusión del ejercicio a partir del «día siguiente de la publicación de la convocatoria en el "Diario Oficial de la Federación", la cual concluirá hasta tres días previos a la fecha de la jornada», así como un periodo de restricción de la propaganda gubernamental del 4 de febrero al 10 de abril. En este sentido, con base en una acción de inconstitucionalidad en la que la Suprema Corte determinó que la difusión era tarea exclusiva del ente electoral, previamente se habían derogado los artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato que permitían a los partidos políticos promover la participación del electorado. Su emisión fue notificada al presidente López Obrador, al TEPJF y a la SCJN:


text: Durante la discusión correspondiente, se aprobó la incorporación del derecho de los ciudadanos a expresar sus puntos de vista sobre el ejercicio, con las restricciones establecidas en la ley. Al respecto, la convocatoria señalaba: «Ninguna otra persona física o moral [además del INE], sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato». En esa ocasión, el consejero presidente Córdova afirmó: «Durante los próximos 63 días, el Instituto Nacional Electoral concentrará sus energías, su tiempo, sus recursos materiales y humanos, así como sus capacidades institucionales en lo que mejor sabe hacer, la organización de un proceso para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía». En el documento también se definían las reglas de participación ciudadana y se fijaba un horario de votación de 08:00 a 18:00 horas, y de 20:00 del 1 de abril a las 18:00 horas del 10 de abril en el caso del voto electrónico para ciudadanos residentes en el extranjero. Por otra parte, se determinaba que los resultados oficiales eran exclusivamente los informados por el INE y, de ser el caso, el Tribunal Electoral.


text: Para la difusión, el instituto planteó inicialmente siete anuncios para radio y televisión, 179 inserciones en medios —162 locales y 17 nacionales—, contenidos específicos para redes sociales, 32 foros estatales de discusión —más dos foros previstos por la ley— y un micrositio con información sobre la consulta. El mismo día, el organismo aprobó modificaciones a sus lineamientos de la consulta; para el número de casillas se emplearían unidades territoriales similares a las empleadas en la consulta popular del 1 de agosto de 2021, lo que implicaría —preliminarmente— una cifra de 57 377 casillas —las 57 077 empleadas para la consulta y trecientas especiales, una por cada distrito electoral—. Retomar las unidades conllevaría un aproximado de dos mil votantes por casilla, más un 10 % adicional si así lo permitía la ubicación, y dos mil papeletas por casilla especial. La ubicación tendría que ser aprobada por las juntas distritales antes del 16 de febrero y, en caso de alguna modificación, informar las direcciones exactas el 3 de marzo. Al momento de emitir la convocatoria, el INE informó que contaba con 1567.4 millones de pesos para la organización, ante la negativa de la SHCP de aportar 1738.9 adicionales solicitados.


text: El 5 de febrero, Córdova indicó que se imprimirían «alrededor de 92 millones de boletas y cada ciudadana y ciudadano va a tener una boleta esperándolo» e insistió: «Si la Revocación de Mandato hoy es posible, lamentablemente disminuida, es gracias a una sola institución, al INE». El mismo día, inició la impartición de talleres a supervisores y capacitadores asistentes electorales —elegidos por los consejos distritales del INE—, encargados de visitar e invitar a los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla, para capacitaciones en torno a la integración de las mesas directivas de casilla. La convocatoria de la consulta se publicó en el "Diario Oficial de la Federación" el 7 de febrero; el día previo, Córdova instó a los políticos a respetar la suspensión de la propaganda gubernamental —únicamente permitiéndose la emisión de campañas relacionadas con educación, salud y protección civil—. El instituto detalló que tal prohibición «es aplicable en todo el territorio nacional, a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a cualquiera de sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)» y que su Comisión de Quejas y Denuncias «podría conocer sobre cualquier irregularidad para dictar, en su caso, las medidas cautelares correspondientes», pero sería el TEPJF «la instancia que resuelva el fondo de las quejas que se llegaran a presentar y determine las sanciones correspondientes».


text: En torno a esas fechas, el ente electoral también anunció la ampliación de la vigencia de las credenciales para votar que perdieron su validez a inicios del 2022; se trataba de 4 492 552 credenciales: 3 919 063 que perderían su vigencia el 11 de abril —después de la jornada de la consulta— y 573 489 el 6 de junio, por tratarse de credenciales pertenecientes a una de las seis entidades con comicios programados para el 5 de junio. Se estimó un costo de 41 millones de pesos para la impresión de las boletas, a cargo de los Talleres Gráficos de México. Por otra parte, poco después de publicarse la convocatoria, el INE contaba con los primeros promocionales para dar a conocer entre la población las características del ejercicio, cuya difusión comenzó el 8 de febrero. Ese mismo día, López Obrador pidió definir los alcances de la restricción de la propaganda gubernamental para definir, entre otras cosas, su comportamiento en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles —prevista para el 21 de marzo—, por lo que Córdova reiteró que implicaba la suspensión de la «difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno y solo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud y protección civil». En este sentido, en esas fechas, la Comisión de Quejas del INE ordenó el retiro temporal de la conferencia presidencial del 2 de febrero, dado que el mandatario había hablado sobre la pregunta que aparecería en la boleta.


text: El 9 de febrero, el organismo electoral publicó en el "Diario Oficial de la Federación" su «Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso de Revocación de Mandato» que explicaba las características del voto a distancia —por correo postal o vía electrónica— de los ciudadanos residentes en el extranjero. Con ello se determinaron dos formas de participación: entrega personal de la boleta en módulos instalados en embajadas o consulados o por medio de una plataforma electrónica —de las 20:00 horas del 1 de abril a las 18:30 horas del 10 de abril—. Para participar, los ciudadanos debían registrarse en la «Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero», con fecha del 26 de marzo para el envío del enlace a tal plataforma, el «Sistema de Voto electrónico por Internet». El mismo día, el INE inició la primera etapa de capacitación de funcionarios de casilla, con lo que 1512 supervisores y 10 557 capacitadores asistentes electorales comenzaron las visitas domiciliarias a los ciudadanos sorteados para invitarles a participar en el ejercicio, luego de que el 8 de febrero concluyeran sus talleres sobres las actividades de integración de las mesas.


text: Tanto el PAN —al considerar que se habían desestimado las irregularidades en la recolección de rúbricas— como Morena —al considerar que el INE contaba con recursos suficientes para instalar 84 mil casillas— impugnaron ante el Tribunal Electoral los lineamientos de la consulta. El 13 de febrero, Córdova adelantó que la impresión de las boletas y otros materiales electorales iniciaría tres días después, luego de la negativa de Talleres Gráficos de México de donar la impresión de las papeletas. En torno a esas fechas, gobernadores de Morena publicaron un desplegado en apoyo al presidente, que el INE ordenó retirar, al considerarlo propaganda gubernamental, a partir de una queja del PAN. Tal como estaba previsto, la impresión de las 94.5 millones de boletas comenzó el 16 de febrero; aunque no en papel seguridad, sí contarían con medidas de seguridad —«microimpresión, impresión invertida, impresión sustituta, imagen latente e impresión invisible»—. Se previó que concluyera la impresión el 10 de marzo siguiente, momento a partir del que iniciaría la distribución de las mismas en todo el país. Por otra parte, partidos opositores prepararon quejas y denuncias por la aparición de vallas publicitarias que llamaban a votar por la permanencia de López Obrador en al menos diez estados. Asimismo, el organismo electoral rechazó la instalación de más casillas incluso pese a recibir más recursos, pues ya se había cruzado «el punto de no retorno».


text: Por su parte, el mismo día del inicio de la impresión de las boletas, el TEPJF validó la convocatoria al ejercicio emitida por el INE, por lo que desestimó los argumentos en contra presentados por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez —sobre la restricción de la propaganda gubernamental—, y el PAN —que pedía completar la revisión de las firmas y aplicar el causal de nulidad de elección por las irregularidades encontradas—. Unos días después, el instituto llevó a cabo la «Jornada Virtual de Registro para Votar desde el Extranjero» con el objetivo de «atender [las] preguntas [de los mexicanos residentes en el extranjero] y explicarles el proceso que deben seguir para poder registrarse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero» y su Comisión de Quejas y Denuncias emitió dos medidas cautelares contra el presidente —por difusión de actividades del 12 y 13 de febrero en su página de internet— y el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado —por un comunicado de apoyo a López Obrador—. Más tarde, el 21 de febrero, el Consejo General del INE aprobó «medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria», con lo que sumó 416.6 millones de pesos de ahorro y reportó un gasto de 1692.5 millones de pesos en total para la organización y celebración de la consulta. Igualmente, modificó los lineamientos del organismo para la consulta «a fin de garantizar la correcta aplicación de los ingresos y egresos por parte de los partidos políticos y de los observadores». En esa misma ocasión, se reportó que de 286 840 personas requeridas como funcionarios de casilla, habían aceptado y eran aptas 267 804, es decir un 93.36 % de integración de las mesas garantizadas, y el ente pidió a Morena respetar la restricción de la propaganda, que los propios legisladores habían aprobado.


text: De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019 de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de México, publicada en octubre de 2019, el 76.5 % de los 1200 encuestados se mostraba muy de acuerdo o de acuerdo con la figura de la revocación de mandato, 1.6 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, 18.6 % en desacuerdo o muy en desacuerdo y 3.3 % no sabía o no contestaba. De acuerdo con la encuesta de "El Financiero" de octubre de 2021 el 59 % de las novecientas personas interrogadas tenían «mucho o algo de interés» en la consulta; en la del mes siguiente se añadió la pregunta «¿A usted qué tanto le interesa la consulta de revocación de mandato?», que un 55 % de los 1002 mexicanos consultados respondió con «Mucho o algo», 42 % con «Poco o nada» y 3 % «No sabe». A finales de enero de 2022, Alejandro Moreno, encargado de encuestas de "El Financiero", planteó que, con base en una encuesta nacional desarrollada el 14 y 15 de enero a quinientas personas, se estimaba en ese momento una tasa de participación probable de entre 15 % y 21 %, siendo más probable la participación de hombres, mayores de cincuenta años y los simpatizantes de Morena.


text: En este sentido, la encuesta de ese periódico del mismo mes, publicada en febrero, estimó un rango de participación probable de entre 16 % —mínimo— y 24 % —máximo—; entre los entrevistados considerados «votantes probables» el apoyo a que López Obrador siguiera en el cargo era de un 72 %. Un sondeo de Consulta Mitofsky de febrero siguiente arrojó que 69.7 % de los consultados —mil personas— deseaba que se llevara a cabo la consulta de revocación, frente a un 25.3 % que lo rechazaba; dentro de quienes aprobaban la gestión del mandatario, el porcentaje que deseaba la realización del ejercicio se elevaba a 84.6 % y el principal motivo señalado era «Para que vuelva a demostrar que la gente lo quiere» —90.8 %—. En contraste, dentro del grupo que desaprobaba al presidente, el rechazo a la celebración de la consulta llegaba al 53.5 % y «Para que se vaya» fue la principal razón de apoyar su realización. A la pregunta «¿Por qué no quisiera que se hiciera el referéndum revocatorio?» un 41.0 % respondió «Porque es muy caro y ya sabemos el resultado» y 38.8 % «Porque no quiero que se vaya».


text: Después de la publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, la organización opositora «Sí por México» llamó a no participar en la eventual consulta de revocación, al considerar que «promovería mayor polarización social y la crispación del ánimo de confrontación del país». En respuesta, el partido Morena interpuso una denuncia contra la organización por «boicotear el proceso de ratificación de nuestro presidente». En este sentido, ese partido promovió el ejercicio desde la recolección de firmas como un proceso de «ratificación», a diferencia de «revocación» como lo estipulaba la Constitución y la Ley Federal. Esa formación política, junto con el PT y el PVEM, se planteó impulsar la consulta con labores de difusión y organización, así como para lograr la participación requerida del 40 % de la lista nominal. A inicios de noviembre, la coalición entre los tres partidos acordó llevar a cabo jornadas de promoción de la consulta, la que asumieron como palanca para la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica en abril de 2022.


text: Por su parte, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la revocación de mandato «nos une en la construcción de un país democrático, y pasa, no solamente por los dichos, sino pasa por las acciones». En contraste, el expresidente Vicente Fox llamó a no dar «ni un voto para su farsa» y afirmó que la insistencia del presidente en la revocación de mandato «en el fondo lo que pretende es destruir la democracia y quedarse en el poder». Un documento del grupo financiero Citibanamex dado a conocer a finales de enero sostenía que «[c]ualquier resultado probable» en la consulta, en la que consideraban era altamente factible una victoria del presidente y una participación por encima del 15 % —pero altamente improbable superior al 40 %—, «favorecería a [López Obrador], aunque todo el ejercicio parece fútil y económicamente contraproducente». A inicios de febrero, desde el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó al presidente y a Morena a «que den marcha atrás en su ánimo de llevar a cabo este proceso y que los recursos se pongan donde se requieren en este momento de crisis, en el tema de salud y en el tema económico». Ya en periodo de restricción de la propaganda gubernamental, Sheinbaum defendió la consulta, por lo que el PAN de Ciudad de México presentó una queja ante el ente electoral.


text: En septiembre de 2021, López Obrador criticó que partidos opositores a su gobierno y parte del sector empresarial se negara a participar en la consulta y, a mediados de octubre, aseguró que, se alcanzara o no el 40 % necesario para ser vinculante, dejaría la presidencia si la mayoría votaba por su salida: «Si la gente dice: ‘No queremos que participe, que continúe [el] presidente’, me voy sin ningún problema; es más, aunque no se llegue al 40 por ciento, [...] porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política [...]», lo que volvió a reiterar a finales de mes: «me voy porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno» y llamó a la población a votar.


text: A inicios de noviembre, la Sala Superior del TEPJF determinó que el presidente López Obrador estaba imposibilitado legalmente para opinar o informar sobre el ejercicio. No obstante, pese a ello, el mandatario volvió a instar a la participación en la consulta en su conferencia del 3 de noviembre: «También aprovecho, porque creo que lo puedo hacer, no lo van a prohibir, pero hay que participar en la revocación del mandato, todo el pueblo [...]». Una vez más, el 1 de diciembre, durante un acto con motivo de su tercer año de gobierno, el presidente llamó a «participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas para poner en práctica el método de la revocación de mandato hasta convertirlo en un hábito democrático». Con tal ejercicio consideró que «vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación. [...] Se le preguntara al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la Presidencia o renuncie».


text: Por este motivo, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió una medida cautelar y ordenó al presidente López Obrador que «se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana». No obstante, el 7 de enero de 2022, el mandatario instó nuevamente a la participación en la consulta: «Aprovecho para invitar a todos, el próximo 10 de abril a votar a la consulta para dejar establecido el método democrático de la revocación de mandato». Veinte días después, interrogado sobre el planteamiento de un ministro de la Suprema Corte sobre recortar la pregunta de la consulta, el presidente sostuvo que «por primera vez se va a aplicar este método de la revocación de mandato, eso es lo que me tiene muy contento, independientemente del resultado, porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático», a la vez que lamentó que los «partidos de oposición no están hablando, no se están definiendo». Más tarde, el 2 de febrero, calificó la pregunta de la consulta de «confusa»: «No se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no».


text: Y al día siguiente afirmó que «la revocación del mandato es ya un hecho, se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional, no se puede violar la Constitución, eso está resuelto». «Revocación del mandato es que el pueblo pone y el pueblo quita, es un derecho y lo que se va a hacer es que cada tres años, de acuerdo con la reforma constitucional, si se cumplen con requisitos», dijo. Igualmente, el 4 de febrero, volvió a llamar a la población y oposición a participar en el ejercicio: «A mí me interesa el proceso democrático, el que dejemos establecido este método democrático y que se convierta en un hábito y que cada tres años si no funcionan [los gobiernos], consulta para que así el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos y espero que los conservadores, los fifís [...] llamen a votar». Ya iniciada la suspensión de propaganda gubernamental, el 11 de febrero, informó y promovió sobre sus programas sociales y, un día después, planteó que «no considero que haya problema, bueno también sobre todo lo que diga el pueblo pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 24».


text: El 15 de febrero, por unanimidad de votos, el TEPJF confirmó un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que pedía al presidente abstenerse de promocionar la consulta. Pese a lo anterior, el 21 de febrero, el mandatario volvió a promocionar sus programas sociales e instó a la participación ciudadana en la consulta: «Lo ideal sería que participáramos todos los ciudadanos porque esto es inédito, es la historia ¿como no lo vamos a perder?». También descartó estar «infringiendo ninguna ley porque no estoy diciendo que se incline la población por una o por otra postura». Un día después, pidió que el 10 de abril «no se manifiesten, que no haya ningún acto de apoyo, que como ciudadanos independientes participen, y el que quiera ser libre lo será».


text: Sobre la legislación de las consultas populares, Mecinas (2021) señaló que el Congreso se centró en «aspectos poco trascendentes: en la pregunta y en el momento» y en si la pregunta debía expresarse como revocación o como continuación de mandato. Además, sostuvo que el porcentaje exigido por la carta magna era muy alto, al tiempo que se «minusvalora la discusión y se constata la ausencia del ciudadano en el debate electoral». Concluyó que el ejercicio de la consulta popular, un instrumento importante para la ciudadanía por «empoderar al ciudadano», porque «pone contra las cuerdas al gobernante» y porque el resultado puede «causarle daño en su imagen o una abolladura a su proyecto [del gobernante]», tal como se planteaba en la ley era uno impulsado por «el ciudadano (con muchos obstáculos), pero en el que su participación se limita luego a la votación».


text: Hernández González (2021) calificó la interrogante planteada en la Ley Federal de «pregunta salomónica», además de «compleja, confusa y ambigua». Por otra parte, detalló que la legislación planteaba una regla que implicaba sumar las firmas recogidas en las diversas peticiones que existieran, con el fin del alcanzar el 3 % requerido y criticó, entre otras cosas, que no se haya establecido un «tope de gastos para el acopio de firmas» o «un catálogo de conductas infractoras y una relación de sanciones», y concluyó que la revocación de mandato «se convirtió en un instrumento que no busca solucionar los problemas ni atender las demandas de la sociedad». Por su parte, Salmorán Villar (2021) señaló que el mecanismo en México «corre el riesgo de convertirse en un ejercicio plebiscitario en manos del gobierno», que podría ser visto como un instrumento «para refrendar la popularidad del presidente entre el electorado, desvirtuando con ello una figura ideada originariamente como una salida institucional para superar la crisis política generada por el descontento de la población hacia la gestión de un mal gobierno».


text: Lara Chagoyán (2022), en el contexto de la inminencia de una decisión de la Suprema Corte sobre la impugnación de la pregunta planteada en la Ley Federal de Revocación de Mandato, sostuvo que la interrogante «no se limita a interrogar al ciudadano mexicano si está o no de acuerdo con que, por pérdida de confianza, se revoque el mandato del presidente del país, sino que cambia el sentido de consulta y lo desvía hacia un ejercicio de aprobación de la gestión del mandatario». En este sentido, afirmó que tal situación escondía la intención de «avivar la llama de la popularidad, afianzar el apoyo de la población hacia el liderazgo del personaje y, naturalmente, anticipar cualquiera de las próximas campañas políticas a favor del partido del presidente», con lo que la pregunta de fondo sería: «¿Verdad que usted está de acuerdo con que el presidente no sufre de ninguna pérdida de confianza, sino que, por el contrario, su popularidad se ha mantenido constante y, por lo tanto, debe terminar su mandato tal y como lo mandan las leyes de este país, y tal y como lo ha decidido el pueblo mediante su voto?» y, por tanto, la intención del legislador es contraria a la figura de revocación; «quienes acudan a responder la pregunta refrenden su apoyo al presidente».


text: Sobre el presupuesto de la consulta, Núñez González (2022) consideró una «contradicción» entre el «discurso gubernamental de la transformación del régimen para abrir el camino al uso regular de la democracia participativa directa» y la «falta de recursos para que las votaciones se realicen con la seriedad y calidad necesarias», además de que plantea como «falsos» los argumentos esgrimidos en contra de la ampliación presupuestal solicitada por el INE.


title: El Cocodrilo (película)

text: El Cocodrilo es una película de terror hispano-argentina que se estrenará en 2022 y protagonizada por Benjamín Vicuña, China Suárez, Javier Bardem, Luis Roberto Guzmán. La cinta gira en torno a un enorme cocodrilo que aterroriza a una localidad en el chaco salteño y a un grupo disfuncional que trata de capturar y asesinar a la criatura. En el Tartagal profundo, Provincia de Salta, el oficial de caza Walter Di Luca (Andrés Calamaro) es atacado por algo que no se ve en el chaco salteño profundo. El gobernador de Salta, Jacinto Casabindo (Luis Roberto Guzmán), el oficial de Pesca y Caza, de origen mapuche, Javier Curanahuel (Benjamín Vicuña), la paleoantropóloga del Museo Argentino de Historia Natural, Irasema Guerrero (China Suárez) y el profesor marroquí amante de los cocodrilos Mohammed Kabbaj (Javier Bardem) van al lago a investigar. Se produce una serie de extraños sucesos que ponen en alerta máxima al grupo, como el descubrimiento de un dedo cortado, una cabeza de alce cortada y la decapitación de Burke, uno de los ayudantes de Jacinto.


title: Jenny Enodd

text: Jenny Enodd (Trondheim, 25 de marzo de 1996) es una deportista noruega que compite en biatlón. Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Biatlón de 2022, oro en el relevo mixto y bronce en la prueba de persecución.


title: Luis Ríos Rodríguez

text: Luis Ríos Rodríguez (Gualaceo, 1855 - 1939) fue un político ecuatoriano y presidente del Consejo Cantonal de Gualaceo. Fue parte de los primeros colonos, llamados así por los indígenas de la zona, que establecieron el pueblo de Limón Indanza.


title: Luis Ríos Rodríguez

text: Fue hijo de Atanasio Ríos Moreno, doctor en jurisprudencia y Emilia Rodríguez. Estudió en el Seminario San Luis de Cuenca. Una vez terminada la secundaria, ingresó en derecho en la Universidad de Cuenca pero, no terminó sus estudios por hacerse cargo de las propiedades de sus padres en Gualaceo.


title: Luis Ríos Rodríguez

text: Se desempeñó como presidente del Consejo Cantonal de Gualaceo, así como Jefe Político del mismo cantón. En 1896, intervino en la batalla de Pangor, en Chimborazo, como parte de la Columna Vega al mando del Coronel Antonio Vega Muñoz.


title: Luis Ríos Rodríguez

text: Contrajo matrimonio en 1882, con Mercedes Marcos Aguilera, proveniente de una notable familia guayaquileña. De este matrimonio nacieron ocho hijos: Emilia, Rosa Elena, Cristina, Celia, Alfonso, Luis, Octavio y Alcibíades.


title: Luis Ríos Rodríguez

text: En 1892 establece en Indanza su hacienda a la que llamó "Las Mercedes" en honor a su esposa. Al río que cruzaba por la hacienda lo bautizó como río Gualaceño, en honor a su ciudad natal. Por la ausencia de una vía de acceso desde Gualaceo hacia Indanza, construyó con sus recursos un camino de herradura.


title: Luis Ríos Rodríguez

text: El I. Municipio de Gualaceo coloca su nombre a una de las principales calles del centro histórico de Gualaceo.


title: Paris Film Critics Awards

text: Paris Film Critics Awards (PFCA) es una asociación de críticos de cine, fundada en 2022. El anuncio de los nominados de la primera ceremonia fue anunciada el 13 de enero de 2022 y se realizará el día 7 de febrero de 2022.


title: Piotr Páshchenko

text: Piotr Petróvich Páshchenko –en ruso, Пётр Петрович Пащенко– (Mezhgore, 10 de enero de 1991) es un deportista ruso que compite en biatlón. Ganó una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Biatlón de 2022, en la prueba de persecución.


title: República de Arauca

text: La República de Arauca fue una entidad separatista efímera que existió entre el 30 de diciembre de 1916 y el 4 de febrero de 1917 en la entonces comisaría de Arauca (hoy departamento), en los Llanos orientales de Colombia.


title: República de Arauca

text: La comisaría de Arauca fue creada en 1911, segregada de la intendencia del Casanare, entonces dependiente del departamento de Boyacá. La creación de esta entidad obedeció a los temores del gobierno central de un evento separatista similar al que había ocurrido en Panamá en 1903. La ciudad de Arauca había sido fundada en 1780 por colonos venezolanos, y al carecer de vías de acceso hacia el interior de Colombia, dependía fuertemente del comercio con el país vecino. Además, durante la Guerra de los Mil días, el dictador venezolano Cipriano Castro había restringido la navegación por el río Arauca, lo que había dañado severamente la economía de la región.


title: República de Arauca

text: Sin embargo, la creación de la comisaría solo trajo conflictos entre la población local (mayoritariamente liberal) y los funcionarios enviados por el gobierno conservador, caracterizados por su ineptitud y corrupción. A esto se sumó el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, que redujo de forma notable la demanda de plumas de garza, el principal producto de exportación que tenía Arauca.


title: República de Arauca

text: La República de Arauca fue declarada tras el triunfo de La Humbertera, una revuelta popular protagonizada por el liberal santandereano Humberto Gómez (llamado después El Amo de Arauca).


title: República de Arauca

text: En la madrugada del 30 de diciembre, Gómez y treinta y siete hombres cruzaron el río Arauca desde Venezuela, reduciendo a la guarnición que protegía la ciudad. Trece militares colombianos perecieron en el combate, entre ellos el comisario de Arauca, general Esteban Escallón.


title: República de Arauca

text: Una vez al mando, Gómez ordenó saquear el tesoro público y quemar los archivos de la comisaría y el juzgado; los militares fueron tomados como prisioneros, y se exigió el pago de un rescate por las personalidades de la ciudad.


title: República de Arauca

text: En su proclama, el nuevo líder invocó como causa el abandono de la región por parte del gobierno central y la necesidad de derrocar el orden conservador. Para ganar adeptos, se anunció que la República de Arauca solo era un episodio dentro de una revuelta liberal que estaba ocurriendo a escala nacional.


title: República de Arauca

text: Las noticias de la toma llegaron a Bogotá cinco días después, y el 9 de enero el presidente José Vicente Concha declaró el estado de sitio en la comisaría, enviando a dos contingentes de policía a sofocar la revuelta. El primer contingente arribó a Arauca el día 9 de febrero, pero Gómez había abandonado la ciudad el día 4, concluyendo definitivamente la existencia de la República de Arauca.


title: República de Arauca

text: No obstante, las tropas emprendieron labores de persecución, durante las cuales se presentaron una serie de abusos de autoridad, incluyendo varias ejecuciones extrajudiciales.


title: República de Arauca

text: Gómez escapó hacia Venezuela, pero algunos de sus colaboradores fueron capturados y juzgados en mayo de 1917.


title: República de Arauca

text: El affaire Arauca, como fue conocido entonces, fue usado por la prensa del Partido Liberal para criticar la inoperancia de los conservadores para preservar la unidad nacional y su complicidad en las atrocidades cometidas por los militares durante la retoma a la comisaría.


title: República de Arauca

text: Aunque este tramo de la frontera fue demarcado poco tiempo después, neutralizando cualquier posibilidad de una anexión por parte de Venezuela, el caos de este periodo y la violenta respuesta gubernamental son frecuentemente citados como un antecedente de los sangrientos episodios de La Violencia en esta parte de Colombia.


Los Premios de la Sociedad de Decoradores de Estados Unidos (en inglés: "Set Decorators Society of America") son premios que honran a los mejores decoradores de escenarios en cine y televisión. Los SDSA Film Awards inaugurales se llevaron a cabo el 31 de marzo de 2021 y las nominaciones se anunciaron el 11 de marzo de 2021.  Los primeros SDSA Television Awards se llevaron a cabo el 30 de julio de 2021 y las nominaciones se dieron a conocer el 16 de junio de 2021.


title: Helen Barnes

text: Helen Gertrude Barnes (5 de julio de 1895 - 1 de junio de 1925) fue una actriz y chica de las Ziegfeld Follies estadounidense, quién trabajo en comedias musicales.


title: Helen Barnes

text: Helen Gertrude Barnes nació el 5 de julio de 1895 en Shelton, Connecticut, siendo hija de William y Anna Barnes. Su padre provenía de Pensilvania y mantuvo a su familia trabajando como jornalero y luego como vendedor de máquinas de escribir. La madre de Barnes nació en Inglaterra siendo hija de padres escoceses y había llegado a Estados Unidos, presumiblemente con sus padres, alrededor de los dos años. William y Anna se casaron en 1894 y en julio de 1896 pudieron completar su familia con el nacimiento de su segunda hija, Ruth. Después de que Ruth naciera, la familia de Barnes se mudó a Washington D.C.  Comenzó su carrera cuando tenía 19 años trabajando como miembro del coro en el musical de Broadway de 1914/15 "Watch Your Step" en el Teatro New Amsterdam. En mayo de 1915, Barnes comenzó a trabajar en una asociación de cuatro años con Florenz Ziegfeld, Jr. como intérprete en sus espectáculos anuales de Ziegfeld Follies. Más tarde, en 1915, Barnes interpretó a Lotta Nichols en la comedia musical "Stop! Look! Listen!" durante su carrera de 4 meses en el Teatro Globe.


title: Helen Barnes

text: Un crítico del The New York Times escribió en una reseña del 14 de mayo de 1918 sobre la obra "The Squab Farm" de Frederic Hatton y Fanny Hatton, diciendo que Helen Barnes parecía ser el "pichón favorito de la audiencia". La obra, que era una sátira que comparaba un escenario cinematográfico con un corral, se representó en el Teatro Bijou y Barnes interpretó a Hortense Hogan. "The Squab Farm" cerró después de 4 semanas y tenía entre sus miembros del reparto a Tallulah Bankhead, quién tenía 16 años.


title: Helen Barnes

text: Barnes interpretó a Georgie Van Alstyne en "Oh, My Dear!" (1918/19); Rhy Mac Donald en "The Five Million" (1919); Myrtilla Marne en "An Innocent Idea" (1920); y Tillie en "Ladies' Night" (1920/21).